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Sr. García .Málaga
Domingo, 8 de febrero 2026, 00:01
... el marido y la mujer, tras la intención del Gobierno de aplicar el llamado escudo social. Resulta que ambos tienen dos viviendas en común, pero la mujer heredó un piso de sus padres, inmueble que actualmente tiene alquilado. O sea, que esta señora tiene tres pisos, con lo que tendría peor derecho que su esposo, que tiene dos, y si se decidiera a alquilar uno de ellos tendría la posibilidad de pedir el desahucio de los inquilinos morosos, sean o no vulnerables.Pues bien, si los arrendatarios tuvieran la mala fortuna de perder su empleo y dejaran de pagar la renta mensual, esta mujer no podría desahuciarlos si se declarase la vulnerabilidad de la familia que vive en su hogar, a la que tendría que seguir pagando la luz y el agua. ¿Es esto justo? ¿Esta mujer merece esa desprotección? Pues esto es lo que puede propiciar la nueva norma del Ejecutivo, que tiene que ser aún convalidada en el Congreso de los Diputados. En nombre de la vulnerabilidad se pueden cometer muchos atropellos que perjudican a terceros de buena fe, que no tienen por qué hacerse cargo de las desgracias de los demás.
Es cierto que los propietarios afectados pueden pedir a la comunidad autónoma que le pague la renta de los vulnerables, pero ojo, no se incluyen las rentas pasadas antes de la citada declaración de vulnerabilidad, que perfectamente pueden superar los dos años. O sea, que lo anterior se da prácticamente por perdido y encima tienen que 'tragarse' al inquilino, que en muchos casos son auténticos caraduras especializados en jugar con el tema de la vulnerabilidad. No es de extrañar contemplar a esos vulnerables de pijama con iPhone en la mano desayunando prácticamente a diario en bares de algunos barrios de la ciudad. Llama la atención a este respecto que haya tanta gente en esta situación, cuando hay miles de puestos de trabajo que no se ocupan, por ejemplo, en sectores como la hostelería, la construcción, la agricultura o el cuidado de mayores…
Sin embargo, el Gobierno no dice nada de liberar de las obligaciones inherentes que tienen los propietarios de estas viviendas que pueden ser disfrutadas por personas vulnerables a las que no pueden desahuciar. Por ejemplo, por qué no se plantea que los dueños no tengan que incluir en sus respectivas declaraciones del IRPF la mera tenencia de estos pisos cuando han dejado de percibir la renta, como están obligados a hacer en la actualidad. Eso sería lo justo, ¿no? O por qué no se les libera de pagar el correspondiente IBI del año en el que no han percibido la renta. De eso no habla absolutamente nadie, ahí no se perdona nada, porque perderían las arcas de las administraciones. ¡Hasta ahí podríamos llegar!
Pero hay que ir a la mayor y no caer en la trampa del Gobierno, que está consiguiendo demonizar a las personas que gracias a su esfuerzo han conseguido comprar varios pisos. ¿Dónde está escrito que eso sea algo malo perseguible por decreto ley? Igual ocurre con los bancos, a los que se presenta como entidades sin alma a las que hay que desplumar. Si tienen tantos pisos es que se han ejecutado las hipotecas por impago. ¿Acaso se quiere que renuncien a ellas y que se regalen los inmuebles por la cara? ¿Es que tienen que tener peor derecho que el de una persona que sólo tenga un inmueble? Somos adultos y ya se sabe lo que ocurre cuando no se paga una hipoteca. Los bancos tienen que tener sus cuentas saneadas, pues ya tenemos ejemplos en el mundo de lo que ocurre cuando estas entidades quiebran, pues se pueden llevar por delante a toda una sociedad. El Gobierno y los ayuntamientos no tienen reparos en poner la mano para cobrarles por la tenencia de numerosos pisos con sus correspondientes impuestos, como apuntaba anteriormente. Para eso son magníficos contribuyentes y no son alimañas que están especulando con las viviendas a las que tiene derecho el pueblo.
Que no nos líen. Efectivamente hay un problema con la carestía de la vivienda, pero la responsabilidad no la tienen los dueños de las casas, sino las administraciones que han estado años sin promover viviendas de protección oficial, sobre todo por parte del Gobierno central, que lleva bastantes años batiendo récords de recaudación de impuestos. Ahora quieren poner parches y culpar a los terceros, más que nada porque no tienen tiempo suficiente para levantar nuevos barrios. Eso no es tan fácil, sobre todo, por la pesada carga burocrática que conlleva. Sólo les queda que se pongan en el mercado miles de viviendas que actualmente no están en el mismo porque los propietarios no se fían de los efectos de los impagos. Mientras no se arregle esto no habrá nada que hacer. Los propietarios no quieren convertirse en vulnerables. Normal.
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