Cada vez hay menos sociedad civil y más bandos y eso es una desgracia para cualquier país.
Este verano un periódico titulaba "Luna de miel de pesadilla para una joven de Castellón en Maldivas: un tiburón ataca a su marido y le amputa una pierna". Desconozco si la razón de tal asimetría en la valoración de los daños (uno sin pierna y la otra con un disgusto enorme) se debía a que el autor/a de la noticia estaba imbuido por el periodismo con perspectiva de género, o simplemente a que era oriundo de Castellón como la joven, y podía identificarse mejor con su dolor que con el de su marido, que a lo mejor era de Cartagena.
Cabe una última posibilidad, terriblemente remota. Que la joven del disgusto fuera más cercana políticamente al autor del artículo que su marido. Se sabe que el sufrimiento pesa diferente si recae sobre uno de la tribu que sobre un externo. Y en una España cada vez más enfrentada eso está acabando con el pensamiento libre y promocionando los comportamientos gregarios.
A Germán Burgos, exportero de fútbol argentino apodado 'El Mono', lo cancelaron por decir que Lamine Yamal podría ganarse la vida en un semáforo. Tal vez 'El Mono' no sea un prodigio de sutileza, pero es bastante mejor que sus inquisidores. Cualquiera que albergue una mínima decencia intelectual entendió que lo que 'El Mono' quería decir es que el chaval atesoraba tanto talento que incluso una persona despistada en un semáforo tendría la necesidad de reconocérselo si le viera hacer arte con el balón.
Pero no hubo ningún colectivo lo suficientemente identificado con el exfutbolista que saliera en su defensa. Es seguro que si 'El Mono' hubiera dicho en algún momento de su vida que era anticapitalista, un ejército ciego de incondicionales habría acudido a su rescate para evitar que lo cancelaran por su sentencia sobre Lamine. Todo esto ocurre porque cada vez hay menos sociedad civil y más bandos y eso es una desgracia para cualquier país.
Hace solo algunos meses los camisas pardas que trabajan para sostener al Gobierno organizaron en 'X' una cacería contra un individuo llamado Jon González para que dejara de difundir a través de su cuenta en redes sociales datos y conocimientos que estaban contribuyendo a destrozar sus escuálidas teorías económicas. Esas teorías que están ampliamente desacreditadas por la historia, pero que algunos defienden a muerte, no se sabe muy bien por qué, como quien defiende suministrar heroína a los niños para que duerman bien.
Jon acostumbraba a hablar de temas tan actuales como el sistema de pensiones o la vivienda y sus explicaciones venían siempre acompañadas de datos para que el público en general tuviera una base sólida de información. Jon, siempre desde una corrección exquisita, decía cosas como que las rentas bajas y medias bajas superiores al SMI son las que más han sufrido la no deflactación del IRPF y que el IRPF real pagado en 2026 es hasta cuatro veces superior al de 2019 para los salarios más bajos. Decía también que el salario medio y mediano es en términos reales en la actualidad inferior al de 2018.
Jon señalaba la baja productividad como un grave problema para España. Son afirmaciones que en los círculos académicos económicos serios, a los que no recurre la población en general, son ampliamente compartidas, pero viniendo de un verso suelto que las estaba gritando en público empezaron a ser incómodas para un Gobierno, el de Pedro Sánchez, al que solo le queda aferrarse a su teoría del cohete. Resulta que Jon solo decía con datos en la mano que los españoles son ahora más pobres y que era necesario implementar otras políticas.
Jon González no solo era un buen exponente de la sociedad civil preparada sino que resultaba ser un divulgador notable y eso es lo que más teme un poder que ha hecho de las medias verdades o la mentira su forma de subsistir. De ahí que lo único que le quede sea contratar extras para que divulguen su pensamiento enlatado, que suele ser un auténtico repertorio de consignas que se repiten una y otra vez. Como los extras contratados por el Gobierno eran incapaces de rebatir los argumentos de Jon acabaron por montar una campaña para cancelarlo. No es nada extraño porque han hecho exactamente lo mismo con los jueces que han osado investigar su entorno, a pesar de existir indicios más que evidentes.
No es extraño, pero dice bastante de la naturaleza de nuestros dirigentes y de quienes les secundan. En la campaña de cancelación participó hasta el hermano del exministro, Alberto Garzón, el economista del más allá Eduardo Garzón, que acusó a Jon de ser el azote de las pensiones porque "estaba a sueldo del BBVA", que hace negocio con las pensiones privadas. Lo triste es que alguien ha podido sentir vértigo al saber que uno de sus empleados es un divulgador social, una parte de esa sociedad civil que se implica en que la gente tenga más conocimientos.
A cualquier entidad le viene bien contar entre los suyos con un voluntario que en sus ratos libres colabore con el banco de alimentos, o que lleve a los niños a replantar bosques o que enseñe a los ancianos a navegar por la red, pero ese mismo voluntario se vuelve un sujeto incómodo si se dedica a explicar nociones básicas de economía al público en general, que molestan a un poder que teme a la verdad. Este país necesita que Jon y otros rompan su silencio.
*Iñaki Garay es director adjunto de EXPANSIÓN
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