La primera de estas acciones es la asignación de responsabilidades legales directas. El mandatario adelantó una reforma a la legislación española que hará responsables a los altos ejecutivos de las plataformas digitales por las posibles infracciones a la ley que se cometan dentro de estos espacios. “Esto significa que los CEO de las plataformas tecnológicas deberán enfrentar responsabilidades penales si no eliminan contenidos ilegales o mensajes que inciten al odio”, puntualizó Sánchez.
La segunda medida contempla la tipificación de nuevos delitos relacionados con el entorno digital. El Gobierno español pretende convertir la manipulación algorítmica y la amplificación deliberada de contenidos ilegales o falsos en delitos claramente definidos. El objetivo, explicó Sánchez, es frenar la proliferación de información engañosa y prácticas opacas que alteran el debate público. “La desinformación no aparece por sí sola. La crean, la promueven y la difunden determinados actores. Se acabó esconderse detrás del código y fingir que la tecnología es neutral”, afirmó.
Como tercer eje, España implementará un sistema de medición de la huella de odio, destinado a rastrear, cuantificar y exponer el papel que desempeñan las plataformas digitales en la amplificación de discursos violentos o discriminatorios. Aunque los detalles técnicos de este mecanismo aún no se han dado a conocer, el Ejecutivo señaló que permitirá establecer criterios objetivos para imponer sanciones en el futuro y evaluar el impacto real de las plataformas en la convivencia social.
se convirtió en el primer país en vetar el uso de plataformas como Facebook e Instagram a menores de 16 años, estableciendo un precedente a nivel internacional.Aunque en todos los casos la restricción busca evitar que niños y adolescentes se expongan de manera temprana a los riesgos asociados al uso intensivo de internet, especialistas advierten que el bloqueo por sí solo podría no ser suficiente para cumplir ese objetivo. Además, subrayan que existen aspectos clave que deben considerarse para evitar que la medida resulte meramente simbólica o incluso contraproducente.
Recibe en tu correo lo más relevante sobre innovación e inteligencia artificial con el newsletter de WIRED en español.ArrowPor su parte, Paloma Llaneza, CEO de Razona Legaltech y experta en identidad digital, advirtió que los sistemas de verificación de edad deberán diseñarse con extremo cuidado para no poner en riesgo los datos personales de los usuarios. “Cualquier mecanismo de verificación debe garantizar la privacidad de las personas. Si hablamos de soberanía digital, lo primero es impedir que los datos biométricos de los ciudadanos queden en manos de terceros o de otros países”, señaló en declaraciones recogidas por SMC España.
Aunque cada vez más países analizan la posibilidad de prohibir las redes sociales a menores de edad, algunos expertos cuestionan la solidez de la evidencia científica que respalda estas decisiones. Argumentan que no existen pruebas concluyentes que demuestren que este tipo de vetos reduzca de forma directa los problemas de salud mental en adolescentes.
En ese sentido, José César Perales, catedrático del Departamento de Psicología Experimental de la Universidad de Granada, afirmó que “la calidad de la evidencia sobre el impacto del uso de redes sociales en la salud mental es relativamente baja”. A su juicio, se trata de una medida drástica sustentada en una base empírica limitada. “Es una decisión popular y políticamente sencilla, pero cuyos efectos reales aún no comprendemos en toda su magnitud”, concluyó en SMC España.