De nuevo, los pagos realizados por Ferraz se sitúan en el ojo de huracán. La causa de las cloacas del PSOE ha puesto de relieve que la formación de Pedro Sánchez pagó presuntamente a la denominada como fontanera, la ex militante Leire Díez, 4.000 euros mensuales a cambio de obstaculizar las causas de corrupción que afectan al partido, al Gobierno y a la familia del jefe del Ejecutivo, según consta en la investigación llevada a cabo por la Audiencia Nacional.
En sus autos, el magistrado Santiago Pedraz afirma que el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, hombre fuerte de Ferraz, "habría puesto a disposición de la trama criminal la propia estructura del partido". El PSOE, según el juez, soportó "desde sus inicios" el coste de la actividad desplegada por la presunta organización criminal que tenía por objetivo sobornar y amedrentar a jueces, fiscales y miembros de la UCO, además de boicotear los procesos judiciales en curso.
Por otro lado, el partido permitió que la trama delictiva "se sirviese de su personal para el desarrollo de las funciones administrativas", "aportó sus dependencias para la celebración de sus reuniones" y sufragó el "coste de la logística" de algunos de los miembros de la red. La gerente de la Secretaría de Organización del PSOE, Ana María Fuentes Pacheco, se encuentra ya imputada en este procedimiento judicial por "la emisión de facturas mendaces" que permitirían "la trasferencia de fondos con destino Leire Díez".
Fuentes de la investigación consultadas por EL MUNDO indican que uno de los objetivos con los que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil irrumpió el pasado miércoles en Ferraz fue localizar las facturas y contratos a través de los que se camuflaron y canalizaron los pagos a la fontanera del PSOE y al resto de miembros de la trama corrupta, como, por ejemplo, el ex dirigente socialista Gaspar Zarrías y los letrados Jacobo Teijelo o Ismael Oliver, entre otros investigados.
Uno de los documentos que los agentes tenían orden de incautar era el Programa de Cumplimiento Normativo (el modelo de prevención de delitos del partido) que resultaba de aplicación en los años 2024 y 2025.
Asimismo, la UCO tenía indicación expresa del magistrado de identificar al responsable del cumplimiento normativo en esos años (compliance officer).
La Guardia Civil también pidió información detallada del procedimiento interno establecido en el PSOE para la "autorización de gastos y la realización de pagos, en relación con las facturas presentadas para su abono, incluyendo la identificación de todas las personas que intervinieron en el proceso con indicación de su identidad, cargo, funciones y dependencia jerárquica".
Fuentes jurídicas consultadas indican que la petición del cumplimiento normativo es el paso previo para proceder a la imputación de la persona jurídica. De hecho, es la primera vez que se le reclama al Partido Socialista esta información.
Las distintas fuentes informantes explican que, una vez que se analice qué personas dentro del partido cometieron los delitos investigados, es cuando se valorará transferir la responsabilidad a la persona jurídica, es decir, al PSOE. En otras palabras, la decisión no será inminente, pero está en el radar de los investigadores.
De momento, el juez Pedraz sitúa a Santos Cerdán, ex secretario de Organización, como la persona que autorizó y dio instrucciones para que el partido hiciera los pagos a la fontanera. Además, el instructor cree que el ex número dos del partido habría ejercido un plano de "jerarquía superior" dentro de la presunta organización criminal, ya que asumió "la coordinación y ejecución de una serie de actuaciones, penalmente relevantes, con el propósito principal de desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial o actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del PSOE o del Gobierno".
La causa de las cloacas de Ferraz constituye así el segundo procedimiento donde el partido que lidera Pedro Sánchez se arriesga a una imputación como persona jurídica. El otro es el que versa sobre el descontrol de los pagos en efectivo en Ferraz. La sombra de la financiación irregular planea sobre esta causa. Según relató el empresario confeso del caso Koldo, Víctor de Aldama, el PSOE percibía parte de las comisiones ilegales pagadas por empresarios por la adjudicación de obra pública y también se financiaba a través de los cupos de petróleo venezolano obtenidos por la trama que presuntamente lideró el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero.