El Partido Popular vuelve a centrar su ofensiva contra el Gobierno y el PSOE en las calles sin descuidar la batalla que ya viene librando en las instituciones. Los populares pretenden aunar el descontento social para, según dicen, constatar su "mayoría social" en las calles, frente a las dificultades del Ejecutivo para articular una mayoría parlamentaria. Esta estrategia se va a sumar a una ofensiva parlamentaria para que Pedro Sánchez, así como la vicepresidenta María Jesús Montero y los ministros Félix Bolaños y Margarita Robles "rindan cuentas" en el Congreso, y expliquen su grado de implicación sobre los hechos que han llevado a la cárcel a José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán.
Este es el plan que marcó Alberto Núñez Feijóo el pasado jueves, tras el encarcelamiento de Ábalos, cuando declaró que la concentración del domingo no era la primera que convocaba y tampoco iba a ser la última. Una táctica que ha rematado este lunes el secretario general del partido, Miguel Tellado, quien desde Génova ha asegurado que van a "combatir" y lo van a hacer "en las calles", al mismo tiempo que ha incidido en que también están dispuestos a "plantar cara en las instituciones".
De esta manera, el Grupo Popular ha registrado cuatro comparecencias en la Cámara Baja, las de Sánchez, Montero, Bolaños y Robles; y una batería de más de una decena de preguntas escritas dirigidas al Gobierno para que éste responda sobre si el jefe del Ejecutivo "ordenó o sugirió ofrecer lo que fuera necesario" a Ábalos a cambio de su "silencio". En primer lugar, los populares quieren que Sánchez comparezca "de manera urgente" en el Pleno para que explique qué sabía sobre los hechos que han desencadenado la entrada en la cárcel "de forma consecutiva de tres de sus principales colabores".
En esta ofensiva parlamentaria, los populares también reclaman la comparecencia de María Jesús Montero, con la intención de que informe sobre la tramitación del expediente de rescate de Air Europa, así como de las "presuntas contraprestaciones que pudieran haber sido recibidas por miembros del Gobierno o el entorno de los mismos". Del mismo modo, se ha registrado la comparecencia de Félix Bolaños para que explique en la comisión correspondiente el "anómalo conocimiento y utilización por parte del Gobierno" de información reservada sobre las diligencias de investigación iniciadas por el Ministerio Fiscal, y su "presunta negligente revelación desde la Presidencia del Gobierno a afectados por las mismas, como el exministro Ábalos".
Los populares también le exigen a la ministra Margarita Robles que clarifique la presunta utilización de recursos del CNI para la elaboración de informes y expedientes sobre miembros del Gobierno destinados a "las luchas internas de poder para preservar el puesto" de la actual ministra. Por último, en cuanto a las preguntas registradas, el PP quiere que el Ejecutivo aclare por qué Ábalos "señala directamente a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez como implicada en el rescate", y qué papel tuvo en su materialización para que se le quisiera "compensar el buen trato dado a los Hidalgo, según Koldo García”. También se pregunta si puede el presidente del Gobierno afirmar "de forma categórica" que su esposa nunca le planteó la situación de la compañía o le trasladó la "inquietud" de los Hidalgo, entre otras.
Una "mayoría social" en las calles
Por otro lado, toda esta serie de iniciativas parlamentarias se sumarán a la decisión de convocar más concentraciones si las investigaciones judiciales o periodísticas siguen revelando información comprometedora del Partido Socialista o el entorno de Pedro Sánchez, ya sea de sus antiguos colaboradores en el partido, o bien de su mujer o su hermano. De este modo, la intención de los populares es proyectar una "mayoría social" que constate la debilidad del Gobierno, no sólo en el Congreso sino también entre la ciudadanía.
El objetivo del PP, tal y como insistió Feijóo en la concentración del domingo, es la convocatoria de unas elecciones anticipadas para "dar la voz a los españoles". No obstante, en lo que llegan esas elecciones ya sea de forma anticipada o en 2027, los populares pretenden aunar el descontento social por la corrupción que rodea al Ejecutivo en la calle, y prevén convocar más concentraciones ante la posibilidad de que la gravedad de los hechos siga escalando.
En este sentido, los de Feijóo siguen muy de cerca las investigaciones que está llevando a cabo la Audiencia Nacional sobre las finanzas del PSOE, ya que la pasada semana solicitó al partido que entregara "la relación de pagos en metálico efectuados y documentos en los que se soportan los mismos", durante el período que abarca desde 2017 hasta el 2024. Es decir, los años en los que Pedro Sánchez ha estado al frente del Partido Socialista.
Unas pesquisas que agrandan la sospecha de financiación irregular en el PSOE, una de las célebres 'líneas rojas' que los socios del Gobierno establecieron a la hora de seguir manteniendo su apoyo al Ejecutivo, y que pueden ser uno de los principales argumentos con el que el PP trate de recabar sus apoyos para sacar adelante una moción de censura. El pasado fin de semana, Feijóo se refirió en varias ocasiones a los socios, primero en Barcelona el viernes, ante la patronal catalana, apelando a Junts y ERC; y posteriormente a los posconvergentes y al PNV en Burgos el sábado. "Ya se han convertido en socios de la corrupción. Si, queridos amigos catalanes y vascos, están con la decencia, dejen que se convoquen elecciones en España", pronunció el líder del PP, para que los partidos independentistas apoyaran una moción de censura contra Sánchez.
Por el momento, Junts ha roto los puentes con el Gobierno, pero tampoco los levanta con el PP. "No debe pedir ayuda a los empesarios catalanes, sino perdón", respondió el secretario general de Junts, Jordi Turull, a Feijóo, al mismo tiempo que tachaba de "osadía" el llamamiento del presidente popular a su partido para conseguir sus votos en una hipotética moción de censura. Por su parte, las relaciones entre los jeltzales y los populares siguen bastante tensas tras la 'no investidura' de Feijóo en 2023, pero su presidente, Aitor Esteban, advirtió que si él fuera Pedro Sánchez, "iría pensando en cómo y cuándo convocar elecciones".
