- El País Vasco acuerda con el Estado participar en la "gestión" de sus aeropuertos
- TCI amenaza a Aena con "acciones legales" si no lucha para subir las tasas
El PP y el PSOE se abstienen en la votación de una moción que exige al Gobierno de España, titular del 51% de la cotizada, que cree "un modelo estable de cogobernanza aeroportuaria" en las dos comunidades. El texto, que difícilmente se llevará a la práctica, añade más presión de las comunidades para la descentralización de la cotizada.
El Senado ha aprobado esta mañana una moción del Grupo Izquierda Confederal (GIC) en la que pide al Gobierno central que "garantice la participación real y efectiva de los gobiernos" de Canarias y Baleares y "eventualmente también de los cabildos y consells insulares, en la planificación, programación y gestión de los aeropuertos de interés general ubicados en sus respectivos territorios", que son titularidad de Aena.
El texto ha salido adelante con los votos del GIC (formado por Más Madrid, Compromís, Asociación Socialista Gomera, Geroa Bai y el senador por la Pitiusas) y gracias a la abstención del PP y del PSOE, mientras que Vox se ha pronunciado en contra (tres votos a favor, dos en contra y 30 abstenciones).
La moción, que es una iniciativa no legislativa, plantea que, "en el plazo máximo de seis meses", se "impulse" un "modelo estable de cogobernanza aeroportuaria" con la participación de ambas comunidades "en la toma de decisiones que afecten a la conectividad, movilidad, desarrollo económico y cohesión territorial de ambos archipiélagos".
En concreto, los aeropuertos a los que alude la moción son, en Baleares, Palma, Ibiza y Menorca, mientras que los de Canarias son los de Gran Canaria, Tenerife Norte, Tenerife Sur, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, El Hierro y La Gomera.
La moción exige, además, reforzar las competencias de los comités de coordinación aeroportuaria para que tengan "capacidad de influencia en las decisiones adoptadas por Aena" y establecer "mecanismos de información y consulta" de los gobiernos autonómicos en "cualquier modificación de tasas aeroportuarias o decisiones estratégicas con impacto".
Presión creciente de las comunidades
Al tratarse de una proposición no de ley, no tiene carácter vinculante para el Gobierno central, más allá de la presión creciente que está recibiendo el Ejecutivo de Pedro Sánchez para que dé entrada a las comunidades en la gestión de Aena en sus respectivos territorios, justo en el momento en el que tienen que aprobarse las inversiones para el periodo 2027 y 2031 (Dora III), por 12.888 millones de euros (de ellos 1.800 millones en Canarias y 1.030 en Baleares).
El texto aprobado va en línea con el acuerdo, el pasado marzo, entre el Estado y el País Vasco para la participación de esa comunidad en sus tres aeropuertos. Ese pacto tuvo dos interpretaciones: la del Gobierno central, que afirma que es meramente consultivo y "no altera la red de aeropuertos de interés general de Aena", y la del propio Ejecutivo vasco, que habló de "colaboración, coordinación y gestión".
Gestión y coordinación
Aena ha afirmado en numerosas ocasiones que tanto la Constitución y la ley que la regula le impiden dar entrada a las regiones en la gestión y que solo existe la opción de crear comités de coordinación, entre los que se pone como ejemplo el de Cataluña, con funciones consultivas, pero no ejecutivas. TCI, el principal accionista privado, ha llegado a amenazar con acciones contra los consejeros de Aena si no defienden con todos los instrumentos una hipotética descentralización de la gestión, que el Gobierno y Aena niegan que se vaya a producir.
A partir de ahora, los impulsores de la moción buscarán que el Gobierno la materialice, según explica Juanjo Ferrer, senador por Pitiusas —que ha criticado la inversión de 230 millones para el aeropuerto de Ibiza—, mientras que Aena ve muy pocas opciones de que el Gobierno mueva ficha, dado que la moción no es vinculante.
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