- Luz verde a tramitar la ley que obligará a transparentar a 28.000 'lobbies'
- España necesita una "ejecución de urgencia" de los fondos europeos para cobrar el último pago
El Congreso de los Diputados vota hoy el decreto que el Gobierno aprobó en agosto y que cuenta con la oposición de los sindicatos y la patronal. Junts avanza su 'no' al texto y el PP deja su apoyo en el aire después de que grandes empresas como Renault, Tesla, Enagás o Exolum ya se hayan inscrito en el registro de grupos de interés.
Día crucial para el último desembolso de los fondos europeos. El Congreso de los Diputados debate y vota hoy el real decreto-ley que el Gobierno aprobó en agosto para regular a los grupos de interés -o lobbies- y que, entre otras obligaciones, recoge la creación de un registro de entidades que ya ha echado a andar con más de 250 asociaciones sectoriales, organizaciones profesionales y de consumidores; o grandes empresas.
La convalidación del texto está en el aire, después de que Junts haya avanzado que votará en contra y el Partido Popular todavía no haya avanzado el sentido de su decisión, si bien desde el PSOE reconocían ayer las escasas probabilidades de obtener el visto bueno de la Cámara Baja.
En juego parte del último pago de los fondos europeos
Si el Parlamento decide hoy tumbar el decreto que aprobó el Gobierno el mes pasado, España podría perder hasta 1.500 millones de euros del último pago de los fondos europeos debido al incumplimiento de uno de los hitos comprometidos con Bruselas dentro del Plan de Recuperación.
Así se desprende de la metodología orientativa que la Comisión Europea utiliza para establecer el coste por cada hito no cumplido. Sin embargo, fuentes gubernamentales matizan esta cifra a EXPANSIÓN, asegurando que podría ser menor teniendo en cuenta los ajustes que el mecanismo prevé "en función de las características de las medidas que se requieren para cumplir" cada objetivo.
Precisamente el desbloqueo del último pago -que rondaría los 26.000 millones de euros- parece ser el motivo por el que el Consejo de Ministros aprobó el real decreto-ley el 25 de agosto. La Comisión Europea dio de plazo hasta el día 31 del mes pasado para cumplir con todos los hitos, y el Ministerio de Economía que lidera el vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, tendrá hasta el próximo 30 de septiembre para justificarlos y efectuar la solicitud de dichos fondos.
Anteriormente, el Ejecutivo ya intentó tramitar una ley de lobbies en la Cámara Baja, aunque la falta de acuerdo finalmente ha obligado al Gobierno a aprobar el texto in extremis por la vía del real decreto-ley. En caso de que el Congreso no dé hoy su sí a la nueva regulación, Economía se vería obligado a corregir la solicitud del último desembolso de los fondos europeos para optar a un máximo inferior, hasta incluso los 24.500 millones de euros, que debería ser evaluado por la Comisión Europea para efectuar el pago antes del 31 de diciembre, cuando vence el plan de recuperación de la pandemia que Bruselas puso en marcha en 2021.
Fuera de la Cámara Baja, donde el apoyo del PP es todavía una incógnita, el texto cuenta con la oposición frontal de los sindicatos y de la patronal. Los agentes sociales consideran que su equiparación con los grupos de interés -el decreto recoge que deben inscribirse en el nuevo registro público para poder reunirse con representantes políticos y altos funcionarios- "supone ignorar, por parte del legislador, las funciones representativas y constitucionales" de las organizaciones sindicales, según denunciaron hace unos días UGT y CCOO en un comunicado conjunto.
En el mismo sentido, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, se ha mostrado contrario en los últimos días a que el Gobierno incluya a la principal organización empresarial del país en el texto. Por ello, el pasado miércoles anunció que la confederación ha cortado todo tipo de comunicación con el Ejecutivo, al menos, hasta que el Congreso vote el real decreto-ley durante la jornada de hoy. Hasta entonces, "ni nos pondremos al teléfono", aseguró.
El sector apoya el decreto
La regulación de los grupos de interés, no obstante, sí parece contar con el apoyo de los profesionales dedicados al lobby. Así lo afirman desde la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (Apri), cuyo presidente, Carlos Parry, reconoce a este diario que el texto del real decreto-ley que vota hoy el Parlamento "mejora dos puntos muy importantes que reclamamos con el anterior proyecto de ley".
Se trata, en primer lugar, de la existencia de "una autoridad independiente que velara por el cumplimiento de la norma y por el registro". Un organismo que, en este caso, sería el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno; y, por otro lado, de la garantía de interoperabilidad entre el registro estatal de grupos de interés y los que ya existen en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos. Al respecto de este punto, desde el sector del lobby venían reclamando que "no se pueden tener 200 registros que no se hablaran entre ellos, puesto que estaríamos creando una burocracia que lo hace inasumible", uno de los argumentos de Junts para votar en contra.
Además, Parry señala que el texto "recoge la mayoría de propuestas de los grupos parlamentarios y cumple con los estándares europeos", a pesar de las previsibles dificultades para aprobarlo. La debilidad del Gobierno en la Cámara Baja podría escenificarse de nuevo, en este caso, con un nuevo real decreto-ley que perdería su vigencia menos de un mes después de aprobarse.
Renault, Tesla, Enagás o Exolum, entre las empresas inscritas en el nuevo registro estatal de grupos de interés
Después de que el Gobierno aprobase el real-decreto ley que regula las relaciones de los lobbies con la Administración General del Estado el pasado 25 de agosto, el Registro Estatal de Grupos de Interés echó a andar hace apenas una semana.
Se trata de un directorio en el que todas las empresas y organizaciones que mantengan reuniones con los representantes políticos y los altos funcionarios públicos deben estar dadas de alta. Entre los datos que recoge el registro se encuentran el CIF o el NIF de la entidad, la categoría profesional -si se trata de una sociedad mercantil, una asociación o una organización profesional, por ejemplo-, sus ámbitos geográficos de influencia y de interés; el número de personas implicadas en la actividad de los grupos de interés o el porcentaje de su presupuesto destinado a ejercer la actividad de lobby.
Durante su primera semana de vida, el registro estatal ha recibido más de 250 solicitudes de inscripción, según los datos del Consejo de Transparencia. Entre las entidades que ya han hecho este trámite se encuentran importantes empresas, como Renault, Tesla, Enagás, Nestlé o Danone, según ha podido comprobar EXPANSIÓN. También la comercializadora Feníe Energía; la compañía de alquiler de coches Amovens; la firma de moda H&M; el operador español para el transporte y el almacenamiento de hidrocarburos Exolum; o las tecnológicas HP y Ericsson.
Asimismo, el listado incluye la presencia de múltiples organizaciones profesionales y empresariales de sectores como el transporte, la industria cárnica, la pesca, la medicina, la energía fotovoltaica, la limpieza o la consultoría. También se recoge el alta de diversas organizaciones de consumidores y ONG.
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