Este es el plan que marcó Alberto Núñez Feijóo el pasado jueves, tras el encarcelamiento de Ábalos, cuando declaró que la concentración del domingo no era la primera que convocaba y tampoco iba a ser la última. Una táctica que ha rematado este lunes el secretario general del partido, Miguel Tellado, quien desde Génova ha asegurado que van a "combatir" y lo van a hacer "en las calles", al mismo tiempo que ha incidido en que también están dispuestos a "plantar cara en las instituciones".
De esta manera, el Grupo Popular ha registrado cuatro comparecencias en la Cámara Baja, las de Sánchez, Montero, Bolaños y Robles; y una batería de más de una decena de preguntas escritas dirigidas al Gobierno para que éste responda sobre si el jefe del Ejecutivo "ordenó o sugirió ofrecer lo que fuera necesario" a Ábalos a cambio de su "silencio". En primer lugar, los populares quieren que Sánchez comparezca "de manera urgente" en el Pleno para que explique qué sabía sobre los hechos que han desencadenado la entrada en la cárcel "de forma consecutiva de tres de sus principales colabores".
En esta ofensiva parlamentaria, los populares también reclaman la comparecencia de María Jesús Montero, con la intención de que informe sobre la tramitación del expediente de rescate de Air Europa, así como de las "presuntas contraprestaciones que pudieran haber sido recibidas por miembros del Gobierno o el entorno de los mismos". Del mismo modo, se ha registrado la comparecencia de Félix Bolaños para que explique en la comisión correspondiente el "anómalo conocimiento y utilización por parte del Gobierno" de información reservada sobre las diligencias de investigación iniciadas por el Ministerio Fiscal, y su "presunta negligente revelación desde la Presidencia del Gobierno a afectados por las mismas, como el exministro Ábalos".
Los populares también le exigen a la ministra Margarita Robles que clarifique la presunta utilización de recursos del CNI para la elaboración de informes y expedientes sobre miembros del Gobierno destinados a "las luchas internas de poder para preservar el puesto" de la actual ministra. Por último, en cuanto a las preguntas registradas, el PP quiere que el Ejecutivo aclare por qué Ábalos "señala directamente a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez como implicada en el rescate", y qué papel tuvo en su materialización para que se le quisiera "compensar el buen trato dado a los Hidalgo, según Koldo García”. También se pregunta si puede el presidente del Gobierno afirmar "de forma categórica" que su esposa nunca le planteó la situación de la compañía o le trasladó la "inquietud" de los Hidalgo, entre otras.
Una "mayoría social" en las calles
Por otro lado, toda esta serie de iniciativas parlamentarias se sumarán a la decisión de convocar más concentraciones si las investigaciones judiciales o periodísticas siguen revelando información comprometedora del Partido Socialista o el entorno de Pedro Sánchez, ya sea de sus antiguos colaboradores en el partido, o bien de su mujer o su hermano. De este modo, la intención de los populares es proyectar una "mayoría social" que constate la debilidad del Gobierno, no sólo en el Congreso sino también entre la ciudadanía.
El objetivo del PP, tal y como insistió Feijóo en la concentración del domingo, es la convocatoria de unas elecciones anticipadas para "dar la voz a los españoles". No obstante, en lo que llegan esas elecciones ya sea de forma anticipada o en 2027, los populares pretenden aunar el descontento social por la corrupción que rodea al Ejecutivo en la calle, y prevén convocar más concentraciones ante la posibilidad de que la gravedad de los hechos siga escalando.
En este sentido, los de Feijóo siguen muy de cerca las investigaciones que está llevando a cabo la Audiencia Nacional sobre las finanzas del PSOE, ya que la pasada semana solicitó al partido que entregara "la relación de pagos en metálico efectuados y documentos en los que se soportan los mismos", durante el período que abarca desde 2017 hasta el 2024. Es decir, los años en los que Pedro Sánchez ha estado al frente del Partido Socialista.
Unas pesquisas que agrandan la sospecha de financiación irregular en el PSOE, una de las célebres 'líneas rojas' que los socios del Gobierno establecieron a la hora de seguir manteniendo su apoyo al Ejecutivo, y que pueden ser uno de los principales argumentos con el que el PP trate de recabar sus apoyos para sacar adelante una moción de censura. El pasado fin de semana, Feijóo se refirió en varias ocasiones a los socios, primero en Barcelona el viernes, ante la patronal catalana, apelando a Junts y ERC; y posteriormente a los posconvergentes y al PNV en Burgos el sábado. "Ya se han convertido en socios de la corrupción. Si, queridos amigos catalanes y vascos, están con la decencia, dejen que se convoquen elecciones en España", pronunció el líder del PP, para que los partidos independentistas apoyaran una moción de censura contra Sánchez.
Por el momento, Junts ha roto los puentes con el Gobierno, pero tampoco los levanta con el PP. "No debe pedir ayuda a los empesarios catalanes, sino perdón", respondió el secretario general de Junts, Jordi Turull, a Feijóo, al mismo tiempo que tachaba de "osadía" el llamamiento del presidente popular a su partido para conseguir sus votos en una hipotética moción de censura. Por su parte, las relaciones entre los jeltzales y los populares siguen bastante tensas tras la 'no investidura' de Feijóo en 2023, pero su presidente, Aitor Esteban, advirtió que si él fuera Pedro Sánchez, "iría pensando en cómo y cuándo convocar elecciones".