- C.MORÁN Madrid
El tribunal de recursos contractuales hace una enmienda a la totalidad del pliego para buscar un socio privado con el objetivo de crear una empresa que preste servicios alternativos al tren.
Duro golpe a los planes de Renfe en el mercado de la movilidad. La compañía, que pretendía crear este año una empresa de autobuses de la mano de un socio privado para prestar servicios alternativos al tren va a tener que modificar sustancialmente sus pretensiones, lo que, en la práctica, supondrá tumbar el plan trazado por el presidente del operador estatal, Álvaro Fernández.
El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (Tacrc) ha estimado los recursos acumulados presentados por varias organizaciones y empresas, decretando la anulación total de las cláusulas impugnadas y la retroacción del procedimiento del llamado "Acuerdo Marco de Servicio de transporte alternativo por carretera"
Según los denunciantes, el Tribunal frena en seco la pretensión de Renfe de articular sus planes de transporte alternativo por carretera a través de una macro-sociedad anónima mixta participada al 51% por un único adjudicatario privado.
El dictamen del Tacrc asegura en su extensa resolución a la que ha tenido acceso EXPANSIÓN que hay una clara falta de justificación de la necesidad de crear la sociedad. El Tribunal resalta que Renfe no ha justificado en el expediente la necesidad de constituir una sociedad filial de autobuses participada conjuntamente con un socio privado para la prestación de los servicios, frente a otras posibles alternativas de contratación ordinaria.
La resolución pone en evidencia la condición de licitar un solo lote, al censurar que Renfe configurase una licitación unitaria de alcance nacional por un valor estimado de 923 millones de euros sin fraccionarla de forma operativa o territorial. Considera que los argumentos de la operadora pública eran genéricos y que la falta de fragmentación en lotes constituye una restricción directa al acceso de las pymes locales y regionales.
Otra de los plantamientos cuestionados son los requisitos de solvencia "desproporcionados": El pliego exigía acreditar para que las empresas de transportes pudieran optar a la licitación justificar una facturación anual mínima de 75 millones de euros y la posesión en propiedad de al menos 500 autobuses (300 en el caso de acudir en agrupación de empresas). El Tacrc determina que estas elevadas exigencias, al fundamentarse en un único lote general, suponían una "restricción severa de la concurrencia" carente de motivación en el expediente.
La resolución también profundicza en las trabas injustificadas a las agrupaciones de empresas; la vulneración de los plazos legales de duración al plantear 15 años; la omisión de la publicación preceptiva en el DOUE; y la falta de transparencia y desglose de costes.
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