En julio de 2018, un ciudadano solicitó atraves de Transparencia al Ministerio del Interior los contratos de publicidad institucional entre 2013 y 2017.
No obtuvo respuesta.
En septiembre de 2020, otro ciudadano reclamó al Ministerio de Cultura y Deporte el desglose de los 1,7 millones en subvenciones que el Consejo Superior de Deportes (CSD) tenía pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2019.
No obtuvo respuesta.
El 25 de junio de 2025, la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno recibió una petición para conocer el número de asesores adscritos a la Presidencia del Gobierno y sus retribuciones.
No contestó.
Cada punto representa aquí las reclamaciones que se han realizado en el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno entre 2015 y 2025. Suman más de 10.000 y hasta cuatro de cada diez son por silencio administrativo.
El silencio por respuesta: el 38% de las quejas a Transparencia son por opacidad institucionalLas reclamaciones de los ciudadanos al Consejo se centran, sobre todo, en el empleo público, contratos de la Administración e información jurídica y estadística
Carlos Muñoz Díaz y Sara I. Belled
Lunes, 13 de abril 2026, 00:03
la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (LTIPBG). Desde entonces, se han realizado 94.693 solicitudes de información a la Administración General del Estado (AGE).Aquí cada círculo representa 10 solicitudesAdmitidas o no, si el solicitante no está conforme con la respuesta puede reclamar. Aquí es donde entra en juego el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG).
Más de un 11% de las solicitudes de transparencia (10.848) a nivel nacional se han terminado reclamando ante el Consejo entre 2015 y 2025.
Conforme han aumentado las solicitudes de transparencia desde la entrada en vigor de la ley, también ha crecido de forma paralela el trabajo del Consejo.
En 2015 tramitaron medio millar de reclamaciones. Más de una década después, en 2025, cuatro veces más.
A partir de aquí cada círculo representa una reclamaciónEn los primeros años, el silencio administrativo representaba en torno al 25% de los casos anuales. A partir de 2018, siempre ha estado por encima del 33%. En 2020 y 2025, este porcentaje aumentó hasta el 45,9% y 45,6% de forma respectiva.
La respuesta parcial -gran parte, por tratarse de «información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración»- es el segundo motivo de reclamación: aparece en el 18,5% de las ocasiones. En tres años distintos -2015, 2016 y 2022- rozó o llegó al 30% del total.
Las estimadas representan el 53,6% (5.384) de todas las resoluciones.
Si nos quedamos solo con estas, el porcentaje de casos por silencio administrativo asciende al 43,4%.
Además, el silencio también tiene un peso importante entre las no estimadas: el 31,75% de esas resoluciones tiene su origen en la falta de respuesta de la administración.
Por ejemplo, el Consejo desestimó una reclamación por silencio administrativo sobre la adopción de medidas de seguridad para la mujer del Presidente del Gobierno en los juzgados de Plaza de Castilla el pasado 19 de julio, cuando Begoña Gómez estaba citada por el magistrado Juan Carlos Peinado. E inadmitió otra reclamación que había quedado sin respuesta y que pedía la retirada inmediata de unas esteladas en un pueblo de Cataluña en 2017.
Interior, Presidencia y Hacienda: los ministerios con más reclamaciones
El Ministerio del Interior es el organismo sobre el que recaen más resoluciones, con un 15,3% del total (también es el que más solicitudes recibe, con un 13,5%). Tramitaciones de denuncia, servicios en centros penitenciarios, efectivos de la Guardia Civil, expedientes en dependencias policiales o condecoraciones policiales a jueces son algunas de las preguntas que el departamento de Fernando Grande-Marlaska deja sin respuesta.
Entre los organismos no ministeriales destacan la Corporación de Radio Televisión Española (CRTVE), la Agencia de Protección de Datos y Correos.
Y si hablamos de silencios administrativos…
El peor ejemplo es el que ofrece el Ministerio para la Transformación Digital y de la Fundación Pública: un 67,7% de las resoluciones (180 de 266) sobre este organismo se deben a su opacidad. Por detrás aparece el de Transición Ecológica y Reto Demográfico con un 56,7% (308 de 543).
Entre los organismos con mayor número de casos, destaca Presidencia: un 50,6% de las resoluciones es por ausencia de respuesta inicial, como ocurre en numerosas ocasiones sobre nombramientos y retribuciones de personal eventual, actas y agendas de ministros.
Si, como antes, nos quedamos solo con las resoluciones estimadas por el Consejo, los porcentajes de silencio administrativo ascienden para la mayoría de ministerios…
El de Transformación Digital y Función Pública eleva su porcentaje de reclamaciones estimadas por silencio al 71% (112 de 157). Y Presidencia alcanza el 63%: 433 de 687 son por falta de contestación.
AUX STEP FOR JS
En una intervención en el Congreso de los Diputados en 2024, José Luis Rodríguez Álvarez, presidente del CTBG por entonces, fue tajante: «No hay justificación posible para que las administraciones dejen sin ejecutar decisiones firmes que les vinculan jurídicamente». Sin embargo, la ley de transparencia no prevé remedio alguno ante el silencio recurrente. El Consejo no tiene ninguna potestad sancionadora (ni aplicar multas ni capacidad de intervención directa).
Empleo público, contratos o viajes presidenciales: los temas a lo largo del tiempo
Del primer expediente abierto por el Consejo -un silencio administrativo en el acceso a un plan de mejora de la transposición de directivas de la Unión Europea- al último -sobre los procedimientos de legalización diplomática de documentos extranjeros- ha pasado más de una década. Entre medias, multitud de temáticas han requerido la atención de Transparencia.
