Respalda modificar la directiva de cooperación tributaria para facilitar el envío masivo y periódico de información financiera a terceros países sin las trabas del Reglamento General de Protección de Datos.
España y un grupo de socios comunitarios han llevado al seno de la Unión Europea un debate en la lucha contra la evasión fiscal: flexibilizar las exigencias del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en los intercambios automáticos de información tributaria con terceros países. La iniciativa, plasmada en un documento de trabajo debatido en el Grupo de Cuestiones Fiscales del Consejo de la UE, busca reformar la Directiva de Cooperación Administrativa (DAC) para blindar el trasvase sistemático de datos fiscales al exterior frente a las crecientes restricciones impuestas por la normativa de privacidad.
En el centro del debate se sitúa la explosión de acuerdos multilaterales y bilaterales para vigilar patrimonios en el extranjero. Como detalla Roberta Poza, socia de Deloitte Legal, "en los últimos años, la cooperación administrativa en materia tributaria ha supuesto un importantísimo incremento de intercambio automático de información (con fechas prefijadas sin que haya un requerimiento previo por parte de una de las administraciones tributarias implicadas). En la actualidad, nos encontramos con intercambios de información, tanto entre Estados miembros como con terceros países".
Este flujo continuo y masivo -canalizado a través de marcos como el CRS de la OCDE o el acuerdo FATCA con Estados Unidos- choca frontalmente con los requisitos del RGPD para enviar datos fuera del espacio económico europeo. La legislación comunitaria exige como regla general decisiones de adecuación (artículo 45) o garantías jurídicas estrictas (artículo 46) que muchos acuerdos con terceros países no cumplen, dejando a las Haciendas europeas en un limbo legal.
Frente a esta colisión, Roberta Poza advierte del delicado equilibrio en juego. "Esta obligación, derivada de acuerdos internacionales, debe de cumplirse teniendo en cuenta los límites impuestos por la normativa europea de protección de datos, velando por el cumplimiento de los derechos fundamentales de los ciudadanos", explica.
Para sortear este obstáculo, la propuesta remitida a Bruselas plantea recurrir a la excepción por "razones importantes de interés público" fijada en el artículo 49(1)(d) del RGPD. Históricamente, las autoridades de privacidad han interpretado que estas excepciones solo aplican a transferencias puntuales y no a envíos reiterados en el tiempo. La reforma impulsada busca consagrar por ley que el carácter recurrente, masivo y automático de los intercambios fiscales no impida invocar el interés público, permitiendo así las transferencias aunque el convenio con el tercer país carezca de las garantías específicas exigidas por el artículo 46.
La maniobra no solo busca proteger a la Agencia Tributaria de eventuales fallos judiciales que anulen estos traspasos -tras recientes reveses en los tribunales europeos vinculados a acuerdos internacionales preexistentes-, sino también liberar de riesgos a las entidades financieras y operadores que recopilan y remiten estos expedientes bajo amenaza de sanción.
En este sentido, Poza remarca la urgencia de despejar el horizonte normativo. "En este contexto, convendría aclarar la interacción entre las obligaciones de intercambio de información y la normativa de protección de datos, con el fin de proporcionar la debida seguridad jurídica a los operadores económicos que deben de cumplir con dichas obligaciones", señala.
El documento insiste en que no se pretende una dispensa general ni rebajar la protección global de los ciudadanos garantizada en el artículo 44 del RGPD. Sin embargo, en la práctica, la propuesta subordina el rigor del marco europeo de privacidad a la eficacia recaudatoria internacional, asegurando que los fiscos sigan compartiendo y recibiendo datos bancarios sin temor a vulnerar los derechos digitales de los contribuyentes.
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