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Siete de cada diez españoles creen que habrá problemas a corto plazo para pagar a los jubilados.
Pese a los mensajes tranquilizadores que recurrentemente envía el Gobierno sobre la sostenibilidad de las pensiones públicas en nuestro país, siete de cada diez españoles creen que a corto plazo el Estado tendrá problemas para abonar las prestaciones de jubilación. Lógico a la luz de cómo ha evolucionado el gasto en esta partida desde que se adoptó la decisión de volver a revalorizar las pensiones al mismo ritmo que el IPC para blindar el poder adquisitivo de los jubilados, avalada en aquel momento por la mayoría de los grupos parlamentarios.
Una medida que ha supuesto subidas en promedio del 6% de la nómina mensual que debe abonar la Seguridad Social a los beneficiarios del sistema público. En un contexto de mayores tensiones inflacionistas, de aumento de la esperanza de vida y de retirada laboral de la generación del Baby Boom, el coste para las arcas públicas de las pensiones ha pasado de 9.300 millones de euros hasta los 14.365 millones del mes de mayo.
Por contra, los ingresos no han crecido al mismo ritmo, ya que las escasas medidas adoptadas para reforzar la sostenibilidad del sistema -como el recargo de solidaridad sobre los salarios más altos- aportan recursos mínimos frente a los compromisos de gasto presentes y futuros. La reforma del sistema público de pensiones aprobada cuando era ministro José Luis Escrivá se ha demostrado miope, al empeorar los desequilibrios previos por la utilización electoralista de la vinculación de las pensiones con el IPC.
Los resultados de la encuesta realizada por Funcas certifican la creciente preocupación entre los ciudadanos por la desacertada gestión del sistema por parte de los gobiernos de PSOE y Sumar -y antes Podemos-, sobre todo entre la población más joven, hoy en la horquilla entre 18 y 30 años, que temen verse perjudicados por los ajustes que será necesario adoptar para garantizar, esta vez sí, la sostenibilidad del sistema público. También los contribuyentes entre 30 y 45 años muestran una gran inquietud al respecto.
Sin embargo, la mayoría de los encuestados rechaza que se ponga en marcha un aumento de la edad obligatoria de jubilación -que llegará a los 67 años a partir del próximo 1 de enero- hasta 70 años, incluso entre los que ya han pasado a la edad de retiro. Pero el hecho de que sean impopulares las medidas para volver a hacer sostenible el sistema no puede ser óbice para que el Gobierno haga dejación de responsabilidades, y menos aún para que niegue una realidad irrefutable.
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