Hace casi un mes de aquella entrevista en la que Santiago Abascal verbalizó por primera vez su intención de entrar en el gobierno que se constituya en Extremadura. El anuncio supuso un giro en la estrategia que venía siguiendo Vox desde julio de 2024, cuando abandonó los ejecutivos autonómicos y pasó a condicionar los mandatos populares desde fuera. Ayer, esa nueva hoja de ruta se confirmó, con su extrapolación también a Aragón: "Nosotros queremos gobernar", dijo el portavoz nacional del partido, José Antonio Fúster, preguntado sobre si barajan en el partido la posibilidad de apoyar externamente un ejecutivo monocolor liderado por Jorge Azcón. Apenas 12 horas habían transcurrido desde que se conocieran los resultados electorales -con Vox doblando su número de escaños- y en la sede de la calle Bambú ya se adelantaron a exponer su planteamiento de salida para la negociación.
En los últimos meses, en el partido ya venían trasladando que su vuelta a los gobiernos autonómicos podría producirse si las urnas les daban más peso del que tenían. Esto es: si se veían reforzados por los ciudadanos de cara a afrontar las conversaciones con el PP. Tras dispararse al 16,9% del voto en Extremadura (+8,8 puntos) y al 17,9% de apoyo en Aragón (+6,6 puntos), y con los populares registrando un crecimiento menor o incluso en retroceso, en Vox han decidido apretar el botón para volver a tener poder.
"¿Qué es lo que queremos? Igual que en Extremadura", sostuvo ayer Fúster, que así apuntó a pedir a Azcón consejerías con "estructura y presupuesto". El portavoz nacional, que no detalló qué es exactamente lo que su partido ha reclamado a María Guardiola para cerrar un pacto de gobierno, defendió que su petición ha sido "muy razonable". Y que así será también su planteamiento en Aragón.
En aquella entrevista en Okdiario en la que Abascal abogó por entrar a formar parte del ejecutivo autonómico extremeño, el líder de Vox sostuvo: "¿Cómo hay que estar en el gobierno? Con una vicepresidencia, que tenga sus consejerías, el número de consejerías proporcionales a nuestra representación en las elecciones". Esa tesis, la de formular sus peticiones a los populares en consonancia con la fuerza que tiene cada uno, es la que vienen defendiendo en Vox en los últimos meses, también cuando han apoyado a barones del PP desde fuera del gobierno. Y, ahora, con el equilibrio de fuerzas en la derecha alterado por los nuevos veredictos de las urnas, los de Abascal mantienen esa premisa: hacer peticiones "razonables".
En las elecciones de mayo de 2023, el PP obtuvo 28 escaños en Aragón y Vox, siete. La suma eran 35 asientos, de los que el 80% estaba en manos de los populares y el 20% restante caía en poder de los de Abascal. Entonces, Azcón integró a Vox en su ejecutivo autonómico concediéndole dos de las 10 consejerías que conformaban su gobierno, exactamente el 20%, equiparable numéricamente a su representación en las Cortes. Tras los comicios del domingo, sin embargo, las proporciones han cambiado: el PP logró 26 diputados y Vox, 14. De los 40 parlamentarios que aglutinan en conjunto, el 65% corresponde a los populares y el otro 35% a la formación a su derecha. Si el nuevo ejecutivo que se constituya tiene, otra vez, 10 consejerías, 3,5 deberían caer en manos de los de Abascal si, como él reclama, el reparto se hace de forma "proporcional".
No obstante, y aunque en 2023 Azcón dio entrada a Vox con los sillones proporcionales a su representación parlamentaria, la capacidad real de gestión que tenían los consejeros del partido de derecha dura no era del 20%, al menos no en términos monetarios. PP y Vox pactaron unas cuentas para 2024 que dotaban a las 10 consejerías de un presupuesto de 6.768 millones de euros. Las carteras en manos de los de Abascal, la de Agricultura, Ganadería y Alimentación y la de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia, gestionaban solo el 12,9% de ese importe.
Esto, sin embargo, tiene pocos visos de repetirse ahora. Ayer Fúster insistió en reclamar "responsabilidades muy claras, con presupuestos muy claros" y Abascal ya habló en enero de pedir el "presupuesto adecuado" para que sea Vox el "responsable de ejecutar esas políticas". Si el partido aplica esa tesis de la proporcionalidad, aspiraría a manejar el 35% del dinero que tienen asignadas las 10 carteras del actual ejecutivo aragonés: 2.369 millones de euros.
En todo caso, en Vox insisten en que su voluntad de entrar en los gobiernos autonómicos responde a una única premisa: "Todo tiene que ser para poder aplicar las políticas que nosotros queremos aplicar", dijo ayer Fúster. Esto es: no van a aceptar consejerías vaciadas de contenido o presupuesto, no les valen sillones "para figurar", pues su meta es poder ejecutar las medidas que abanderan.
Estas no son otras que las que Vox ya puso sobre la mesa de negociación al PP para pactar los presupuestos autonómicos que finalmente salieron adelante en algunos territorios -Comunidad Valenciana, Baleares y la Región de Murcia-, pero no en otros -Extremadura, Castilla y León y Aragón-. "Denuncia del Pacto Verde, combate contra la inmigración ilegal desordenada, más industria, cero adoctrinamiento en las aulas, bajadas de impuestos...", enumeró ayer Fúster, y Abascal añadió otras como la rebaja del "gasto público improductivo" o la reducción del número de diputados de las cortes regionales. Los populares vienen acercándose a los postulados de Vox en estas materias durante los últimos meses, pero la negociación en Extremadura sigue atascada. En Aragón, está por comenzar.