Trabajo se decantará por la subida más ajustada de la horquilla recomendada por el comité de expertos, sin pago de IRPF. La renta mínima salarial ascendería a 1.221 euros mensuales.
Hacienda ha allanado finalmente el terreno a un incremento del 3,1% del salario mínimo interprofesional (SMI) en 2026 al abrirse a ampliar la deducción fiscal para sus perceptores. La exoneración tributaria decantaría a Trabajo por acometer un incremento del SMI hasta los 17.094 euros anuales libres de impuestos, frente al alza alternativa del 4,7%, a 17.360 euros, que el comité de expertos planteó como alternativa sujeta a gravamen. El Ministerio reunió este martes a los agentes sociales para consultar su posición antes de acometer una subida que tiene visos de cerrarse con el apoyo de los sindicatos y el rechazo de la patronal.
La tributación del SMI ya fue objeto hace un año de un largo pulso entre la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, partidaria de comenzar a gravarlo para no vaciar de recaudación el IRPF, y la segunda y titular de Trabajo, Yolanda Díaz, que reivindicó mantenerlo fiscalmente exento. El resultado fue una victoria parcial para la líder de Sumar que pasó por comenzar a someter el SMI a retenciones fiscales que, sin embargo, los contribuyentes podrán recuperar con una deducción al presentar la declaración.
En esta ocasión, Hacienda ha evitado la confrontación al abrirse a ampliar la deducción, desde los 340 a los 600 euros, según confirman fuentes oficiales, lo que permitiría mantener fiscalmente exento un salario mínimo de 1.221 euros al mes en 14 pagas, es decir, tras un alza del 3,1%, en la parte baja de la horquilla manejada por Trabajo.
Para articular la nueva deducción, Hacienda deberá llevar un Real Decreto-ley al Consejo de Ministros, si bien bastará con que la modificación quede aprobada a lo largo de 2026, ya que la exención fiscal se aplicaría sobre las declaraciones de la Renta a presentar en primavera de 2027.
De este modo, la subida del 3,1% será suficiente para salvaguardar, según los cálculos del comité de expertos, la premisa de que la retribución mínima se sitúe en el 60% del sueldo medio neto -que se estima en 26.297 euros netos anuales para 2025-. No obstante, este cálculo fue rebatido por las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme en la reunión tripartita mantenida este martes. La patronal considera que la metodología utilizada por los expertos está desfasada al partir de datos de la Encuesta de Estructura Salarial de 2022, que además deja fuera del cómputo estadístico a los sectores más afectados por el salario mínimo. Estos son, agricultura, ganadería y pesca, y también el colectivo de los empleados del hogar.
Lo que sí se confirma tras el primer encuentro tripartito con motivo de las consultas iniciadas por el departamento de Yolanda Díaz con la patronal y los sindicatos es que el Gobierno dividirá finalmente en dos partes el decreto del salario mínimo, que en el primer borrador presentado a los agentes sociales incluía tanto la subida de 2026 como la transposición de la directiva europea de salarios mínimos, con la que se prohibirá a las empresas escamotear el alza del SMI jugando con los pluses salariales.
Si bien es una exigencia de UGT y CCOO que en este acuerdo de revalorización se incluya la prohibición de la absorción, tanto los sindicatos como Trabajo son conscientes de que fundir en un solo texto el porcentaje de subida y la transposición de la directiva podría demorar en demasía la aplicación de nuevo SMI ya que la parte de la prohibición de la absorción -además de la incorporación del observatorio de márgenes empresariales a la negociación colectiva- requiere del dictamen del Consejo de Estado. Es más, la CEOE considera que estas cuestiones deberían de articularse por Real Decreto-ley por implicar una modificación sustancial del Estatuto de los Trabajadores, y auguran una batalla jurídica si el Gobierno insiste en aprobarlo por vía reglamentaria.
Propuesta de subida
En cualquier caso, la primera reunión tripartita tras conocerse el resultado de la recomendación del comité de expertos se saldó sin una propuesta formal por parte de Trabajo, que trata de sondear la posibilidad de un acuerdo con patronal y sindicatos dentro de la horquilla, y a la espera de un acuerdo formal en el seno del Gobierno sobre la cuestión de la tributación.
Sobre la posibilidad de un pacto en la mesa de diálogo, el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, aseguraba al término de la reunión que "desde hace un tiempo la patronal está a otras cuestiones distintas de lo que es la negociación dentro del ámbito del diálogo social" y que "no hay ningún interés de llegar a ningún acuerdo".
Tanto el representante de UGT como el de CCOO, Javier Pacheco, reiteraron que a pesar del cambio de formulación hacia dos decretos por separado, uno para la subida y otro para la prohibición de la absorción vía pluses, exigirán a Trabajo que se tramiten estas cuestiones en paralelo dentro del acuerdo marco, contando con el rechazo de CEOE a ambos.
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