IA, geolocalización y datos biométricos: los focos de conflicto laboral

• SONIA SALMERÓN

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Los sesgos en la contratación o las extinciones basadas en IA cobran especial relevancia en el derecho laboral actual, así como el uso de los datos biométricos o la geolocalización.

A finales del año pasado la inteligencia artificial (IA) había sido el factor decisivo para que una empresa española perdiera actividad y sufriera pérdidas económicas acreditadas. Con un descenso en el volumen de ventas el despido de una traductora estaba justificado en causas objetivas y el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que vio el asunto no dejaba sitio para contrargumentar. Abría así un debate crítico sobre el modo en el que la IA está influyendo paulatinamente en las relaciones laborales.

El momento actual trasluce una situación laboral complicada. La prolija actividad de los tribunales en los asuntos laborales y las decisiones empresariales marcadas por las tendencias tecnológicas están derivando en un momento convulso. Así lo manifiesta Antonio Sempere Navarro, magistrado del Tribunal Supremo. En este sentido, advierte que el mundo de las relaciones laborales y de la protección social vive un momento "especialmente convulso". De hecho, "los cambios normativos y los constantes pronunciamientos obligan a repensar unos y otros comportamientos".

Por un lado, "la sustitución de tareas humanas está generando dudas sobre si es causa real de despido" y, por otro, el hecho decisivo por el que "el control empresarial supone una amenaza con desbordar sus límites si se lleva a cabo de manera invasiva".

Para Sempere, la consecuencia inmediata es que "el propio asesoramiento jurídico se está revolucionando". Los motivos son variados y hacen referencia a "los sesgos en la contratación, el reparto de tareas, las promociones o, por ejemplo, las extinciones basadas en algoritmos o IA que cobran ahora especial relevancia".

Con un panorama como este la adaptación profesional y urgente de los asesores no se ha hecho esperar. Fernando Ruiz de Linaza, socio de laboral de Deloitte Legal, explica que el asesoramiento se ha diversificado en dos niveles. El primer nivel supone comprobar si los algoritmos o sistemas de IA cumplen con la normativa española y europea. El segundo distingue si han comunicado la utilización de estos sistemas de tratamiento masivo de datos a los representantes de los trabajadores de forma correcta.

El experto explica cuáles serían los mayores riesgos laborales en la gestión de empleados. En concreto, resalta los casos en los que el control se realiza utilizando datos biométricos de los empleados o herramientas de geolocalización. "Aquí, hay que ser especialmente cuidadosos para no infringir la normativa laboral y de protección de datos española", apunta.

David Martínez, socio de laboral de KPMG Abogados, coincide al subrayar la importancia del tratamiento de datos biométricos y la geolocalización. De hecho, menciona el cumplimiento del reglamento europeo de inteligencia artificial (RIA) y su clasificación de los sistemas automatizados de control horario como de alto riesgo.

"El tratamiento de datos biométricos requiere un análisis reforzado de necesidad y proporcionalidad, el uso excesivo de geolocalización puede vulnerar derechos fundamentales y los riesgos, los mitigantes, las validaciones y las revisiones periódicas de este sistema deben documentarse para proporcionar los requisitos clave de trazabilidad y auditoría", apunta el socio de KPMG Abogados. Como ejemplo pueden mencionarse la conservación de datos durante cuatro años o la validación precisa de la hora y fecha de entrada y salida en el puesto de trabajo.

Así, una de las recomendaciones más inmediatas para evitar cualquier práctica que pueda encajar en las categorías prohibidas del RIA. Con respecto al control horario se debería evitar no solo sistemas que establezcan perfiles de trabajador basados en datos biométricos sensibles o inferencias no justificadas.

También "es imprescindible" evitar criterios automatizados de selección o despido sin supervisión humana significativa o una monitorización continua e invasiva sin evaluación de impacto robusta. "La mejor recomendación es implementar un protocolo de gobernanza de la IA adaptado en cada caso concreto y que sirva de garantía de cumplimiento del RIA", señala.

Vacío legal

Antonio Sempere, David Martínez Saldaña y Fernando Ruiz, junto a magistrados, expertos, académicos y profesionales del derecho laboral, abordarán estos asuntos que resultan prioritarios para el ámbito empresarial y sus trabajadores en el Congreso Laboral de Lefebvre justo en el momento preciso en que los cambios normativos en Europa y la incursión pronunciada de las nuevas tecnologías están afectando aún más a las relaciones laborales. También, se tratarán otras cuestiones como los retrasos judiciales, el absentismo, la conciliación de la vida familiar, los despidos, la negociación colectiva, el empleo público o la salud laboral y el hecho de que pueda producirse un vacío legal.

Tanto Fernando Ruiz como David Martínez mencionan zonas grises que tendrán que ser revisadas y enjuiciadas en los tribunales de lo social y por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Esto a pesar de que la normativa europea y nacional haya creado un marco claro sobre las operaciones con IA que no están permitidas y porque, actualmente, no existen previsiones específicas en convenios colectivos, por lo que determinados usos de los sistemas de control exigen enfoques prudentes, bien documentados y sujetos a auditoría interna.

Para Antonio Sempere en ningún caso se puede hablar de un vacío legal al respecto. La existencia de reglamentos comunitarios, el Estatuto de los Trabajadores, los convenios colectivos o los textos sobre derechos fundamentales "abocan una respuesta negativa a esta cuestión".

Otra cosa bien distinta es que algunos temas requieran de una regulación más concreta. Por eso, explica que "el ordenamiento posee resortes suficientes como para que los nuevos problemas sean abordados con las normas preexistentes".

Además, habrá que prestar detallada atención a todas las sentencias que se van conociendo y a la jurisprudencia de Estrasburgo, Luxemburgo, Constitucional y Supremo.

Seguridad jurídica

La competitividad empresarial exige incorporar tecnologías como la IA a través de un proceso imparable e independiente a cualquiera que sean las previsiones normativas. Así se expresa, Ana Gómez, presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas (Asnala), para quien la seguridad jurídica en este tema debe provenir de la regulación, pero en mayor medida de la negociación colectiva. A su juicio, esta es el espacio natural donde se abordan las especificaciones propias de cada sector. Gómez detalla como reto principal "integrar la IA en las organizaciones para lograr un equilibrio entre la productividad y el respeto a los derechos de las personas trabajadores".

La experta considera que aquí es donde reside la principal inquietud, teniendo en cuenta que se podrían ver afectados otros derechos que se reforzaron como el de la desconexión digital o la transparencia algorítmica. Reconoce, además, que el mejor escenario posible sería implementar estas tecnologías como resultado del diálogo entre los agentes implicados. "Reforzar la negociación colectiva, definiendo conjuntamente límites y necesidades para una implementación equilibrada" es su principal conclusión.

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