- ARTUR ZANÓN Londres
España se consolida como sede arbitral con un número creciente de casos y reformas que buscan impulsar la competitividad y la transparencia, aunque el entorno legal sigue aconsejando a los inversores la búsqueda de jurisdicciones fuera de la Unión Europea para ejecutar laudos contra el país, de acuerdo con el informe Arbitration Year in Review correspondiente a 2025.
El avance no oculta que está por detrás de muchas jurisdicciones. Según un estudio de Queen Mary University of London y White & Case, España solo es elegida por un 2%, frente al 34% de Londres, líder mundial (ver apoyo).
Las disputas sobre energías renovables siguen centrando la actividad de España en el arbitraje. Se trata de disputas a largo plazo relacionadas con la retirada retroactiva de las primas al sector decretada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013, que acumulan un total de 52 reclamaciones bajo el Tratado sobre la Carta de la Energía (ECT, por sus siglas en inglés).
De todos los arbitrajes iniciados hasta el año pasado, España perdió 27, aunque en muchos el país ha recurrido. "España está clasificado como uno de los estados que menos cumple con los arbitrajes sobre inversiones, con 15 sobre 24 laudos pendientes de pagar, que suman 1.500 millones de dólares [1.290 millones de euros]", explican María Victoria Gómez, socia de White &Case; Francisco Mateo Pavía, abogado de la Corte de Arbitraje del Deporte; y Pedro Aránguez, doctorando de la Universidad Carlos III de Madrid, autores de la parte correspondiente a España del citado estudio.
"El arbitraje en España ha experimentado importantes avances en lo que respecta a la ejecución de laudos arbitrales de inversión contra España, las decisiones judiciales de los tribunales españoles sobre doctrinas arbitrales antiguas y las iniciativas legislativas sobre resolución alternativa de controversias y las reformas de las normas institucionales arbitrales", apuntan.
El informe explica que España justifica su resistencia al cumplimiento al invocar su inmunidad soberana, lo que choca con jurisdicciones como las de Estados Unidos, Reino Unido o Australia. El país se retiró del ECT de forma efectiva el 17 de abril de 2025, pero existe una cláusula de caducidad de 20 años que protege los intereses de los inversores hasta 2045.
Resoluciones
Actualmente, se han emitido 33 resoluciones contra España por un valor de 2.333 millones, cantidad que incluye intereses de demora, condenas en costas y honorarios .
El estudio explica que la ejecución por pleitos dentro de la UE sigue bloqueada por causa del marco legal de la UE y las decisiones de la Comisión Europea sobre ayudas de estado, por ejemplo, con la decisión en la que se advierte a España de que no puede pagar el laudo de 101 millones contra Antin porque constituiría una ayuda de Estado.
Fuera de la UE, España tiene varios enfrentamientos abiertos. Por ejemplo, los tribunales británicos dictaron el pasado octubre que los derechos bajo un laudo del Centro Internacional para Acuerdos en Disputas de Inversiones (Ciadi) no pueden ser cedidos a terceros. En Australia, la Corte Federal permitió ejecutar laudos por 470 millones contra España al considerar que el país renunció a la inmunidad soberana cuando ratificó el convenio del Ciadi y no puede invocar la ley comunitaria.
También observa un primer signo de cumplimiento en España tras el pago de 32 millones en junio de 2025 a Blasket, firma para la que, al ser de fuera de la UE, las normas de restricciones de ayudas de Estado de la UE no aplican.
Consolidación
El informe destaca que Madrid comienza a consolidarse como un centro de arbitraje y cita dos casos de especial trascendencia. Uno se refiere al que enfrenta a Cabify con Auro, con la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para aclarar el estándar de revisión de laudos sobre normas imperativas de la UE. Otro es la confirmación de la condena a un árbitro del caso que enfrentaba a los herederos del sultán de Joló contra Malasia en tanto que los árbitros no pueden desobedecer órdenes judiciales con el argumento de su independencia arbitral.
En paralelo, el país ha llevado a cabo reformas en la Corte Española de Arbitraje (CEA) y el Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB) que "muestran la competitividad de España como sede arbitral", según el informe, además del cambio legal que favorece los arbitrajes antes de acudir a los tribunales para resolver diferencias comerciales (también civiles).
Sobre el CEA, nuevas normas desde este enero permiten un procedimiento opcional de impugnación antes de que sea definitivo y se introduce un proceso rápido (tres meses entre la demanda y el laudo) para disputas sencillas. Por su parte, el TAB incluye desde 2025 un árbitro de urgencia y una revisión preliminar de la existencia y validez del convenio arbitral.
Londres y el centro de gravedad
Londres intenta mantenerse como la capital mundial del arbitraje frente al auge de otras jurisdicciones en Oriente Próximo y Asia, que crecen a una mayor velocidad y le pisan los talones. De acuerdo con la encuesta sobre el arbitraje internacional en 2025, publicada por la Queen Mary University of London y White &Case a partir de 2.402 cuestionarios y 117 entrevistas -la muestra más extensa hasta el momento-, la capital británica es la preferida por el 34% para un arbitraje (en la encuesta se permite escoger hasta cinco opciones). Le siguen, de cerca, Singapur y Hong Kong, cada una con un 31%, mientras que Pekín (21%), París y Shenzhen (19% ambas) quedan a mayor distancia. "El centro de gravedad está moviéndose", advierten los autores, en clara referencia al sudeste asiático, pero también Oriente Próximo. Por ejemplo, la citada ciudad-estado asiática ha disparado su actividad un 227% en diez años. Por su parte, el avance de Hong Kong se explica por su factor diferencial en tanto que es percibida como un puente con la China continental, además de por su creciente especialización en criptomonedas y blockchain. El auge de los países del Golfo Pérsico está vinculado, según el estudio, al apoyo de los gobiernos, incluidas "inversiones sustanciosas", con ejemplos como Dubái, Arabia Saudí o Baréin. Otro de los cambios procede de Sudamérica:los centros de resolución de disputas de São Paulo, Santiago y Ciudad de México "son elegidos cada vez más frente a emplazamientos más tradicionales en Europa o EEUU", afirman los autores. La capital británica lidera las preferencias en todas las regiones, salvo Asia y Norteamérica (aquí, casi empatada con Nueva York),a pesar de contar con el inconveniente de ser una ciudad cara por los honorarios que se abonan y por los elevados costes asociados (precios de los hoteles o la restauración).
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