Tras analizar las palabras clave de los expedientes, ‘empleo público’ es la que más reclamaciones acumula con unos 970 casos…
Un ejemplo es la resolución R CTBG 0856/2025. El Consejo dio la razón al solicitante ante el silencio del Ministerio de la Presidencia.
¿Qué información se pedía? La suma total de las retribuciones por productividad del personal eventual y libre designación por años (2018-2024).
Las informaciones jurídicas y las estadísticas son los siguientes conceptos clave más repetidos, con 959 y 880 apariciones respectivamente.
Y, tras ellos, los ‘contratos’, un calificativo utilizado en más de 660 ocasiones…
Uno de ellos en la resolución R/0677/2024. Una persona solicitó información sobre los contratos públicos suscritos con establecimientos turísticos para alojar a migrantes. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones lo ignoró y el Consejo dio la razón al solicitante.
A 30 de septiembre de 2025, el Ministerio seguía sin proporcionar la información.
Este análisis también permite observar la aparición de temas clave más coyunturales marcados por la agenda mediática, como los viajes presidenciales, la Covid-19 o la gestión durante la dana.
Como el silencio ante la petición de conocer los vuelos realizados por el presidente del Gobierno en 2024 (resolución R/1172/2024)...
… o el funcionamiento de la aplicación Radar Covid (resolución R/0135/2021), que también quedó sin respuesta por parte del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital…
… o sobre el contrato de emergencia de limpieza de las playas de Cullera por motivo de la dana (resolución R/1071/2025), reclamada porque el Ministerio del Interior adujo confidencialidad o secreto para no ofrecer la información.
El tramo final: la administración ante el Consejo
Cuando el Consejo de Transparencia estima una reclamación, la administración correspondiente está obligada a publicar la información en los términos establecidos. Según el análisis del estado de cumplimiento de reclamaciones a 30 de septiembre de 2025, en el 85% de los casos la administración estatal ha terminado facilitando la información.
El 15% restante se divide en tres estados: un 3,86% de las resoluciones tiene sentencia firme, un 2,78% se encuentra recurrido ante la jurisdicción contencioso-administrativa y para un 7,8% no consta cumplimiento, solo silencio.
En mayo de 2017, un solicitante quiso conocer las peticiones de reunión recibidas por los altos cargos de la Secretaría de Estado de Seguridad, dependiente del Ministerio de Interior, si fueron celebradas, con quién y cuándo, además de los temas tratados, los documentos compartidos o los acuerdos alcanzados.
Interior no proporcionó la información adecuada y el solicitante reclamó al Consejo en junio de ese mismo año. En un primer momento, el CTBG la inadmitió por errores a la hora de presentar dicha reclamación. Sin embargo, meses después, la resolución fue revocada, instando a Interior a dar la información. Ocho años después, al menos a finales de septiembre de 2025, no consta respuesta.
Es el ejemplo más longevo de una solicitud que continúa siendo ignorada por la Administración General del Estado. Junto a ella, otras 393 resoluciones a nivel estatal permanecen en el olvido en la actualidad.
Aparte de publicar el listado de organismos que no cumplen con la legislación y recordarles que deben hacerlo, el Consejo no tiene mayor margen de actuación. «Eso es todo cuanto podemos hacer porque la ley no nos atribuye más potestades», indicó entonces Rodríguez Álvarez. Así, si la administración hace caso omiso de la reclamación, solo el solicitante podrá llevarla a juicio.
Metodología
Las estadísticas de solicitudes de información se han obtenido del Portal de Transparencia . Las relativas a reclamaciones, resoluciones y estado del cumplimiento de las mismas del Consejo de Transparencia se pueden encontrar aquí y aquí .
De las 10.818 reclamaciones recibidas por el Consejo, éste había admitido a trámite 10.176 a 31 de diciembre de 2025, que dieron lugar a 10.054 resoluciones. La diferencia en el número de reclamaciones y resoluciones se debe a que, en algunos casos, varias reclamaciones se agrupan en un mismo expediente al tratar un mismo tema.
En el Portal de Transparencia aparecen las Unidades de Información de Transparencia (UIT) como entidades de recepción de solicitudes. En los archivos .xlsx del Consejo no aparece esta columna, sino que ofrece una columna con el organismo sobre el que se hizo la reclamación. Y no siempre coinciden.
Con el objetivo de ofrecer la información relativa a Ministerios y UITs lo más pareja posible y no confundir al lector con Ministerios ya extintos, se ha decidido normalizar algunos Ministerios que han cambiado de nombre, funciones o criterios a lo largo del tiempo. Esta normalización se ha realizado en:
- La Secretaría General de la Presidencia del Gobierno se ha unido al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes
- Ministerios de Economía, Comercio, Empresa, Industria y Turismo (en diferentes momentos: Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, Ministerio de Economía, Comercio y Turismo, Ministerio de Economía, Industria y Competitividad o Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, entre otros)
- Ministerios de Educación, Formación Profesional, Deportes y Cultura (en diferentes momentos: Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, Ministerio de Cultura, Ministerio de Cultura y Deportes y Ministerio de Educación y Formación Profesional)
- Ministerios de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (en diferentes momentos: Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones o Ministerio de Trabajo y Economía Social)
- Ministerios de Transportes, Movilidad Sostenible, Vivienda y Agenda Urbana (en diferentes momentos: Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible, Ministerio de Fomento, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana o Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana)
El resto de organismos ministeriales siguen la nomenclatura actual, que es igual a su UIT.
- Temas
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