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La Asociación Madrileña de la Empresa Familiar (AMEF) denuncia la posición de "inferioridad" del contribuyente en España ante un Fisco "extremadamente poderoso" y lanza una propuesta con una veintena de medidas de cambio.
Los empresarios madrileños conviven con dos modelos de políticas fiscales prácticamente antagónicos. Uno, el que desde hace más de dos décadas vienen aplicando los diferentes gobiernos de la Comunidad de Madrid dentro de sus posibilidades y competencias, basado en un alivio progresivo de la carga fiscal para espolear la actividad económica, favorecer la inversión y, con ello, la creación de riqueza y empleo.
Y otro, el marco tributario general que se aplica en el conjunto del Estado español y que es todo lo contrario: "Muchas veces injusto, amén de ineficaz, con el contribuyente", al que sitúa en "una posición de inferioridad" respecto a Hacienda y con un sistema sancionador que se caracteriza por su "dureza". Un cóctel de factores indigesto para la inversión, la actividad empresarial y la generación de empleo. Así se desprende de un informe de la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar (AMEF) en el que se plantea una amplia reforma del sistema tributario español para reequilibrar la relación entre los contribuyentes, ya sean compañías o particulares, y el Fisco.
"La empresa familiar de Madrid reclama una reforma fiscal que recupere la dignidad y el respeto al contribuyente ante un Fisco extremadamente poderoso", señala a EXPANSIÓN Antonio Barderas, director de AMEF, quien añade que "con base en el respeto tanto a ciudadanos como a empresas, deben actualizarse las actuales reglas de funcionamiento de la Hacienda española con una imprescindible regeneración democrática, ausente desde hace ya demasiados años".
En el informe, elaborado a solicitud de AMEF por el catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Barcelona Luis Manuel Alonso González y al que ha tenido acceso este diario, se ponen sobre la mesa una veintena de medidas que permitirían mejorar la posición del contribuyente fiscal en España en sus relaciones con Hacienda, porque "el contribuyente no puede ser un ciudadano de segunda", señala Alonso, en referencia al trato que ahora percibe por parte de la Administración tributaria.
Así, el documento aborda la necesidad de esa reforma desde diferentes ámbitos: el mal funcionamiento actual del sistema; la elevada presión fiscal sobre empresas o ciudadanos; la mejora de los derechos y garantías de los contribuyentes, o la necesidad de un sistema sancionador más proporcional.
Litigiosidad
Sobre el primer punto, el informe alerta de que el actual modelo de relaciones entre los contribuyentes y la Hacienda Pública "promueve la litigiosidad hasta extremos que ya no son soportables", en un contexto en el que el inadecuado funcionamiento del Fisco queda patente en el hecho de que, desde hace muchos años, más del 40% de las reclamaciones económico-administrativas las terminan ganando finalmente, "en todo o en parte", los contribuyentes, señala el autor de la propuesta. El caso más reciente y sonado por su impacto mediático es el de la cantante Shakira tras la sentencia de la Audiencia Nacional condenando al Fisco a devolverle 60 millones de euros. Es un "caso muy llamativo, pero no excepcional", señala Luis Manuel Alonso.
Por ello, el informe de la AMEF reclama la incorporación al sistema de mecanismos intermedios de resolución de conflictos "para aliviar el volumen de litigiosidad en materia tributaria", ya sean herramientas de mediación como las que existen en Alemania o Países Bajos; de arbitraje, como en Portugal, o de conciliación, como en Italia. España, sin embargo, "no prevé nada". La Asociación Madrileña de la Empresa Familiar reclama también "una mayor imparcialidad de la actuación de los órganos de Hacienda", con la incorporación de personas no dependientes de la Administración que "eviten el sesgo favorable" hacia el Fisco "que hoy en día es tan perceptible".
