Reunión del pleno del TC en una imagen de archivo. En primer plano, Conde-Pumpido, Montalbán y Balaguer./ E.E.
Tribunales El TC censura la prórroga sistemática del plazo de enmiendas a proyectos de ley: "Obstruye el proceso legislativo"Ampara por unanimidad a los diputados del PP por la ampliación 71 veces del trámite de enmiendas de un proyecto que acabó decayendo.
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María Peral Publicada 14 abril 2026 20:09h Actualizada 14 abril 2026 20:21h Las clavesLas claves Generado con IA
El pleno del Tribunal Constitucional ha acordado hoy, por unanimidad, estimar el recurso de amparo que el Grupo Popular del Congreso interpuso contra la decisión de la Mesa de autorizar la 71 prórroga del plazo de enmiendas de un proyecto de ley que —así lo había acordado la Cámara— debía seguir el trámite de urgencia.
No era un proyecto de ley cualquiera. Procedía de un real decreto-ley aprobado por el Gobierno el 30 de diciembre de 2020, en plena pandemia de la Covid-19, para regular la ejecución de un fondo europeo de 140.000 millones de euros para la recuperación económica y social.
El Gobierno había salvado su convalidación en el Congreso por los pelos el 28 de enero de 2021 gracias al voto favorable de Bildu y a la sorpresiva abstención de Vox.
El rechazo de PP, ERC y Ciudadanos había puesto contra las cuerdas al Ejecutivo y sólo la postura de la ultraderecha permitió que el Gobierno sacase adelante el decreto-ley por 170 votos a favor, 126 en contra y 52 abstenciones.
La Cámara acordó acto seguido aprobar la tramitación de la norma como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia con el voto favorable de 346 diputados.
La vía urgente de tramitación impone una reducción a la mitad de los plazos establecidos en el procedimiento legislativo ordinario.
Conforme a ello, el plazo para la presentación de enmiendas terminaba el 15 de febrero de 2021.
Dos años y un día sin pisar el Senado: el PP prepara una denuncia contra Sánchez para llevarlo ante el TC o al juzgadoPero lo cierto es que la Mesa de las Cortes autorizó sucesivas ampliaciones. Y un año y nueve meses después, en noviembre de 2022, el Grupo Socialista pidió la prórroga número 71. La Mesa de las Cortes la concedió.
La portavoz del PP, Cuca Gamarra, solicitó la reconsideración de esa decisión, lo que la Mesa no aceptó.
El proyecto de ley estuvo permanentemente en fase de presentación de enmiendas hasta que acabó caducando el 30 de mayo de 2023 por la convocatoria de elecciones generales anticipadas.
El TC ha respaldado la ponencia presentada por el magistrado Enrique Arnaldo y declara vulnerado el derecho de los diputados recurrentes a ejercer sus funciones representativas, en conexión con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos por medio de representantes.
Iniciativas en el 'congelador'
La sentencia, que anula los acuerdos de la Mesa, supone una llamada de atención a la práctica de meter las iniciativas parlamentarias 'en el congelador' ampliando sin límite el trámite de enmiendas.
El TC, que acoge el criterio del fiscal, aprecia que la Mesa del Congreso de los Diputados "obstruyó la tramitación del procedimiento legislativo" al hacer un "uso indebido" de su facultad de acordar la prórroga del plazo para presentar enmiendas.
La decisión de la Mesa de prorrogar sistemáticamente ese plazo, "sin motivación específica para ello", impidió en ese caso que el real decreto-ley se tramitara como proyecto de ley, como había acordado el Pleno de la Cámara, por la terminación de la legislatura.
Por ello, el Tribunal concluye que la Mesa de la Cámara "subvirtió la finalidad de la facultad de prorrogar el plazo de presentación de enmiendas, que no es otra que favorecer el correcto ejercicio del cargo por parte de los parlamentarios en el procedimiento legislativo al permitirles disfrutar de más tiempo para el adecuado análisis del proyecto de ley en tramitación".
La sentencia subraya que la facultad de presentar enmiendas "pueda erigirse en pretexto para una actuación de la Mesa que conduzca a la inefectividad del derecho de los diputados a pronunciarse sobre un proyecto legislativo que el Pleno decidió tramitar, con la consiguiente vulneración de su derecho fundamental de participación política".
"Cuando, como sucede en el caso enjuiciado, el plazo para presentar enmiendas se prorroga de manera automática y reiterada, sin ofrecer justificación para ello (ni siquiera cuando se formula la correspondiente reconsideración), la decisión de la Mesa no favorece que los diputados puedan ejercer con mayores garantías su labor parlamentaria, sino, antes el contrario, dificulta y obstruye dicha tarea", señala.
Y ello porque "Impide que el procedimiento legislativo siga su curso debido y se dé cumplimiento a la decisión del Pleno de la Cámara que, en su momento, decidió no solo convalidar el real decreto-ley, sino además tramitarlo como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia".