El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado en sesión extraordinaria celebrado este viernes un decreto-ley consensuado con Vox para modificar la Ley 4/2015, de 26 de febrero, con el objetivo de adaptar la situación de un gobierno en funciones a las "necesidades reales" de los extremeños. Se trata del primer acercamiento -y pacto concreto- entre ambas formaciones no ya desde las elecciones del pasado 21 de diciembre, sino desde muchos años, porque ambos partidos tampoco sacaron adelante los dos últimos presupuestos autonómicos.
Que dicho acuerdo aprobado hoy puede ser un punto de inflexión para futuras negociaciones y llegar a un acuerdo de gobierno en Extremadura lo ha destacado el propio líder de Vox en esta región, Óscar Fernández Calle: "Este acuerdo demuestra que cuando se trabaja con seriedad, sin injerencias ni ruido político, es posible alcanzar acuerdos útiles para Extremadura". En este sentido, ha señalado que entre ambas formaciones "existe un intercambio constante de documentación y un trabajo discreto y continuo". El presidente regional de Vox ha insistido en la importancia de mantener "la discreción que su formación exigió desde el inicio de las conversaciones, evitando en todo momento trasladar a los medios detalles de las negociaciones en curso". De hecho, ha aseverado "que la prioridad de Vox es alcanzar un acuerdo de gobernabilidad que realmente suponga un cambio en Extremadura".
Es decir, que de forma discreta existe un diálogo real para un posible acuerdo, una cuestión que no ocurría desde la noche electoral porque durante este periodo sólo se produjeron tres encuentros de escaso tiempo cada uno de ellos y sin avances, además en un contexto de acusaciones públicas en la prensa y las redes sociales. Ahora, tras fracasar el primer encuentro de investidura de María Guardiola, se abierto un plazo de dos meses (ya quedan siete semanas) para que los extremeños no vuelvan a las urnas.
Sin embargo, el acuerdo de hoy puede marcar una nueva etapa, "siempre con cautela", según las fuentes consultadas. La intención del pacto de hoy tiene como objetivo blindar "el funcionamiento y prestación de los servicios públicos y evita la paralización administrativa".
La norma, como ha informado la Junta en nota de prensa, ha sido consensuada con el Grupo Parlamentario Vox dentro de una "voluntad de entendimiento" y de "búsqueda de soluciones concretas" para Extremadura por ambas partes.
"El decreto-ley parte de una idea sencilla: un Gobierno en funciones debe actuar con prudencia y sin tomar decisiones que condicionen políticamente al futuro Ejecutivo, pero eso no puede traducirse en una Administración paralizada ni en problemas para atender a los ciudadanos", ha sostenido el Ejecutivo regional.
El presidente del Grupo Parlamentario Vox Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha subrayado que el fin es "garantizar el funcionamiento ordinario de la Administración autonómica y evitar que la situación de interinidad política perjudique a los ciudadanos extremeños y permitir que la Junta pueda seguir desarrollando actuaciones administrativas necesarias sin que se produzca una parálisis en la región".
Según explicó Fernández Calle, la regulación vigente era "excesivamente restrictiva, más que la normativa estatal o de otras comunidades autónomas, lo que estaba dificultando la gestión ordinaria de la Administración y por ello, afectando a aspectos esenciales para la vida diaria de los extremeños".
Expedientes administrativos
Con este decreto-ley, según Vox, se facilita la tramitación de expedientes administrativos, la firma de convenios, la gestión de fondos públicos, la ejecución de ayudas y subvenciones o la continuidad de procesos de función pública, "evitando que la situación de interinidad impida desarrollar actuaciones necesarias para el funcionamiento de los servicios públicos".
Entre otras cuestiones, se subraya que la norma permite garantizar la ejecución de fondos finalistas y la continuidad de ayudas dirigidas a entidades que desarrollan actividades de interés general, así como mantener procesos administrativos ya comprometidos, como la convocatoria prevista para el acceso al Cuerpo de Maestros.
Preguntado por la evolución de las conversaciones para un posible acuerdo de gobierno entre Vox y el Partido Popular, Fernández Calle ha evitado entrar en el contenido de las negociaciones y ha reiterado que su formación mantiene una posición de responsabilidad y prudencia y se ha limitado a decir que espera que la administración regional "siga funcionando y que los servicios públicos no se vean afectados por la situación política, como muestra de que cuando se busca el interés general de Extremadura es posible alcanzar entendimientos"