Fedea denuncia que sanidad y educación reciben menos peso del que tienen en el gasto real de las comunidades y pide reducir a la mitad los servicios generales
Regala esta noticia Añádenos en Google El ministro de Hacienda, Arcadi España, preside el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). (EFE) 17/08/2026 Actualizado a las 16:19h.El Gobierno afronta la recta final de la reforma del Sistema de Financiación Autonómica con la vista puesta en el Consejo de Política Fiscal y ... Financiera del 4 de septiembre y el objetivo de aprobar el nuevo modelo antes de que termine el año para aplicarlo en 2027, ejercicio en el que el Ministerio de Hacienda estima que las comunidades recibirán 20.975 millones de euros adicionales respecto al modelo vigente. El borrador del departamento que dirige Arcadi España eleva del 50% al 55% la cesión del IRPF y del 50% al 56,5% la del IVA, con la posibilidad de que las comunidades soliciten un tramo adicional de este último hasta alcanzar el 90% para financiar competencias no homogéneas, como puede ser la policía autonómica.
En su lugar, el think tank propone rescatar la idea de un «IVA colegiado». Bajo esta fórmula, el tipo de gravamen de un tramo autonómico de IVA e Impuestos Especiales sería fijado de manera conjunta por todas las comunidades a través de un organismo de carácter multilateral. Esto dotaría a las autonomías de un potente instrumento colectivo de corresponsabilidad fiscal y las obligaría a asumir de manera conjunta el coste político de las subidas de impuestos necesarias para afrontar gastos crecientes, como el envejecimiento, sin generar desequilibrios horizontales entre regiones.
Además, el aumento de los recursos tributarios contrasta con una decisión que el De la Fuente considera mucho más relevante: dejar intacto el reparto entre las distintas áreas de gasto. La fórmula del borrador mantiene Sanidad con un peso del 38%, Educación del 20,5%, Servicios Sociales del 8,5% y Servicios Generales del 30%. Unas ponderaciones que, en su opinión, no reflejan cómo gastan realmente las comunidades..
Para justificar su análisis, Fedea compara esos porcentajes con las liquidaciones presupuestarias de 2023, una vez descontada la financiación específica destinada a fines concretos, como fondos europeos o convenios estatales. El resultado es especialmente llamativo en Sanidad y Educación: la primera absorbe el 48,29% del gasto operativo neto, frente al 38% que le reconoce la fórmula, mientras que la Educación representa el 28,11%, frente al 20,5%. En el otro extremo están los Servicios Generales, cuyo peso en el gasto real se queda en el 15,62%, pese a que la fórmula les asigna un 30% de los recursos. Para corregir este desequilibrio, De la Fuente propone reducir la ponderación de Servicios Generales al 15,15% (prácticamente la mitad) y elevar la de Sanidad al 46,84% y la de Educación al 27,27%.
Retoques en la fórmula
La fórmula sí incorpora algunos retoques en el cálculo de las necesidades de gasto. En Sanidad, la población protegida equivalente se calculará con veinte grupos de edad en lugar de los siete actuales. En Educación se diferenciará entre población escolar no universitaria (17%) y universitaria (3,5%), además del alumnado desplazado. En Servicios Sociales se introducen nuevos criterios relacionados con la edad y la dependencia (dividiendo a los mayores de 65 años en dos tramos ponderados por dependencia), junto a un indicador basado en los parados sin prestaciones contributivas (1,5%) como aproximación a la pobreza.