- FRANCISCO CABRILLO
La emigración en busca de mejores condiciones de vida y empleo es un fenómeno ya antiguo en el mundo occidental.
No se entiende, por ejemplo, el crecimiento -y la prosperidad- de un país como los Estados Unidos sin atribuir un papel fundamental a los millones de inmigrantes que el país ha recibido desde el siglo XIX. Pero no cabe duda de que los flujos migratorios han experimentado un aumento muy notable en las últimas décadas, hasta convertirse en un hecho clave para entender la evolución de la economía en el siglo XXI. España fue tradicionalmente un país de emigrantes: y sólo recientemente se ha convertido en una nación receptora de inmigración masiva. Sólo un dato. En 1986, año de referencia inicial de esta serie de artículos, el número de extranjeros residentes en España no llegaba a los 250.000. Hoy supera los 7 millones. Es cierto que la población ha crecido mucho en estos cuarenta años, pasando de algo más de 38 millones en 1986 a más de 49 millones en 2026. Pero si calculamos la ratio población extranjera/población total vemos que los porcentajes han pasado de 0,6% en 1986 a 14,7% en el año actual Es evidente que un cambio en la estructura de población tan radical en menos de medio siglo ha supuesto cambios sustanciales en la economía y en la sociedad española.
Un gran número de españoles piensa que el fuerte crecimiento experimentado por el número de inmigrantes que han entrado en nuestro país en los últimos años -y que previsiblemente seguirán llegando en el futuro- constituye una de las cuestiones más relevantes que se plantean hoy a nuestra sociedad. El fenómeno es, sin duda, muy complejo y presenta aspectos muy diversos. Pero aquí presentaré solamente algunas reflexiones sobre los efectos que este proceso inmigratorio masivo puede tener sobre la economía y los servicios sociales en nuestro país. Parece que la metodología más adecuada para tales reflexiones debería ser un análisis de los costes y beneficios que para la sociedad española está suponiendo -y supondrá en el futuro- un aumento tan sustancial del número de inmigrantes.
La primera cuestión a considerar debe ser los efectos de la incorporación de los nuevos residentes al mercado de trabajo español, y sus consecuencias sobre el desarrollo de determinados sectores productivos, niveles salariales y tasas de paro. No cabe duda de que, en un país con una población cada vez más envejecida, la mano de obra extranjera es muy necesaria; incluso imprescindible en algunos sectores. Problema distinto es si el tipo de inmigrantes que está llegando -por lo general con un nivel bastante bajo de capital humano- es lo que la economía española necesita realmente en estos momentos.
Un segundo tema importante es el efecto de la entrada de nuevos cotizantes en el sistema de pensiones. Durante algún tiempo se consideró que la quiebra a largo plazo de un modelo sin capitalización podría evitarse mediante la entrada de trabajadores inmigrantes. Hoy, sin embargo, se plantean serias dudas con respecto a la influencia de estos nuevos trabajadores en el equilibrio del sistema, ya que se trata, en la mayor parte de los casos, de personas que cotizan a niveles bajos y que, en el futuro, se convertirán también en pensionistas, en muchos casos percibiendo prestaciones superiores al valor real de su flujo de cotizaciones.
El efecto de la inmigración sobre los ingresos y gastos del sector público es otra cuestión relevante. Por una parte, hay que esperar un crecimiento significativo de los ingresos públicos como consecuencia del aumento de la población activa y del PIB; por otra, sin embargo, es evidente que se está produciendo un incremento significativo del gasto en sectores como educación, sanidad y asistencia social, a causa de la entrada de un gran número de personas con ingresos reducidos. Sería muy conveniente disponer de estudios más precisos y fiables sobre este tema, del que tenemos aún una información muy insuficiente.
Y se plantea, por fin, un tema muy relevante en la España actual: el efecto que en el mercado de la vivienda tiene el creciente número de inmigrantes, que elevan de forma importante la demanda en un mercado en el que una regulación torpe viene frenando desde hace bastante tiempo el necesario incremento de la oferta.
Los economistas tenemos que mejorar nuestras técnicas de análisis para dar una respuesta convincente a los problemas antes planteados. No estaría de más revisar y actualizar el modelo de Buchanan sobre la teoría de los clubs, en el que el gran economista norteamericano se planteaba cómo determinar la dimensión óptima de recursos y gastos en situaciones en los que un mayor número de usuarios eleva el nivel de producción y reduce el coste per cápita, pero genera problemas de exceso de demanda y puede acabar reduciendo el nivel de calidad de los servicios en perjuicio de los antiguos miembros. En otras palabras, ¿cómo fijamos las dimensiones de los servicios en ese club que se llama España?
Francisco Cabrillo | Catedrático Emérito de Economía de la Universidad Complutense. Fundación Civismo
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