Las investigaciones de Moreno y Pedraz confluyen en la gerencia socialista, los pagos y la logística de Leire Díez
Regala esta noticia Añádenos en Google Imagen de la sede socialista de Ferraz durante el 'registro' de la UCO el pasado 27 de mayo. (Gabriel Luengas) 30/08/2026 a las 00:09h.En Ferraz contienen la respiración por partida doble. La caja central es el talón de Aquiles y la dirección afronta la vuelta de vacaciones a ... la espera de dos investigaciones que han abierto en canal sus cuentas y del levantamiento del secreto de ambas causas de la Audiencia Nacional.
Primero aparecieron fotos de sobres con el logotipo del PSOE en los teléfonos de Ábalos y Koldo. Después, facturas, nóminas de 4.000 euros, abogados y billetes de avión con los que Ferraz habría sostenido la red de Díez. La documentación oculta puede convertir la caja en el principal problema.
El magistrado Ismael Moreno investiga los pagos en metálico de Ferraz y Santiago Pedraz, la financiación de Díez. Ninguno ha imputado al PSOE por financiación ilegal ni declarado caja B, según la cúpula. Las pesquisas se rozan en Ferraz, la gerencia, la etapa de Cerdán en Organización y una franja decisiva. Celia Rodríguez gestionó los sobres de Ábalos y Koldo y después viajes y reservas de Leire.
El exgerente del PSOE admitió que Ábalos «se autorizaba» los gastos de Organización y que él sólo «ojeaba la liquidación»
La novedad refuerza ese eje económico. Arturo Zamarriego, el juez de Madrid que investigaba a Díez, Javier Pérez Dolset y Pere Rusiñol, se ha inhibido en favor de Pedraz porque ambas causas aparecen «indisolublemente unidas». Entre las razones para concentrarlas cita la necesidad de «averiguar la titularidad del dinero recibido por Leire Díez». El rastro del dinero queda así centralizado en la Audiencia Nacional.
Octubre de 2025
La grieta de la primera causa se abrió en octubre de 2025. El informe patrimonial de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) sobre Ábalos detectó pagos sin «respaldo documental» y sobres destinados al exministro y a Koldo. Leopoldo Puente, magistrado del Supremo que instruyó el caso mascarillas, concluyó que Ferraz y su exgerente Mariano Moreno Pavón no explicaban el origen del efectivo ni cómo Koldo, sin cargo orgánico, cobraba gastos de terceros. Moreno abrió la causa el 6 de noviembre por posibles conductas de blanqueo, un eventual desfalco al partido y «otras irregularidades».
El 26 de noviembre empezó el striptease. Moreno ordenó entregar todos los pagos en metálico de 2017 a 2024, «con independencia del destinatario», y sus justificantes. La orden alcanzaba cargos, trabajadores, militantes, simpatizantes, voluntarios y proveedores. La UCO debía rastrear «cualquier mensaje o documento» sobre esas entregas en las evidencias digitales clonadas del caso Koldo.
Ferraz entregó el 16 de diciembre un pendrive con ocho años de pagos de comidas, hoteles, gasolina, kilometraje, facturas y tiques. Los libros cifran el efectivo en 940.388 euros. Al día siguiente, Moreno blindó la documentación por la «especial naturaleza» y la «gravedad» de los hechos. El PSOE atribuye casi todo al BBVA; solo 7.283 euros eran ingresos atípicos: ventas de merchandising y chatarra o un premio de lotería. El contenido y el análisis siguen bajo secreto.
Mariano Moreno, gerente socialista entre 2017 y 2021, declaró como testigo el 29 de octubre de 2025 y el 22 de abril de 2026. Admitió que Ábalos «se autorizaba» los gastos de Organización y que su supervisión era «ojear visualmente la liquidación». Defendió que llevaban recibos, pero la abogada de Koldo mostró hojas sin fecha ni concepto, tampoco aportadas al Tribunal de Cuentas. Dijo que las desconocía.
Tampoco cerró el enigma de las «txistorras», la clave de Koldo para los billetes de 500 euros. Moreno aseguró que Ferraz no pedía billetes de 500, 200 o 100. Si el BBVA no los suministraba y el partido niega haberlos entregado, falta saber de dónde salieron. La auditoría descartó caja B, pero retrató una caja permisiva: recibos de la suegra de Ábalos, un menú de 332 euros, comidas navideñas y cenas simultáneas.
El secreto incluye a Víctor de Aldama, empresario condenado en el caso mascarillas y colaborador de la Justicia. Pedraz remitió a Moreno las declaraciones de Carmen Pano y Álvaro Gallego, chófer de Aldama, sobre dos entregas de 45.000 euros en Ferraz en octubre de 2020. Gallego vio una bolsa con fajos de billetes de 50 euros. Pano afirmó que actuó por orden de Aldama, que lo negó.
Segunda investigación
La segunda investigación sigue un dinero mucho más vestido. Pedraz investiga si el PSOE puso su «infraestructura logística y financiera» al servicio de Leire desde abril de 2024. La UCO ha trazado 43.225 euros de origen socialista para Díez: 27.225 mediante Oliver Gruppe, sociedad de Ismael Oliver, y 16.000 en cuatro nóminas de Zaño. La consultora de Gaspar Zarrías facturaba al PSOE 7.500 euros más IVA al mes, casi el coste de Leire.
Está el circuito de Jacobo Teijelo, abogado de la operativa. Facturó al partido 125.000 euros sin IVA y la causa conserva una nota de encargo firmada por la gerente. Un mensaje de Leire a Cerdán revela la urgencia: «Necesito que me firméis esto para que me mande la factura». Después explicó: «Necesito pagarle a Jacobo y que él le dé como dijimos». El PSOE respondió que no había contratado a Teijelo y que el abogado no le prestó asesoramiento. Pedraz investiga si sus honorarios encubrieron la continuación de los pagos mensuales a Díez.
El sumario añade 20.000 euros a Crónica Libre, viajes, coches, aparcamientos y 353 mensajes. El auto de 30 de julio que abrió la pieza económica deja claro por qué Pedraz quiere todas las cuentas: la UCO sostiene que todavía no puede saberse si determinadas facturas fueron abonadas en las cuentas identificadas ni cuál fue «el destino final de los fondos». El juez autorizó cruces bancarios porque hay pagos «solo parcialmente justificados».
Ferraz se abrió dos veces: en diciembre, con el volcado de su caja, y el 27 de mayo, cuando la UCO pasó 14 horas en la sede
Ferraz se abrió dos veces: en diciembre, con el volcado de su caja, y el 27 de mayo, cuando la UCO pasó catorce horas en la sede. El «requerimiento» acabó en el sótano tercero, bajo llave, entre siete cajas, dos contenedores, agendas de Cerdán, un MacBook, dos discos duros de cinco terabytes y una carpeta de Oliver Abogados. Los agentes reclamaron libros contables, contratos, facturas, correos, registros de visitas e identidad de quienes autorizaron cada pago.
Ana María Fuente Pacheco, actual gerente del PSOE, está citada como investigada el 9 de septiembre por su presunta intervención en las «facturas mendaces». Pedraz ha abierto una pieza económica y librado mandamientos a una docena de bancos para reconstruir el recorrido completo del dinero. Moreno, mientras tanto, sigue sin dar una sola pista de lo que contiene su delicadísima investigación.
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