Lucro y responsabilidad
El informe pide también que se ponga coto al lucro económico de los inspectores de Hacienda por hacer su trabajo, cuestión en la que genera un "amplio recelo" que sus retribuciones estén vinculadas al "volumen de liquidaciones que dictan", y pone sobre el tapete la necesidad de exigir responsabilidades a aquellos funcionarios que cometan errores, por ejemplo, con medidas que neutralicen "su enriquecimiento a base de actuaciones que son declaradas contrarias al ordenamiento". En la actualidad, tanto el funcionario como los superiores que le han avalado en una actuación eventualmente incorrecta "carecen de la menor responsabilidad".
El documento, que aboga por el retorno a una mayor atención presencial al contribuyente o por tener en cuenta su "biografía fiscal" a la hora de imponer sanciones, pidiendo un trato más "comprensivo" con quienes hasta ese momento "nunca han faltado a sus deberes tributarios", cree necesarios cambios en un sistema fiscal diseñado hasta ahora para "favorecer los intereses recaudatorios de la Hacienda Pública".
En este sentido, plantea racionalizar los procedimientos de derivación de responsabilidad tributaria; esto es, aquellos en los que "un sujeto que no realiza el hecho imponible es quien responde del pago de la deuda tributaria", reclamando que estos se limiten a aquello casos donde esté acreditado "que su participación en los hechos ha permitido al deudor principal eludir su obligación de pago ante el Fisco".
Sanciones
Sobre el régimen sancionador, que sobresale por su "dureza", el informe exige que las funciones liquidadoras y sancionadoras no recaigan en el mismo funcionario; que se introduzca el principio de proporcionalidad, de modo que no se castiguen del mismo modo "las conductas netamente dolosas" de las actuaciones negligentes; que se reduzca la sanción para aquellos contribuyentes que colaboran con Hacienda y abonan la multa "sin dilación", cosa que ahora no ocurre; o que en la legislación administrativa del Fisco se reconozca el derecho al error, como recientemente hizo, por ejemplo, Cataluña.
El informe pide también la proscripción del llamado "segundo tiro" (cuando la Administración se equivoca al regularizar y puede volver a hacerlo aunque la primera sentencia haya anulado su primera liquidación); admitir la regularización voluntaria incluso una vez iniciado el procedimiento administrativo, o potenciar la figura del Defensor del Contribuyente, ampliando sus competencias y dotándola de los medios necesarios para desarrollarlas.
Supresión del impuesto a las fortunas y deflactación
Los ingresos fiscales del Estado no han parado de crecer en los últimos años, hasta batir un récord tras otro. ¿Gestión? ¿Persecución del fraude? Puede, pero solo en parte, porque en buena medida esas recaudaciones históricas se sustentan "en una fiscalidad voraz y en la no adaptación de las normas fiscales a la inflación", señala el informe elaborado por el catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Barcelona Luis Manuel Alonso González para AMEF.
Un afán recaudatorio que no es inocuo para la actividad económica. De un lado, porque los altos impuestos ahuyentan a la inversión. Y de otro, porque empobrecen a los ciudadanos. Así, el documento solicitado por AMEF exige la supresión del Impuesto Temporal a las Grandes Fortunas, fruto, según el análisis de "una radical ideologización de la materia fiscal", y que vino a armonizar por la puerta de atrás el Impuesto de Patrimonio. Un tributo de nuevo cuño que, según el informe, envía "una señal disuasoria en cuanto a la llegada de nuevos capitales a España", incentivando "la búsqueda de jurisdicciones fiscalmente menos agresivas" y, por tanto, mermando el potencial de inversión.
Sobre la negativa tajante del Gobierno a deflactar la tarifa del IRPF (cosa que sí hicieron en su día Madrid y otras comunidades en el tramo autonómico del tributo), la AMEF subraya la "necesaria indexación de las normas fiscales a la inflación y su revisión periódica", por que el alza de los precios "se comporta como un impuesto oculto y, por tanto, ilegal, y lesiona gravemente la capacidad económica de los ciudadanos".
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