La adenda al Plan de Recuperación compromete una rebaja de beneficios fiscales por valor de 0,1 puntos de PIB para reforzar la recaudación en el primer semestre de 2026.
Hacienda se ha comprometido con Bruselas a impulsar un alza fiscal de unos 1.650 millones de euros en el primer semestre de 2026. Así consta en la adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que la Comisión Europea aprobó el miércoles, redefiniendo los objetivos que España deberá cumplir para acceder a los fondos pendientes del programa Next Generation.
En concreto, el documento establece el compromiso del Gobierno de que en el segundo trimestre de 2026 entrará en vigor una reforma legislativa que elimine o modifique beneficios fiscales españoles con el objetivo de "aumentar permanentemente la recaudación en 0,1 puntos porcentuales del PIB", esto es, los mencionados 1.650 millones de euros.
El punto de partida de esta iniciativa son los informes de evaluación de beneficios fiscales elaborados por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que analizan una quincena de posibles modificaciones en el terreno de las exenciones tributarias o los tipos reducidos, para hacer más eficiente el sistema tributario. Los spending reviews sobre la materia elaborados por Airef exploran la posibilidad de reducir las deducciones por I+D+i o donativos en el Impuesto de Sociedades; de acotar las reducciones por tributación conjunta, rendimientos del trabajo, arrendamiento de vivienda o aportaciones al sistema de previsión social en el IRPF; de acabar con la exención de IVA en servicios financieros, sanidad o educación, o de revisar los tipos reducidos del 4% y el 10%. Airef ha analizado concretamente el 60% de los beneficios fiscales existentes, por un valor conjunto de 34.248 millones.
El listado incluye también la posibilidad de equiparar el tratamiento fiscal del diésel a la gasolina, si bien se da la circunstancia de que este es otro compromiso independiente que Hacienda mantiene con la Unión Europea. La medida, que el Gobierno ha sido incapaz de cumplir por falta de apoyos parlamentarios, no ha podido ser eliminada del Plan de Recuperación a través de la última adenda y la Comisión Europea ya ha retenido a España 460 millones de euros por no haberla cumplido ya. De hecho, el país apenas tiene hasta finales de enero para evitar la pérdida definitiva del dinero después de que Bruselas concediera una prórroga de seis meses. La medida implicaría un incremento de unos 10 céntimos por litro en la factura del gasóleo, dejando fuera al transporte profesional.
También la rebaja de beneficios fiscales para reforzar la recaudación es un compromiso recurrente de España con la Comisión Europea, que, de hecho, formó parte del Plan Fiscal Estructural de medio plazo dirigido a sanear las cuentas públicas y cumplir las reglas fiscales europeas.
Al igual que en el caso de la subida fiscal del diésel a la gasolina, sin embargo, el Gobierno no parece tener grandes opciones para cumplir la promesa realizada a los socios comunitarios. La minoría parlamentaria del Ejecutivo de coalición se ha agudizado en las últimas semanas después de que Junts anunciara su ruptura con Pedro Sánchez mientras este no haya cumplido todos los acuerdos sellados, y no es de esperar que la derecha independentistas catalana se salga del guión para propiciar una subida de impuestos.
Desde Hacienda se limitan a acotar que la medida se tratará de cumplir en el primer semestre de 2026.
Perdonadas 17 leyes
Aunque la Comisión Europea se ha mantenido inflexible sobre la necesidad de que España cumpla los compromisos tributarios adquiridos, lo cierto es que la aprobación de la adenda al Plan de Recuperación facilita con mucho los deberes pendientes para desbloquear los 27.000 millones en ayudas directas y los 6.700 en créditos blandos restantes. La aprobación de la adenda supone, de facto, que la Comisión Europea perdona al Gobierno español la aprobación de 17 reformas con rango de ley que tendría problemas para aprobar en el Parlamento, incluyendo la Ley de Industria, la del suelo, la del cine, la de modernización de la pesca, la de universalidad del sistema sanitario, o la creación de la Autoridad de defensa del cliente financiero.
El nuevo contrato llevará a España a solicitar un sexto desembolso de 7.300 millones en enero y el resto a final de año, con miras a tratar de percibir casi íntegramente los 80.000 millones en ayudas directas y 22.800 en créditos blandos (tras la renuncia a otros 60.000 millones).
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