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El presidente del Gobierno rechaza el "seguidismo servil" a EEUU y anuncia que estudia ayudas a "hogares, trabajadores, empresas y autónomos" españoles para paliar el impacto económico del conflicto abierto en Oriente Próximo.
La negativa del Gobierno español a ceder a Estados Unidos el uso de las bases de Rota y Morón para su ofensiva militar conjunta con Israel sobre Irán, le valió esta semana al país una nueva amenaza de Donald Trump, que el martes lo tachó de "aliado terrible" y anunció su intención de "cortar todo el comercio con España". Lejos de achantarse, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compareció ayer para reivindicarse como portavoz de las voces críticas al mandatario estadounidense y como defensor de la "legalidad internacional". "Rechazamos este conflicto y pedimos una solución diplomática y política", declaró, al tiempo que anunciaba que estudia medidas para paliar el impacto económico del conflicto sobre la sociedad y el tejido productivo español.
"La posición del Gobierno de España se resume en cuatro palabras: no a la guerra", declaró Sánchez en una comparecencia, sin preguntas y sin prensa, desde el Palacio de La Moncloa, en la que rescató el lema de oposición a la invasión estadounidense de Iraq en 2003 . Es más, Sánchez, aprovechó para cargar contra el llamado "trío de las Azores", compuesto por los expresidentes George W. Bush, Tony Blair y José María Aznar, a los que acusó de generar con su invasión "un aumento drástico del terrorismo yihadista, una grave crisis migratoria" y fuerte inflación.
En plena escalada de tensiones, el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, aseveró ayer que la actitud de España "pone en riesgo la vida de los estadounidenses", y volvió a afear al país negarse a alcanzar el gasto en Defensa del 5% del PIB pactado por los miembros de la OTAN.
"Es absolutamente inaceptable que aquellos dirigentes que son incapaces de cumplir su cometido usen el humo de la guerra para ocultar su fracaso y llenar de paso los bolsillos de unos pocos", "los únicos que ganan cuando el mundo deja de construir hospitales para construir misiles", replicó Sánchez, criticando a quien cree que "practicar un seguidismo ciego y servil es forma de liderar".
Sánchez, que aclaró que su Gobierno está en contra del régimen de los ayatolás pero que defiende una solución pacífica, recibió el apoyo la UE frente a la intimidación de EEUU. "Cualquier amenaza comercial dirigida a un Estado miembro es, por definición, una amenaza contra la Unión Europea", zanjó ayer el vicepresidente de la Comisión Europea encargado de la política industrial, el francés Stéphane Séjourné. La vicepresidenta del Ejecutivo comunitario y comisaria de Competencia, Teresa Ribera, recordó que el comercio exterior de la UE "se negocia en bloque" y que no es posible "entablar represalias" únicamente contra un país.
Centrado ya en las consecuencias del conflicto actual, Sánchez recordó que el ataque de EEUU e Israel sobre Irán el pasado sábado, que acabó con la cúpula del régimen de los ayatolás incluyendo al líder supremo, así como la respuesta armada de Teherán por todo Oriente Próximo ha causado "el desplome de las bolsas internacionales y la disrupción del tráfico aéreo y del estrecho de Ormuz, por el que transitaba hasta hace muy poco el 20% del total del gas y petróleo mundial".
"Nadie sabe con certeza qué pasará ahora", admitió Sánchez, aseverando que hay que "estar preparados" para "la posibilidad de que esta sea una guerra larga, con numerosas bajas y, por tanto, con consecuencias graves también a escala global en términos económicos". En respuesta, detalló, "el Gobierno de coalición progresista va a hacer lo mismo que ha hecho en otros conflictos y en crisis internacionales", dijo en alusión a las medidas desplegadas, por ejemplo, tras la invasión rusa sobre Ucrania.
Las medidas sobre la mesa
En este sentido, anunció el presidente, el Ejecutivo está estudiando posibles "medidas para ayudar a los hogares, a los trabajadores, a las empresas, a los autónomos, y que puedan mitigar con ello los impactos económicos de este conflicto, si fuera necesario".
Fuentes gubernamentales explican que de momento todas las opciones están sobre la mesa, y que el abanico de medidas incluye las ya desplegadas en crisis anteriores. En este sentido, conviene recordar que ante crisis energéticas e inflacionistas, el Ejecutivo de Sánchez ha respondido con cuatro bloques de medidas. En primer lugar, un plan inicial de choque que incluye la rebaja o bonificación fiscal de los carburantes; la reducción del IVA de la electricidad y el gas, y la congelación del precio del butano. En segundo lugar, ayudas a empresas centradas en asistir al sector del transporte, con la bonificación del gasóleo profesional; o al de la agricultura y ganadería, con rebajas del gasóleo agrícola, ayudas directas y deducciones de IRPF. Especial atención han recibido las industrias electrointensivas y gasintensivas, que, de nuevo, serán las más afectadas. En tercer lugar, se han impulsado medidas laborales y societarias, como los ERTE energéticos y el mecanismo RED; el despliegue de avales ICO de liquidez empresarial; o ventajas por invertir en eficiencia energética. Finalmente, el Gobierno aplicó medidas sociales como la rebaja del IVA de alimentos básicos; subvenciones al transporte público; aumento del mínimo exento en IRPF; o la ampliación del Ingreso Mínimo Vital y de las prestaciones sociales.
"Si el conflicto se prolonga más de cuatro semanas, es muy probable que el Gobierno active un primer paquete de medidas con reducción del IVA de la electricidad y el gas; bonificación en carburantes; IVA 0% o reducido en alimentos básicos; y elevación del mínimo exento en IRPF", asume Marta Rayaces, experta fiscal de TaxDown.
Factura pública
Pese a la millonaria factura pública que puede generar este nuevo plan de ayudas, en un momento en el que el país aún pelea por ajustarse a las reglas fiscales europeas, Sánchez reivindicó que "gracias al dinamismo de nuestra economía y a la responsabilidad fiscal del Gobierno, España cuenta en estos momentos con los recursos necesarios para hacer frente también de nuevo a esta crisis". Aludía así al récord de recaudación de impuestos sellado en 2025, que se prevé que arroje más de 325.000 millones de euros .
"Tenemos la capacidad, también la voluntad política, y lo haremos de la mano de los agentes sociales, como lo hicimos durante la pandemia, la crisis energética o, recientemente, la crisis arancelaria", señaló Sánchez. Poco después, la vicepresidenta segunda, ministra de Trabajo y líder de Sumar, Yolanda Díaz, convocó hoy a sindicatos y patronal para negociar el paquete.
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