- IÑAKI GARAY
Es francamente difícil pensar que los tribunales españoles y el propio Tribunal Constitucional que consideraron como prueba válida la lista Falciani, que identificaba a cientos de contribuyentes con estructuras de evasión fiscal vayan ahora a decretar ilegales las pruebas que involucran a José Luis Rodríguez Zapatero por considerar que hay un defecto de origen, como pide el abogado del expresidente.
Si en el caso de la lista se consideró que la prueba era válida (lo consideraron casi todos los países salvo Suiza) a pesar de que Hervé Falciani la había robado del banco HSBC de Suiza, caben escasas posibilidades de que se anulen las pruebas obtenidas contra Zapatero por el clonado legal del teléfono móvil de Rodolfo Reyes, principal accionista de Plus Ultra. Sobre todo, hay que resaltarlo de nuevo por si alguien no se ha enterado, porque Falciani obtuvo de manera claramente ilegal la lista mientras que el teléfono de Reyes fue volcado en el marco de las competencias que tienen las autoridades norteamericanas.
Pretender que una información que fue obtenida ilegalmente en Suiza pueda usarse sin problema en España y que una que fue obtenida legalmente en Estados Unidos no pueda ser utilizada en España rompe cualquier esquema de razonamiento lógico. ¿Se imaginan que en el clonado del teléfono de un ciudadano que puede tener información interesante para numerosos países los funcionarios norteamericanos tuvieran que abrir previamente un protocolo con cada uno de ellos para que las pruebas no quedaran inutilizadas?
Con semejante dosis de burocracia transfronteriza la colaboración internacional contra el crimen organizado quedaría en agua de borrajas y totalmente desactivada. Creo que no es ese el espíritu. El intento de Zapatero y de su abogado, el procesalista Víctor Moreno Catena, de atacar las formas y no el fondo del asunto, además de ser en principio cuestionable por todo lo dicho hasta ahora, destroza de entrada y para siempre la reputación del expresidente.
Si se llegara a anular esa prueba, cosa poco probable, la sospecha de culpabilidad va a pesar para el resto de los días sobre Zapatero, que quedará políticamente abrasado si no lo está ya. Todo lo que no pase por dar explicaciones creíbles que demuestren su inocencia le condena a vagar por el purgatorio de la historia. Curiosamente en temas como este es cuando las incoherencias ideológicas se hacen más evidentes.
Por ejemplo, muchos de los que hoy en la calle desean con todas sus fuerzas por pura simpatía ideológica que la prueba contra el expresidente socialista sea desestimada por cuestión de procedimiento, admitieron sin reservas de ningún tipo e incluso celebraron el uso por los tribunales de la lista Falciani, simplemente porque servía para destapar a defraudadores.
Esos mismos deberían saber que el ponente de la sentencia del Tribunal Supremo que avaló sin reservas el uso de esa lista Falciani fue el magistrado del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, uno de los más señalados desde el Gobierno y la izquierda, pero solo cuando le toca juzgar a alguien de ese espectro.
Pocos de los que recelan políticamente de Marchena por ser miembro del Tribunal Supremo que ha condenado a José Luis Ábalos a 24 años recuerdan que formaba parte de los tribunales que condenaron a miembros del PP, como por ejemplo en Gurtel, o al exministro popular Jaume Matas, por tráfico de influencias en el caso Palma Arena.
En el asunto de la lista Falciani, Marchena y luego el Constitucional entendieron que en la obtención de la prueba no se habían vulnerado derechos fundamentales. Entre las razones exhibidas para admitirla se valoraron temas como el interés público.
Si queremos que la Justicia sea igual para todos y ponga énfasis en el qué y no en el quién habrá que admitir en esta ocasión sin reservas la prueba que incrimina a Zapatero. Es un simple ejercicio de coherencia intelectual que debemos hacer todos para no caer en la tentación de reclamar una Justicia solo a nuestra medida. Para reclamar una Justicia para todos.
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