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El Gobierno no cambia su propuesta porque la reforma se diseñó sólo para contentar a ERC.
El rechazo generalizado de los gobiernos autonómicos, incluidos los dos que controla el PSOE (Asturias y Castilla-La Mancha), no ha provocado modificación alguna en la propuesta de reforma del sistema de financiación pactado con el Gobierno con los separatistas de ERC. El Ministerio de Hacienda que ahora dirige Arcadi España ha remitido a los ejecutivos regionales la misma oferta que hizo en su día María Jesús Montero tras haberla negociado directamente con Oriol Junqueras y a espaldas de quienes deben aplicarla.
Moncloa pretende cerrar este mes a toda prisa y con tan sólo una reunión técnica y otra de alto nivel del Consejo de Política Fiscal y Financiera una modificación del modelo de reparto de los recursos para las Administraciones territoriales que lleva 12 años pendiente de actualización. No se entienden, por tanto, las prisas que tiene ahora el Gobierno de Pedro Sánchez por cerrar esta negociación como sea, salvo porque responde a la exigencia de sus aliados parlamentarios para seguir apoyándole a pesar de la catarata de escándalos judiciales que afectan al presidente y a su entorno más cercano.
El anunciado apoyo de la Generalitat catalana que dirige Salvador Illa, líder del PSC, le basta a Hacienda para sacar adelante su propuesta para reformar el modelo de financiación en la cumbre autonómica, pero no tendría sentido hacerlo con todas las demás comunidades en contra, en un raro consenso territorial. Tampoco cuenta el Ejecutivo con apoyos suficientes en el Congreso de los Diputados para ratificar un cambio tan trascendente.
La abundancia de recursos financieros gracias a la recaudación fiscal récord es lo que ha permitido a Hacienda diseñar una propuesta en la que, aparentemente, todas las regiones salen beneficiadas. Pero tras esa apariencia de reparto ajustado a las necesidades y particularidades de todos los territorios subyace la realidad de que estos cambios en la financiación autonómica no se han negociado en el foro adecuado, sin luz ni taquígrafos, que se anteponen las reclamaciones de la Generalitat catalana sobre las del resto de ejecutivos y que se incluyen mecanismos de singularidad para beneficiar específicamente a un región en concreto.
Si bien el ministro ha mostrado su disposición a reformular ciertos aspectos de la misma, su margen real es mínimo porque la reforma se diseñó exclusivamente para contentar al separatismo. Y por eso debe ser retirada para negociarse con todas las CCAA en pie de igualdad.
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