- DAVID CASALS Barcelona
- El Supremo condena a Ábalos a 24 años de cárcel, a 19 a Koldo y a 4 a Aldama por el 'caso mascarillas'
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El exnúmero tres del PSOE es desde ayer el exministro con la mayor pena por corrupción desde el restablecimiento de la democracia. La sentencia prueba que formó "una organización criminal" con Koldo García y Aldama.
José Luis Ábalos batió este martes un récord: ser el exministro con la condena por corrupción más alta desde la recuperación de la democracia.
Este político, que fue secretario de organización de los socialistas entre 2017 y 2021 y titular de la cartera de Fomento y luego de Transportes entre 2018 y 2021, estará 24 años y tres meses privado de libertad por haber cometido varios delitos. Son organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias.
Así lo estableció la sala segunda del Tribunal Supremo en una sentencia que dictó por unanimidad y que marca un antes y un después a nivel judicial y también político, y no únicamente por la duración de las penas de prisión. La decisión llega en un momento muy difícil para el PSOE y el Gobierno de Pedro Sánchez, con otras causas abiertas por presunta corrupción y con grandes dificultades en el Congreso para sacar adelante sus iniciativas.
"Organización criminal"
En este contexto, el alto tribunal ve probado que el exnúmero tres del PSOE y exministro, junto al exasesor Koldo García y al comisionista Víctor de Aldama, "formaron una organización criminal con reparto de funciones que cometió graves delitos de corrupción".
Era la denominada trama de las mascarillas, también conocida como caso Koldo o caso Ábalos, y que no sólo abordó la adquisición de material sanitario tras el estallido de la pandemia de Covid-19. Su colaboración se extendió a otros ámbitos, como el rescate de la aerolínea Air Europa. Tuvo lugar a finales de 2020, y en él se movilizaron 475 millones de euros de fondos públicos.
Por todo ello, la sentencia también impone 19 años, ocho meses y un día de prisión al exasesor Koldo García por los mismos delitos que Ábalos. En cuanto al comisionista Víctor de Aldama, la pena de privación de libertad es de cuatro años y medio por dos delitos: organización criminal y cohecho.
De Aldama: rol clave
Sin embargo, la sala segunda del Supremo suspende la ejecución de esta última pena. Tras pasar poco más de un mes en prisión preventiva como investigado en el caso hidrocarburos, el empresario optó con colaborar con la justicia.
Así, la sentencia destaca "su aportación al descubrimiento de los delitos" juzgados y condenados. De Aldama se compromete a no volver a delinquir, y deberá presentar un informe semestral de actividades y realizar trabajos para la comunidad durante un año.
Con todo, el escrito da por probado que consiguió adjudicarse con el suministro de mascarillas por parte de dos entidades públicas que dependían del ministerio que encabezaba José Luis Ábalos, Puertos del Estado y Adif.
Cobros en especie
La sentencia también determina que Víctor de Aldama abonó a José Luis Ábalos 10.000 euros al mes en concepto de gastos fijos y que colaboró en la contratación de "dos conocidas" del exministro en el sector público.
Además, De Aldama pagó una vivienda para una de ellas, rubricó con Ábalos un contrato de alquiler con opción a compra de un piso en Madrid y medió en otros dos arrendamientos con opción de compra en Marbella (Málaga) y La Línea de la Concepción (Cádiz).
Estos bienes inmobiliarios que Ábalos pasó a poseer o que alquiló no fueron únicamente por las mascarillas que suministró el comisionista. El exministro también fue compensado después de que Víctor de Aldama se hiciera con la concesión de una licencia de hidrocarburos.
Otro de los pagos en especie fue por "emisión de una nota de prensa" por parte del Ministerio que abordaba la situación financiera de Air Europa anterior al rescate con unos términos que no inquietasen en exceso a los acreedores.
Por todo ello, Ábalos se convierte en el quinto exministro desde la recuperación de la democracia condenado por corrupción tras José Barrionuevo (PSOE) y los populares Rodrigo Rato, Jaume Matas y Eduardo Zaplana.
"Pérdida de legitimidad"
Otro de los aspectos más relevantes de la sentencia es que, en ella, el Tribunal Supremo alerta de los efectos "perniciosos" de la corrupción.
Estos delitos van mucho más allá del enriquecimiento o las malas praxis, sino que "guardan una conexión directa con el ejercicio de la autoridad política y, por ello, poseen un potencial desestabilizador mucho mayor". La consecuencia es "una pérdida de legitimidad institucional, que compromete la estabilidad del propio sistema".
En este sentido, la condena no afecta a un político cualquiera. Ábalos lideró el ministerio del que depende la licitación y adjudicación de obra pública y fue clave a la hora de organizar la campaña de las primarias que, a principios de 2017, permitieron a Pedro Sánchez volver a tomar las riendas del PSOE tras perder la confianza de su comité federal, en otoño de 2016.
Tras recuperar el mando, Sánchez designó a Ábalos secretario de organización. En el Congreso, fue quien defendió la moción de censura que, en 2018, relevó a Mariano Rajoy (PP) de La Moncloa. Precisamente, el argumento que defendió entonces era la necesidad de "recuperar la normalidad" después de que el PP fuera condenado por corrupción en el denominadoCaso Gürtel.
Autoridad e influencia
Ocho años después de la moción, el PSOE vive un momento muy crítico por la acumulación de causas abiertas en los tribunales. En este contexto, los argumentos de la sentencia suponen, para los socialistas, un duro golpe.
El Supremo aprecia que Ábalos aportó a la trama su autoridad e influencia gracias a su condición de ministro y dirigente político. Koldo García actuaba en su nombre y Aldama buscaba empresas que querían ser favorecidas a cambio de las denominadas mordidas.
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