Oriol Junqueras da por hecho que hoy abandonará La Moncloa con un acuerdo de financiación que privilegie a Cataluña por dos vías. Por un lado, el líder de ERC espera que su reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sirva para acordar que el nuevo modelo garantice el principio de ordinalidad, que establece que las comunidades autónomas que más aportan a la caja común sean también las que más reciben. Los republicanos estiman que esa modificación permitirá a la región catalana ingresar 5.000 millones anuales más para corregir su supuesto «déficit fiscal». Esta previsión es compartida por el Govern de la Generalitat que, ayer, a través de su portavoz, Sílvia Paneque, dio por sentado que la nueva y «justa» financiación permitirá que «lleguen los recursos en proporción a lo que genera Cataluña».
Además, Junqueras pretende amarrar hoy el traspaso de la gestión del IPRF a la Agencia Tributaria Catalana. Ésta es una cuestión capital para ERC, que considera la recaudación total de este tributo el primer peldaño hacia la «soberanía fiscal» catalana. Según el acuerdo de investidura entre los republicanos y el PSC para ungir a Salvador Illa president, el fisco catalán debía gestionar ya la totalidad de este impuesto en la campaña de la Renta de este 2026, pero Junqueras acabó aceptando que se retrasase la aplicación de este punto para dar tiempo a la Hacienda catalana a muscularse con más recursos humanos, dado que actualmente tiene unos 850 trabajadores, frente a los 4.400 de la delegación de la Hacienda estatal en Cataluña.
A finales de julio, Illa retrasó el inicio de la recaudación del IRPF a 2028, sin ser capaz de fijar cuándo la Agencia Tributaria Catalana podrá gestionar el total del impuesto, que supone unos 25.000 millones de euros. Actualmente, el fisco catalán solamente gestiona unos 5.000 millones.
Si existe acuerdo en estos dos aspectos, ERC considerará un éxito el encuentro y se abrirá a negociar -que no a apoyar automáticamente- tanto los Presupuestos del Estado como los de la Generalitat.
Sin embargo, el Gobierno espera más. Ambiciona que el pacto de financiación que se esboce en la reunión entre Sánchez y Junqueras garantice el apoyo de ERC al Ejecutivo para lo que reste de legislatura.
La ya inestable situación del Gobierno en la Cámara Baja desde hace dos años se le ha complicado aún más tras el anuncio de bloqueo por parte de Junts acusándolo de «incumplir» sus compromisos. Por ello, la escenificación del respaldo del resto de fuerzas que apoyaron su investidura -y en particular la del partido rival de Carles Puigdemont en Cataluña- adquiere un gran simbolismo para el presidente en uno de sus momentos más delicados por el avance de las investigaciones sobre los presuntos casos de corrupción que afectan a su entorno y su partido, a lo que se suma ahora el rosario de denuncias por acoso sexual contra cargos socialistas de distinto nivel.
En el Gobierno, a su vez, precisan que en el encuentro de hoy no va a permitir dar por cerrado el acuerdo de financiación para Cataluña, aunque señalan que, «obviamente», es uno de los asuntos que se va a abordar. La presentación de la propuesta definitiva, puntualizan, la hará «cuando corresponda» la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y en el contexto general de la reforma de todo el sistema autonómico de reparto de fondos. «Esta reunión no es el marco para hacerlo. Hay que ir pantalla a pantalla», insisten en Moncloa.
ERC acepta este multilateralismo. Inicialmente hablaba de «financiación singular», pero ahora da por bueno que Cataluña reciba una «financiación justa» aunque de la reforma se beneficien, también otras autonomías, como defiende el Gobierno.
La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, y la del Parlament, Mònica Sales.EFEQuien no traga con ese cambio es Junts. Ayer, su vicepresidenta y portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, advirtió de que sólo respaldarán un modelo de financiación que sitúe a Cataluña fuera del régimen común. Dicho de otro modo, que otorgue a Cataluña un concierto a la vasca, según el cual recaude todos los impuestos y devuelva una cuota de solidaridad al Estado decidida unilateralmente por la propia Generalitat.
«Instamos a Junqueras a defender el concierto económico catalán; todo lo que sea menos que eso será un engaño y no contará con los votos decisivos de Junts», subrayó Nogueras a través de una comparecencia convocada a tal efecto.
«Recaudar algún impuesto y enviar dinero a la caja común es ser una gestoría y nosotros queremos ser un Estado», reflexionó la mano derecha de Puigdemont en las Cortes Generales, quien también ahondó en la necesidad de que el Gobierno haga públicas las balanzas fiscales antes de cerrar cualquier acuerdo de financiación autonómica.
La participación de Junts resulta, efectivamente, decisiva, pues el Congreso deberá validar los cambios legales para implantar el nuevo modelo de financiación y eso no será posible sin los siete votos del partido de Puigdemont, al no alcanzar el Gobierno y el resto de socios de investidura la mayoría absoluta.