El Ministerio del Interior imposibilitó el regreso del comisario principal represaliado por Fernando Grande-Marlaska ante su postura sobre la actuación de la Policía Nacional tras la publicación de la sentencia del procés en Cataluña en octubre de 2019 con una presunta maniobra que ya investiga una juez. Lo hizo, según un informe de Asuntos Internos entregado en sede judicial, haciendo desaparecer un dosier favorable que permitía a Tomás González de la Oliva retomar su carrera profesional de acuerdo con su categoría -la de comisario principal, la más elevada del Cuerpo- después de que le hubieran relegado a un rango inferior por su defensa de las actuaciones en Barcelona.
La magistrada que investiga este borrado ha abierto diligencias por delitos de prevaricación, abuso de atribuciones de la función pública, acoso, infidelidad en la custodia de documento público y contra la libertad sindical, según la documentación a la que ha tenido acceso EL MUNDO. La querella está dirigida contra el director general de la Policía, Francisco Pérez Pardo, y contra el Director Adjunto Operativo (DAO), José Ángel Jiménez. Este último es el máximo mando del Cuerpo y un cargo de confianza elegido por Fernando Grande-Marlaska.
González de la Oliva fue apartado de la jefatura de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) Central -integrada en la Comisaría General de Policía Judicial- el 20 de septiembre de 2021, meses después de haber mostrado su disconformidad con el criterio del DAO por la actuación policial para aplacar los incidentes en Barcelona que provocó la publicación del fallo contra los líderes independentistas. De dirigir una unidad central pasó a ocupar la plaza de coordinador zonal III de la Jefatura Superior de Madrid, puesto en el que continúa.
El comisario principal entendió que su progresión profesional se estaba mermando por lo que, pasado un tiempo, solicitó la vacante de jefe de jefe de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) de la Comisaría General de Policía Judicial y lo hizo porque no estaba ocupada por un comisario principal, como es la norma. La Jefatura Superior de Policía de Madrid, de la que dependía por su nuevo destino, ordenó redactar un informe favorable a su solicitud, tal como consta en la querella. Este documento era obligatorio. Sin embargo, prosigue, pocos días después se emitió otro informe, en esta ocasión, negativo al que siguió un tercero en el mismo sentido por parte de la Comisaría General de Policía Judicial y de la Dirección Adjunta Operativa. «Los dos últimos no eran obligatorios».
La Jefatura de Madrid realizó su informe favorable el 12 de diciembre de 2022 pero «sorpresivamente por el aparente desacuerdo de la Dirección General» cuatro días después se emite otro desfavorable «y no obligatorio». El 20 de diciembre llegó el tercer dosier en contra de la petición de González de la Oliva.
Al consultar su expediente en el Archivo Central de Personal y en el de la Secretaría General de la Jefatura Superior de Policía de Madrid , observó que «ambos no contienen los mismos documentos ya que no consta el primer dosier favorable». Fue entonces cuando se interpuso la querella y la titular del juzgado de Madrid donde se instruye solicitó a la Unidad de Asuntos Internos de la Dirección General de la Policía que se investigase esta desaparición.
La contestación llegó el 11 de marzo de 2025. Asuntos Internos concluyó que la huella digital del primer informe (el favorable a González de la Oliva) indicaba que por parte de la Dirección General de la Policía «hay un acceso para borrado de documento». La Policía Nacional dispone de un sistema de Administración Electrónica, conocido como REGPOL, a través del cual se transmiten, entre otros, todos los documentos de gestión de Recursos Humanos y, por tanto, quedan registrados todos los expedientes personales. Y ahí es donde ordenó buscar la magistrada. «Que se investigue qué funcionario o funcionarios de Policía Nacional y otros cuerpos de la Administración habrían consultado el documento registrado en REGPOL» relativo al comisario González de la Oliva.
En paralelo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dado la razón al comisario principal y en una sentencia, que es firme, concluye que la Dirección General de la Policía le ha perjudicado. «Ha cercenado su derecho a la carrera horizontal» y que González de la Oliva, dice, «tiene que soportar injusta e ilegalmente permanecer sine die en un puesto de trabajo» inferior a su cualificación.
Condena a la Dirección General, de la que dice que «incurre en una palmaria irregularidad», a restablecerlo en su categoría profesional de comisario principal. Todas las grandes unidades de investigación de la Comisaría General de Policía Judicial están reservadas para ser dirigidas por comisarios principales y tienen asignados niveles 29 y 30. «Se le mantiene en contra de su voluntad en un puesto de nivel 28 en comisión de servicios desde 2021, habiéndose superado con creces el tiempo máximo para esta forma de cobertura a pesar de poder acceder como titular a cualquiera de las numerosas vacantes con nivel 29 si se convocaran».