- El PSOE busca un acuerdo 'in extremis' para intervenir el mercado de la vivienda
- El 'decreto Maricarmen' no sirve al vulnerable
Después de retrasar una hora el Consejo de Ministros, los partidos del Gobierno de coalición han anunciado un acuerdo para aprobar el decreto de vivienda.
Los dos partidos del Gobierno de coalición, PSOE y Sumar, han alcanzado un acuerdo para aprobar este martes el decreto de vivienda que llevan meses negociando, y que la semana pasada experimentó un acelerón después del desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años, del piso de renta antigua donde residía en Madrid.
Según afirman fuentes gubernamentales, el acuerdo se ha producido "para aprobar las medidas de vivienda y dar respuesta a las demandas de la ciudadanía y avanzar en derechos", después de retrasar en más de una hora la reunión del Consejo de Ministros y tras una negociación que ayer concluyó a altas horas de la noche con el resto de grupos parlamentarios.
Entre las medidas que se esperan del decreto se encuentra la polémica prórroga de los alquileres para los contratos que venzan antes de 2029, el aumento de la tributación de los pisos turísticos o un paquete de medidas fiscales para dinamizar un mercado de la vivienda muy tensionado por la falta de oferta.
El real decreto-ley que aprueba hoy el Consejo de Ministros deberá ser ratificado en el plazo de un mes por el Congreso de los Diputados, donde los apoyos no parecen tan claros después de la negociación de ayer, en la que Junts acusó al departamento que lidera Isabel Rodríguez de cambiar el primer borrador y presentar un nuevo "decreto ómnibus" que incorporaría otras medidas con las que la formación independentista no está de acuerdo.
Esta misma mañana, la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha afirmado en una entrevista a Catalunya Ràdio que todavía ve margen para alcanzar un acuerdo, si bien este debería basarse en "un primer real decreto con medidas en las que coincidamos todos y seguir trabajando para ponernos de acuerdo con otras".
Diez puntos en discusión del decreto de vivienda
A pesar de que el detalle de las medidas finales es todavía una incógnita, fuentes gubernamentales avanzaron ayer que el decreto giraría en torno a diez puntos centrales, el primero de los cuales sería mejorar la protección ante los desahucios "para que no haya una sola Maricarmen más", valoraron. Sobre este asunto, todo parece indicar que el texto incluirá la prohibición de desahuciar a personas vulnerables hasta 2028.
Asimismo, el decreto incluiría medidas contra la compra "especulativa" de vivienda por parte de los fondos de inversión, así como otras para dotar de estabilidad a los contratos de alquiler "en comunidades autónomas donde no se aplica la Ley de Vivienda", un epígrafe donde se encontraría una nueva prórroga de alquileres -en principio, para los contratos que venzan hasta 2028-, una medida que el Congreso ya tumbó en abril y que generó gran inseguridad jurídica tras apenas un mes en vigor. Además, el texto podría recoger una nueva regulación para el alquiler de temporada "para acabar con el fraude en los contratos de corta duración"; y el "blindaje" del parque estatal de vivienda.
Pero, sin duda, las grandes novedades del decreto que el Gobierno ha negociado a contrarreloj con sus socios es un nuevo paquete fiscal para buscar dinamizar la oferta. En este apartado, se incluirían cinco grandes pilares. Por un lado, la subida del IVA de los pisos turísticos del 10% actual al 21%, con el objetivo de desincentivar esta actividad en favor del arrendamiento de larga estancia o residencial; nuevas bonificaciones para inquilinos y para caseros que bajen el precio del alquiler; la bajada del IVA a la construcción de vivienda protegida con calificación permanente; y otras ayudas para la compra de la primera vivienda, que podrían ir en la dirección de la deducción en IRPF que decayó en 2013.
(Próxima ampliación)
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