El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, junto a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González. EP
Política El PP exige la comparecencia de Marlaska y la directora de la Guardia Civil por la trama del PSOE para boicotear a la JusticiaLos populares denuncian una "persecución" del Gobierno, usando ascensos, expedientes y filtraciones para desactivar a los mandos de la UCO que investigaban al PSOE.
Más información:Leire aseguró que informaba a la actual directora de la Guardia Civil de sus ataques a la UCO: "Los de arriba les tienen ganas".
Alberto D. Prieto Publicada 31 mayo 2026 02:32h Las clavesLas claves Generado con IA
El PP ha movido ficha al límite después de que los investigadores de la UCO registraran la sede del PSOE en Ferraz, el pasado miércoles, y entraran a practicar requerimientos e interrogatorios en la propia Dirección General de la Guardia Civil.
El Grupo Popular registró en la tarde del mismo día dos peticiones de comparecencia urgente en el Congreso, a las que ha tenido acceso este periódico: una para el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y otra para la directora del Instituto Armado, Mercedes González.
Los populares quieren que ambos den la cara en la Comisión de Interior para explicar por qué el cuerpo de élite de la Guardia Civil tuvo que acudir a su cúpula para reclamar documentación en el marco de la investigación del juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional, sobre la presunta trama del PSOE para boicotear a la Justicia.
En el escrito, firmado por la portavoz Ester Muñoz, el PP subraya lo que esa misma mañana era un clamor en la Cámara Baja: que nadie sabía de inicio por cuál de las "distintas investigaciones sobre presuntos casos de corrupción que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez y al PSOE" se había ordenado la operación.
La dirección de Alberto Núñez Feijóoconsidera que el mero hecho de que la UCO haya tenido que pedir papeles en la casa del propio mando político y operativo de la Guardia Civil dispara la alarma institucional.
Sánchez minimiza la entrada de la UCO en Ferraz y sostiene que "estas investigaciones" por corrupción "no impugnan los éxitos de este Gobierno"Por eso exige que Marlaska aclare si Interior conocía el alcance de la investigación y qué ha hecho desde que supo que el foco llegaba hasta la cúpula del cuerpo.
En paralelo, Génova lleva días afinando un discurso que pivota sobre la idea de una "persecución" interna contra los guardias civiles que han seguido las pistas que incomodaban al Gobierno.
"Se les estaba torpedeando la carrera", resumen fuentes del grupo parlamentario para referirse a ceses, expedientes a unos para extorsionarlos, y ascensos exprés a otros para sobornarlos, según los populares, que han afectado a la UCO en los últimos meses.
Esas mismas fuentes sostienen que el Ejecutivo ha desplegado "distintas estrategias para desprestigiar y debilitar a la UCO y a los agentes que están destapando e investigando por orden judicial las tramas corruptas del partido socialista".
Apuntan a movimientos en el escalafón, a la apertura de investigaciones reservadas y a campañas de desgaste mediático contra mandos muy concretos de la unidad anticorrupción.
Los populares sostienen que la operación ordenada por el juez Pedraz confirma ahora lo que venían denunciando desde hace tiempo. "Si la UCO ha tenido que entrar en la dirección de la Guardia Civil es que el problema ya está dentro del sistema", remachan en privado dirigentes del PP.
El 'caso SEPI'
El pasado miércoles la UCO se presentó a primera hora en la sede central del PSOE en la calle Ferraz de Madrid para requerir documentación y archivos informáticos ligados al llamado caso Fontanera o ya incluso, según lo incluido en el auto, el caso SEPI.
La orden judicial contemplaba, además, la posibilidad de registrar las dependencias del partido si no se atendía el requerimiento, lo que se tradujo en 12 horas de presencia de los agentes en la casa central del socialismo.
La gerente del PSOE, investigada por la presunta financiación de la trama de Leire: la UCO entra en FerrazEn paralelo al foco mediático sobre Ferraz, el operativo se extendió a la propia Dirección General de la Guardia Civil. Allí, los agentes acudieron también para recabar expedientes, comunicaciones y otros documentos que podrían acreditar presiones, filtraciones o maniobras internas contra las investigaciones más delicadas.
Según fuentes conocedoras de la operación, la entrada en el edificio de Guzmán el Bueno fue dirigida por el coronel Antonio Balas, uno de los mandos de referencia de la UCO en las grandes causas de corrupción.
Balas es precisamente el oficial al que Leire Díez llegó a decir que quería "muerto", en una de las grabaciones incorporadas al sumario de la investigación. En ese audio, la fontanera se dirigía a Alejandro Hamlyn, dueño de Hafesa y detenido por fraude de combustible en 2019, para pedirle información sobre Balas.
"Si Balas está muerto, mejor", afirmó la fontanera de Cerdán. "Con una cosa que te dé, ya está", continuó Díez antes de confirmar su objetivo en aquella reunión en la que también estaba presente otro de los imputados, el abogado Jacobo Teijelo.
Esas palabras, grabadas en el marco de la trama de contratos y facturas falsas forjadas supuestamente por la gerente del PSOE, Ana Fuentes, simbolizan para los populares el grado de enfrentamiento que la red habría mantenido con la unidad anticorrupción.
Controlada por Santos Cerdán, entonces secretario de Organización del PSOE, Leire Díez arremetía así contra Balas en una de las reuniones que cita el sumario como maniobras para desacreditar a jueces, fiscales y mandos policiales que incomodaban a Ferraz.
Expedientes y ascensos
La mirada se dirige ahora a las decisiones tomadas en la cúpula de Interior y de la Guardia Civil en los últimos años respecto a la UCO.
Los populares recuerdan ascensos acelerados que sacaron de la unidad a mandos incómodos, así como cambios orgánicos que, a su juicio, buscaban "desactivar" las investigaciones sobre el entorno de Sánchez.
El PP anuncia una "ofensiva total" en la comisión de la SEPI y pedirá que comparezca Escrivá por el 'caso Plus Ultra'A esa secuencia se suman los expedientes abiertos a varios guardias civiles que participaron en causas sensibles para el Gobierno. Entre ellos, agentes que investigaban negocios y movimientos patrimoniales que podían afectar directamente al PSOE o a la familia del presidente.
En Génova sospechan que esas actuaciones disciplinarias no respondían a criterios profesionales, sino a instrucciones políticas para frenar o condicionar las pesquisas.
Por eso quieren que la directora de la Guardia Civil detalle en sede parlamentaria quién ordenó abrir los expedientes, con qué informes previos y en qué momento del calendario judicial.
El PP también reclama a Marlaska que aclare si desde Interior se trasladaron quejas, presiones o advertencias a los mandos de la UCO por informes que afectaban a dirigentes socialistas.
En el entorno de Feijóo se insiste en que la ofensiva busca limpiar lo que definen como "uso partidista" del cuerpo por parte del Gobierno. "Lo que está en juego es si se ha utilizado al Ministerio del Interior para atacar a quienes investigaban la corrupción del PSOE", resumen fuentes parlamentarias.
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