El Tribunal Supremo quiere saber si las empresas públicas Ineco y Tragsatec quieren personarse en el juicio por el caso Koldo y reclamar compensaciones económicas a José Luis Ábalos y Koldo García.
Las dos mercantiles estatales fueron empleadas por el entonces ministro de Transportes para colocar a su entonces novia Jéssica Rodríguez, a la que la trama investigada también sufragó un piso de lujo en la Torre de Madrid. El favor a la joven estudiante de odontología no se limitó a colocarla en las empresas públicas. El tráfico de influencias fue un paso más allá y, según la Fiscalía Anticorrupción, alcanzó el delito de malversación de fondos públicos, puesto que Jéssica Rodríguez no tuvo que ir siquiera a trabajar.
Ni en Ineco inicialmente ni luego en Tragsatec desempeñó tarea alguna, pese a lo cual recibió 43.978 de dinero público. Lo que hace el tribunal que juzgará al ex ministro es preguntar a las dos empresas si quieren reclamar ese dinero que desembolsaron a cambio de nada entre 2019 y 2021.
Las gestiones para colocar a la novia de su jefe corrieron a cargo de su entonces asesor y mano derecha, Koldo García. En primer lugar, le consiguió un contrato en Ineco, una sociedad especializada en ingeniería y consultoría dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
Cuando no fue posible renovar su contrato, Koldo García maniobró para colocarla en Tragsatec, centrada en labores de ingeniería en ámbito del desarrollo rural. Se trata de una filial de Tragsa, integrada en la Sepi y dependiente del Ministerio de Agricultura.
Así pues, sociedades dependientes del ministro de Trasportes, Óscar Puente; y del de Agricultura, Luis Planas, tendrán que responder al Supremo si quieren plaza en el juicio para reclamar fondos a los dos acusados, "en la medida en que pudieran considerarse perjudicadas por el delito de malversación".
El paso dado por el Supremo responde a la propuesta formulada por el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, en la vista preliminar del juicio celebrada el pasado12 de febrero.
Por otra parte, el tribunal ha dado un plazo de tres días a la Fiscalía y a la acusación popular unificada para que se pronuncien sobre la última petición de puesta en libertad solicitada por Ábalos y su ex asesor.