España deberá garantizar la repatriación de los inmigrantes que, tras ser regularizados en el proceso que el Gobierno comenzará ya este mes de abril, intenten asentarse en otro país de la UE. Fuentes de la Comisión Europea así lo adelantan, al tiempo que confirman, como publicó ayer EL MUNDO, que efectivamente esas personas deberán regresar a territorio español en el momento en el que sean encontradas en situación "irregular" en otro Estado miembro.
"Los Estados miembros deben garantizar que estas decisiones no afecten a la correcta aplicación del sistema de migración y asilo de la UE. En particular, los Estados miembros deben asegurarse de que cualquier beneficiario de un permiso de residencia nacional que sea encontrado en situación irregular en otro Estado miembro, o que solicite asilo en otro Estado miembro, sea devuelto al Estado miembro que expidió dicho permiso de residencia", exponen desde la Comisión.
Ese proceso de repatriación tiene, evidentemente, un coste que a juzgar por las advertencias de la Comisión recaería también sobre España. Pero las fuentes del Ejecutivo comunitario consultadas por este periódico señalan que es una cuestión que "se debe tratar entre los países". Esto es, el Ejecutivo español podría negociar con el país y llegar a un acuerdo sobre esta cuestión. O no.
Desde la Comisión, además, inciden en el mensaje que ya trasladó el comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner, en este periódico: "Un permiso de residencia no otorga autorización para establecerse en cualquier lugar de la UE, sino únicamente para vivir y trabajar en el Estado miembro que lo expidió. Si una persona titular de un permiso de residencia nacional es encontrada en situación irregular en otro país de la UE, esa persona debe regresar a España".
El comisario austríaco añadió además que "la decisión de regularizar la situación de nacionales de terceros países que se encuentran en situación irregular en un espacio sin fronteras interiores puede tener un impacto en otros Estados miembros". "Podría suponer un problema para los demás Estados miembros si, por ejemplo, esa persona se da a la fuga", expuso.
Desde el Gobierno de España son conscientes de las advertencias de la UE, y ayer se quiso trasladar un mensaje de tranquilidad al resto de socios. "La regularización dará derecho a un permiso de trabajo en España", apuntó ayer la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
La medida, como ya se ha apuntado, debería ponerse en marcha ya en el mes de abril que este miércoles comienza. Pero la actuación está siendo ahora mismo analizada por el Consejo de Estado, por lo que podría sufrir un cierto retraso. El Ejecutivo, en cualquier caso, asegura que "habrá plazo" para la tramitación de todas las solicitudes que se presenten.
Las primeras estimaciones apuntaron que el proceso podría regularizar a un total de 500.000 personas, pero hay otras previsiones que elevan la cifra hasta los 800.000 beneficiarios. Este segundo dato es el que siempre señala el PP, que ha sido muy crítico con el proceso del Gobierno de Pedro Sánchez. El presidente de la formación, Alberto Núñez Feijóo, le trasladó su malestar a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, durante la cumbre del PP Europeo celebrada en febrero en Zagreb.
Y desde ese momento también el Ejecutivo comunitario ha sido más contundente. Porque si en un primer momento señaló que era una cuestión nacional, ahora siempre se alerta de las posibles consecuencias que la regularización puede tener para el resto de países de la Unión Europea.