- DAVID CASALS Barcelona
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Los dos grupos, que forman un alianza que quedó en segundo puesto en el proceso, presentan alegaciones por las bajas temerarias de la virtual ganadora, Veolia, y otras dos licitadoras. En juego, mil millones de euros.
El macroconcurso para gestionar el agua en ocho municipios de la conurbación de Barcelona se enzarza. Aún no hay adjudicación definitiva, pero cuando se dio a conocer el penúltimo trámite, tres de las candidatas presentaron ofertas muy por debajo del importe de licitación. Entre ellos, la de la virtual ganadora, Veolia, grupo ambiental con sede en Francia participado por CriteriaCaixa.
Aiguamet, unión temporal de empresas (UTE) participada al 50% por Aqualia -filial de FCC- y el grupo valenciano Global Omnium, acaba de formalizar dos iniciativas previas a cualquier tipo de judicialización. Lo ha hecho mediante dos escritos, a los que ha tenido acceso EXPANSIÓN.
Por una parte, han presentado un conjunto de alegaciones a la mesa de contratación y luego, una solicitud de acceso a información pública a la administración supralocal que está licitando el concurso, el Área Metropolitana de Barcelona (AMB).
La administración planteó a Veolia y a otros dos ofertantes, Gestagua (Saur) y una UTE de Facsa, Calaf e GS Inima, que justificasen sus ofertas tras apreciar "presunción de temeridad". En el caso de Veolia, su planteamiento económico incluía una baja del 60% en relación al importe de licitación. Es una cuantía que Aiguamet tilda de "extraordinaria" y "temeraria".
En las alegaciones, la sociedad asegura que tanto la memoria como el pliego de condiciones técnicas del concurso limitaban las bajas a un tope del 10%, por lo que piden excluir las tres ofertas que sobrepasan el umbral. La de Aiguamet fue la segunda mejor puntuada, por lo que debería ser la adjudicataria, consideran FCC y Global Omnium.
También avisan a la mesa de contratación que la legislación que regula los concursos públicos no permite compensar a posteriori una oferta a la baja con parámetros que no estaban contemplados inicialmente en los pliegos. Por esta razón, si el AMB acaba revisando los costes o subiendo las tarifas más allá de lo previsto, estaría atentando contra "el principio de igualdad de trato, transparencia y no discriminación entre los licitadores" que recoge la ley.
Aiguamet también pide tener acceso a los expedientes administrativos vinculados con las modificaciones en el importe del agua en todos los municipios metropolitanos, la forma de gestión de los ocho municipios que ahora se licitan y el plan de inversiones en la ciudad de Barcelona, cuya red está gestionada por una empresa mixta cuyo principal socio es Veolia. También reclama las alegaciones de las empresas al primer borrador del expediente y la respuesta que entonces dio el AMB.
La llave: Barcelona, en juego el agua y algo más
El macroconcurso del agua en ocho municipios de la conurbación de Barcelona entra en una nueva fase. No sólo está en disputa quién gestionará el servicio en ocho municipios que juntos suman 225.000 habitantes.
En Cataluña el modelo de gestión provoca debates encendidos y una de sus principales ciudades, Terrassa -con más de 200.000 habitantes-, optó por la municipalización.
Una sentencia obligó en 2020 a convocar el concurso que ahora llega a su recta final. Va a cargo del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), que optó por un modelo de gestión indirecta y centralizado. Su decisión fue vista por el sector como un respaldo a la colaboración público-privada y una oportunidad para entrar en Cataluña, feudo histórico de la antigua Agbar, Veolia.
Precisamente, esta multinacional francesa de servicios ambientales participada por CriteriaCaixa se impuso tanto en la parte técnica como en la económica. A la espera de la adjudicación formal, la segunda candidata mejor valorada mueve ficha. Es una alianza al 50% entre Aqualia, filial de FCC, y la valenciana Global Omnium, que tilda de "temeraria" la oferta de Veolia por situarse un 60% por debajo del precio de licitación.
La presentación de alegaciones ante la mesa de contratación y la solicitud de acceso a información pública es un primer paso ante un recurso administrativo o en los tribunales.
A la espera de ver si el concurso se judicializa, la pelota está en el tejado del AMB, donde el PSC ejerce un liderazgo rotundo.
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