- Flixbus logra parar la mayor concesión de autobus de España
- La pelea judicial del autobús frena contratos por más de 3.000 millones
Direbús, que tumbó el concurso de Renfe, se suma a la demanda que pone en duda el modelo concesional español.
La batalla judicial que enfrenta a España y la patronal Confebús con la Comisión Europea y Flixbus crece en intensidad después de que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) haya admitido personarse a la patronal Direbús en la causa abierta en Luxemburgo por el servicio de cabotaje ( servicios regulares internacionales que pueden embarcar pasaje en paradas intermedias dentro de un mismo territorio). Direbús, que representa los intereses de las pymes del transporte español, se ha puesto de lado de Bruselas y de Flixbus (uno de los socios de la organización) al considerar que el cabotaje cumple con los principios legales de la UE y específicamente con el Reglamento 1073/ 2009.
"Esto ya no puede presentarse como un problema puntual entre una empresa y la Administración. El tribunal europeo reconoce que existen razones para considerar que aquí se están discutiendo cuestiones de fondo que afectan al funcionamiento de todo el sector del transporte por carretera en España. Eso es exactamente lo que Direbús lleva años denunciando", señala Alfonso Taborda, presidente de la asociación.
Direbús es la misma organización que llevó a los tribunales el pliego de licitación de Renfe que pretendía crear una empresa de autobuses a través de un acuerdo marco a 15 años. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (Tacrc) aceptó buena parte de sus alegaciones y ahora Renfe debe rehacer el pliego si quiere continuar su proyecto para prestar servicios alternativos al tren.
El conflicto de Flixbus con España arrancó cuando la Comisión Europea dio la razón en abril de 2025 a las autoridades alemanas de Renania-Palatinado que autorizaron un servicio internacional de Flixbus entre Tréveris y Madrid en ambos sentidos. En esa misma línea hay distintas paradas, entre ellas Barcelona, Zaragoza y Guadalajara antes de llegar a Madrid.
La patronal Confebús, con el apoyo del Gobierno español, presentó un recurso en el TJUE contra la decisión de la Comisión Europea, además de medidas cautelares que fueron rechazadas. La decisión del TJUE podría ser un torpedo sobre la línea de flotación del sistema de concesiones español.
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