Javier Hidalgo, ex consejero delegado de Globalia, dueña de Air Europa, a su llegada al Tribunal Supremo.
Editorial EL RUGIDO DE EL ESPAÑOL Falta una investigación policial y judicial a fondo del rescate de Air Europa Publicada 22 abril 2026 02:39hLa comparecencia este martes de Javier Hidalgo ante el Tribunal Supremo ha terminado por derribar el último muro de contención con el que el Gobierno de Pedro Sánchez pretendía aislar el llamado ‘caso Koldo’ y ha dejado una pregunta en el aire: ¿la trama cobraba mordidas por los relativamente pequeños contratos de las mascarillas, pero no por el mucho más sustancioso rescate de Air Europa?
Lo que durante meses se intentó presentar como una trama periférica de un asesor infiel en un solo ministerio se ha revelado hoy, por boca del propio ex CEO de Globalia, como una red de interlocución sistémica que operaba con una naturalidad alarmante en las más altas instancias del Estado.
La admisión de que Víctor de Aldama no era un agente externo, sino el "canal institucional" con el Gobierno, sitúa el rescate de Air Europa en el centro de una sospecha que ya no es sólo política, sino de una lógica penal inapelable.
Hidalgo ha intentado en su declaración un equilibrismo jurídico difícil de sostener. Al reconocer que Aldama ejercía labores de interlocución "igual que las llevaba él", el empresario ha elevado la figura del comisionista a una suerte de embajador plenipotenciario de la compañía ante el Consejo de Ministros.
Esta "institucionalización del conseguidor" es, en sí misma, una enmienda a la totalidad de la transparencia administrativa.
Es inaudito que el acceso a un ministro o la gestión de un rescate de 475 millones de euros dependa de un individuo que, simultáneamente, se enriquecía con contratos de emergencia de material sanitario.
La frontera entre la legítima gestión empresarial y el tráfico de influencias se desvanece cuando el intermediario es una figura que habitaba con idéntica comodidad en el Ministerio de Transportes, en el de Industria y, según se investiga, en los círculos más próximos a la Presidencia del Gobierno.
Sin embargo, el punto de ruptura con cualquier relato oficial de inocencia reside en una contradicción que desafía el sentido común.
Resulta inverosímil, por no decir indigerible, aceptar la tesis de que Víctor de Aldama necesitara cobrar mordidas y pagar comisiones para agilizar contratos de mascarillas por valor de unos pocos millones, pero actuara por mera "gestión institucional" en la operación financiera más trascendental de la aviación española reciente.
Nadie con un mínimo de sentido común puede creer que la red de Aldama y Koldo García se movilizara para obtener beneficios en la compra de material sanitario y, al mismo tiempo, gestionara el auxilio de 475 millones de euros de dinero público por pura responsabilidad estratégica o lealtad corporativa.
La asimetría en los incentivos es demasiado flagrante. Si el "canal de comunicación" estaba engrasado para lo pequeño, es de una ingenuidad temeraria suponer que permanecía seco para lo grande.
La declaración de testigos protegidos, que han detallado ante el juez la entrega de 500.000 euros en efectivo en bolsas dentro de la sede de Globalia, ofrece una narrativa mucho más coherente con la naturaleza de la trama que la negación tajante de Hidalgo.
El rastro del dinero, ese que el ex CEO trató de ocultar este martes bajo el eufemismo de la "sangría de caja", apunta a un esquema de compensaciones que la justicia tiene el deber de rastrear hasta su último destinatario.
La jornada de hoy ha servido también para confirmar que la metástasis de la trama alcanzó otros departamentos.
La mención al Ministerio de Industria, bajo la etapa de Reyes Maroto, para tratar asuntos de promotores vinculados a Aldama, confirma que el Palacio de la Moncloa no puede seguir parapetado tras la figura de José Luis Ábalos.
El problema del Gobierno no es ya la conducta de un asesor en Transportes, sino la existencia de una estructura de mediación que garantizaba acceso preferente a cambio de beneficios que hoy, bajo el foco del Tribunal Supremo, empiezan a aflorar con toda su crudeza.
Asimismo, la sombra de la presencia de Begoña Gómez en las reuniones con Hidalgo, aunque este haya intentado desvincularla de la decisión final de la SEPI, mantiene una carga ética insoportable. En cualquier democracia con estándares de higiene pública consolidados, la mera coincidencia de intereses entre el entorno familiar del presidente y los beneficiarios de un rescate millonario habría provocado dimisiones inmediatas.
En España, por el contrario, se ha optado por el atrincheramiento y la descalificación de las investigaciones judiciales.
El Supremo se encuentra ante el desafío de demostrar si el rescate de Air Europa fue un acto de necesidad nacional o el mayor pago de favores de la legislatura.
Los españoles, en resumen, no pueden permitirse que una operación de tal calibre quede en el limbo de las "gestiones institucionales". Si hubo pagos por las mascarillas, la lógica penal obliga a investigar, con todos los medios disponibles, si el rescate fue el premio mayor de una red que entendió el Estado como un botín privado. La verdad del caso Air Europa es la verdad sobre la integridad del propio sistema.
A tenor de lo visto y oído este martes en el Tribunal Supremo, es ya irrefutable que hace falta una investigación policial y judicial a fondo del rescate de Air Europa.