Una mujer que lleva 22 años viviendo en Londres se enfrenta a una reclamación de 8.500 euros por el suministro de agua de una vivienda de Ferrol que abandonó en 2002, después de haber pasado allí apenas un año como inquilina.
La afectada dejó el piso a finales de aquel año sin haber dado de baja el contrato y en 2004 se instaló definitivamente en Reino Unido, donde se inscribió en el Consulado y pasó a figurar en el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE). Sin embargo, más de dos décadas después sigue apareciendo como responsable de unos recibos que se le atribuyen por no haber comunicado formalmente el fin del suministro a su nombre.
El caso, adelantado este martes por La Voz de Galicia, ha llevado a la mujer a demandar tanto al Ayuntamiento de Ferrol como a Emafesa -la empresa mixta que presta el servicio municipal de agua-, al considerar su defensa que esos importes deberían correr a cargo de la propietaria de la vivienda.
Según explica a EL MUNDO su abogado, Julio Barros, mientras se fueron acumulando los recibos, las notificaciones se remitieron a direcciones en las que su clienta hacía tiempo que ya no residía, al no conseguir localizarla. La afectada no tuvo constancia de la deuda hasta 2024, cuando consultó su cuenta bancaria y descubrió que el Ayuntamiento le había embargado los 8.500 euros.
"Es total y absolutamente surrealista. En todo ese tiempo mi clienta no tuvo constancia de que se le estuviera reclamando cantidad alguna y el Ayuntamiento no hizo nada para tratar de localizarla. Digo yo que, si estás buscando a alguien, lo primero que haces es consultar el padrón. Bastaba con hacerlo para comprobar que llevaba años viviendo en Londres", sostiene Barros, quien explica que la inscripción en el PERE deja constancia de la residencia en el extranjero y que esos datos se coordinan con los registros municipales.
Por otro lado, el abogado defiende que el reglamento municipal del agua establece "taxativamente" que si un arrendatario abandona la vivienda alquilada es el propietario quien debe comunicarlo.
En ese sentido, considera "inexplicable" que durante todo ese tiempo no se intentara ni una sola vez contactar con la propietaria del inmueble, "más teniendo en cuenta que es una persona muy conocida en la ciudad por su vinculación comercial y que la vivienda que está a su nombre y en la que vivía la afectada se encuentra a apenas 100 metros del Ayuntamiento".
Barros añade que su clienta no volvió a residir en el piso ni realizó los consumos que ahora se le reclaman. Según la documentación recabada por la defensa, durante la mayor parte de ese periodo no consta otro inquilino y la vivienda permaneció a disposición de la propiedad.
Sin embargo, nada de ello ha hecho cambiar la posición del Consistorio y la afectada ha pedido ante la jurisdicción contencioso-administrativa la nulidad de la reclamación y del procedimiento seguido para hacerla efectiva.
El juicio se celebró la pasada semana en Ferrol y queda ahora pendiente de resolución. "Le embargan la cuenta en 2024 y es entonces cuando se entera de que ese embargo viene del Ayuntamiento de Ferrol por el servicio de agua de un piso en el que no vivía desde hacía 22 años", resume Barros, que insiste en calificar la situación de "total y absolutamente surrealista".