La fiscal general del Estado junto al ministro de Justicia, este lunes.
Editorial EL RUGIDO DEL LEÓN García Ortiz ya no está, pero la Fiscalía sigue dependiendo de Sánchez Publicada 1 mayo 2026 02:40hLa profunda renovación de la cúpula fiscal acometida este jueves por Teresa Peramato indica que la fiscal general del Estado no está ni mucho menos comprometida con la tarea de recuperar el prestigio perdido durante el devastador mandato de su antecesor.
Los elocuentes cambios propuestos para plazas de alta responsabilidad transparentan una hoja de ruta donde la solvencia jurídica y la neutralidad han sido desplazadas por la fidelidad orgánica, en lo que constituye una apuesta clara por el continuismo operativo.
Porque la no renovación de Almudena Lastra al frente de la Fiscalía de Madrid no responde a una rotación ordinaria, sino al relevo de una fiscal cuyo testimonio fue determinante en la causa penal ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra el anterior fiscal general, y que mantuvo la integridad institucional frente a las órdenes espurias de la anterior cúpula.
En el lado opuesto de la balanza, los nuevos nombramientos se alejan flagrantemente de los principios de mérito y capacidad.
La promoción de Pilar Fernández —esposa de Álvaro García Ortiz— como teniente fiscal de Galicia se ha realizado postergando a siete candidatos, seis de los cuales presentaban una antigüedad y un puesto en el escalafón netamente superiores.
Del mismo modo, el ascenso al Tribunal Supremo de Pilar Rodríguez carece de justificación técnica, al tratarse de una plaza en la jurisdicción social para la cual la interesada no acredita experiencia específica, encontrándose además bajo investigación judicial en el marco de la misma causa que afectó a la anterior jefatura.
Estos movimientos sólo admiten una lectura política: un ajuste de cuentas.
La nueva dirección parece haber optado por una estrategia de purgas para apartar a quienes resultaron incómodos en el pasado, mientras premia a los cuadros más leales.
Es la consolidación de un sistema de incentivos que fractura a la carrera fiscal y lanza un mensaje desolador a quienes creen en la independencia del Ministerio Público.
Cuando Teresa Peramato tomó posesión en diciembre de 2025, la buena fe obligaba a concederle un voto de confianza. Su trayectoria técnica en materia de violencia de género y el aval unánime del Consejo General del Poder Judicial sugerían una oportunidad de cambio.
Sin embargo, esa esperanza se vio defraudada con rapidez.
Ya en marzo, ante las primeras decisiones de calado, la Asociación de Fiscales (AF) advirtió de que se estaba infligiendo un "daño difícilmente reparable" al prestigio de la carrera, denunciando que la nueva dirección prefería apuntalar la "guardia pretoriana" de la etapa anterior antes que "sanar las heridas" de una institución polarizada.
Por su parte, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) alertó de un "riesgo de control político" sin precedentes, al percibir que el Consejo Fiscal se ha convertido en un mero trámite para validar la ocupación de puestos estratégicos por perfiles de estricta sintonía con el Ejecutivo.
La renovación de este 30 de abril consagra definitivamente esa línea de gubernamentalismo y nepotismo. La AF ha repudiado con dureza estas decisiones, calificándolas como una exigencia de "adhesión personal e inquebrantable" a la figura de la fiscal general.
Al ignorar el escalafón y los méritos de candidatos con currículos superiores, la Fiscalía General del Estado confirma que la afinidad ideológica es hoy el único requisito válido para el ascenso.
Pero este movimiento no es un hecho aislado. Supone un nuevo y grave paso en la dinámica de asalto a los cuerpos independientes que ha caracterizado al mandato de Pedro Sánchez.
La colonización de organismos como el CIS de José Félix Tezanos, la politización del Tribunal Constitucional o el intento de control de empresas estratégicas como Indra o Telefónica forman parte de un mismo patrón de ocupación institucional.
Conviene recordar el inmenso daño reputacional que la etapa de García Ortiz, condenado e inhabilitado por el Tribunal Supremo, infligió a la imagen de la Justicia española.
El relevo en la jefatura era el momento idóneo para regenerar la institución y reparar un descrédito que afecta a la seguridad jurídica del país. Hoy comprobamos que esa oportunidad ha quedado definitivamente malograda.
En 2019, Pedro Sánchez se preguntó en voz alta: "¿La Fiscalía de quién depende? Pues ya está". Aquella confesión de parcialidad marcó el inicio de una era de desarticulación de los contrapesos del Estado.
Hoy, aunque García Ortiz ya no ocupe la jefatura del Ministerio Fiscal, su legado de sometimiento al poder político permanece inalterado. El relevo de nombres no ha traído el relevo de métodos: la Fiscalía parece llamada a seguir dependiendo de Sánchez.