En sintonía con Rusia e Israel, Donald Trump quiere desmontar «ladrillo a ladrillo» el TPI, una entidad que juzga los crímenes contra la humanidad
Regala esta noticia Añádenos en Google Tomoko Akane, presidenta del TPI. (Reuters) 25/09/2026 a las 18:08h.El Tribunal Penal Internacional (TPI) nació en 2002 con la firma y el apoyo de 125 países para que el mundo tuviera un organismo con ... el que perseguir a los responsables de delitos de genocidio, crímenes de guerra y contra la humanidad. Todos esos objetivos se resumen en una idea: luchar contra la ley del más fuerte. ¿Y quién se considera el más fuerte? Donald Trump. Bajo su mandato, Estados Unidos ha desplegado una campaña para restar legitimidad a esta Corte que ni siquiera reconoce. Marco Rubio, secretario de Estado, describió la táctica de Washington en un artículo publicado en 'The Wall Street Journal'. Lo tituló 'Por qué estamos desmantelando el TPI'. Y dejó claro que lo iban a hacer «ladrillo a ladrillo». EE UU considera que este tribunal atenta contra su soberanía y le niega el derecho a procesar a ciudadanos estadounidenses, hagan lo que hagan. El más fuerte, Trump, no quiere que nadie le imponga límites; ni a él ni a su gran aliado, Israel.
Tampoco India, China, Corea del Norte, Turquía, Catar, Cuba, Chile, Nicaragua, El Salvador... Filipinas y Burundi han decidido salirse de la órbita de la Corte por cuestiones internas, al igual que Burkina Faso, Níger y Mali. En julio, una llamada desde Washington provocó que otro país, Chad, dejara de ser miembro del Tribunal Penal Internacional. Lo mismo sucedió poco después con Venezuela, cuyo gobierno está ahora tutelado por Trump. Caracas asumió de la noche a la mañana los postulados de EE UU y dijo que el TPI «perpetúa la persecución al pueblo venezolano». La Casa Blanca busca vaciar por dentro al que considera su enemigo judicial.
La presidenta del TPI ha sido condenada por Rusia y tiene prohibido entrar en Estados Unidos
Es un combate desigual. Trump cuenta con, como él mismo proclama, el «ejército más poderoso del mundo» y una enorme maquinaria económica y diplomática para ejercer presión. La Corte de La Haya ni siquiera tiene policía propia. Depende de la voluntad de cooperación de los 125 estados miembros para ejecutar las órdenes de detención que emiten sus jueces. El TPI pelea sin armas contra la Casa Blanca, Israel y Rusia.
La pugna es todavía más desigual desde el estallido del conflicto en Gaza tras los atentados de Hamás en octubre de 2023. La respuesta militar de Israel fue brutal y el tribunal internacional comenzó a perseguir los crímenes de las tropas armadas de Netanyahu. Estados Unidos salió de inmediato en apoyo de su aliado judío e impulsó una cadena de condenas sobre la presidenta del TPI, la magistrada japonesa Tomoko Akane, ocho jueces y cuatro fiscales. Todos tienen las cuentas bancarias congeladas, canceladas las tarjetas de crédito y bloqueados sus accesos a Apple, PayPal y Amazon. Akane, que también ha sido condenada por Moscú, no puede entrar en territorio estadounidense.
Destitución del fiscal jefe
Los enemigos del Tribunal de La Haya encontraron, además, un hecho que sopla a su favor: la destitución en julio del fiscal jefe del organismo, Karim Khan, acusado de conducta sexual inapropiada por una abogada de Malasia que formaba parte de su equipo de asistentes. Khan, según muchos analistas, era una pieza de caza mayor para Washington. Fue el fiscal que pidió las órdenes de arresto contra Netanyahu y su ministro de Defensa, Yav Gallant, y también contra Putin, el expresidente filipino Rodrigo Duterte y los líderes talibanes.
Trump no quiere que un tribunal internacional juzgue, por ejemplo, los ataques estadounidenses contra supuestas narcolanchas procedentes de Venezuela. Así que el escándalo de Khan cuadró a la perfección con la estrategia para desmantelar el TPI y apagar esa luz sobre las acciones extrajudiciales del Pentágono. Hoy, la política exterior de la Casa Blanca ha puesto en primer línea la demolición de la Corte de La Haya y de cualquier otro contrapeso a su poder, incluida la ONU, otra de las dianas habituales de las críticas de Trump.
El TPI representa un mundo basado en normas. Es el último recurso judicial cuando un país no quiere o no puede actuar contra delitos de máxima gravedad. En un comunicado emitido hace unos días, la Corte de La Haya califica esta oleada de sanciones de EE UU como «un ataque flagrante contra la independencia de una institución judicial imparcial que actúa de conformidad con el mandato conferido por sus Estados miembros» y considera que «también afecta a la capacidad de las víctimas para obtener justicia». El TPI surgió de las lecciones, escritas con sangre, de las guerras y las atrocidades.
Apoyo europeo
Las instituciones europeas han salido en su apoyo. António Costa, presidente del Consejo Europeo, recordó que el TPI «ayuda a brindar justicia a las víctimas de algunos de los crímenes más horrendos del mundo». «Para llevar a cabo esta labor esencial –defiende– sus jueces y funcionarios deben poder actuar de manera independiente y sin presiones externas». En la misma línea, la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, subraya que el Tribunal «es la piedra angular del sistema de justicia penal internacional y de la lucha mundial contra la impunidad». De quien sea, incluido Trump.
Estados Unidos siempre ha mirado de reojo el TPI. La Administración del demócrata Bill Clinton (1993-2001) participó en la redacción del Estatuto de Roma, de donde surgió la Corte de La Haya, pero nunca ratificó el tratado. La llegada a la Casa Blanca del republicano George W. Bush desató una indisimulada hostilidad contra este organismo internacional. El demócrata Joe Biden (2021-2025) rebajó la tensión y, al parecer, colaboró en la trastienda con el TPI. Ahora, Trump ha ordenado desmontar piedra a piedra un componente clave del Derecho Internacional. Quiere imponer su propia ley, la del más fuerte.
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