El partido exige la ejecución urgente de las medidas cautelares sobre las inscripciones del CERA aprobadas tras el cierre censal de agosto
Regala esta noticia Añádenos en Google Elecciones en Andalucía, el pasado mayo. (EP) 05/10/2026 Actualizado a las 11:38h.La cuenta atrás para las ... . Iustitia Europa ha decidido mover ficha tras Esta divergencia temporal genera, a juicio de Iustitia Europa, un escenario de seria incertidumbre jurídica que debe ser resuelto de inmediato por los magistrados. En el escrito remitido a la Sala de lo Contencioso-Administrativo, la formación advierte explícitamente de que dentro de la lista de votantes consolidada a comienzos de agosto podrían hallarse ya incluidas miles de personas que quedan bajo el ámbito de la suspensión decretada posteriormente por la justicia. De no articularse un mecanismo claro y directo de depuración de estas listas antes del inicio formal de los trámites del sufragio, las inscripciones objeto de cautelar podrían acabar desplegando plenos efectos en el cómputo final de los comicios. Iustitia Europa advierte explícitamente de que dentro de la lista de votantes consolidada a comienzos de agosto podrían hallarse ya incluidas miles de personas que quedan bajo el ámbito de la suspensión decretada posteriormente por la justicia Por esta razón, la formación ha instado al Tribunal Supremo a fijar directrices claras dirigidas a la administración electoral. En concreto, reclama que se proceda a identificar de forma pormenorizada, dentro del censo cerrado a 1 de agosto de 2026, qué registros concretos deben quedar sujetos a la congelación de sus derechos de voto y cuáles quedan eximidos de la medida al hallarse amparados por las excepciones explícitamente contempladas en el auto dictado por el propio alto tribunal el pasado septiembre. El trasfondo de esta batalla legal tiene sus raíces en la profunda preocupación expresada por el estamento judicial ante el volumen de nacionalizaciones tramitadas a lo largo de los últimos dos años. La decisión adoptada por el Supremo el pasado septiembre no obedeció a un mero formalismo técnico, sino a la constatación de un crecimiento sin precedentes en las listas del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). Mediante aquel auto, la Sala paralizó directamente la tramitación de nuevas inscripciones censales para quienes aún no figuraban en los registros y determinó la suspensión cautelar de los efectos electorales para aquellos ciudadanos que ya habían sido dados de alta a través de la 'ley de nietos'. En su fundamentación jurídica, la Sala de lo Contencioso-Administrativo remarcó la urgente necesidad de preservar principios constitucionales básicos como la transparencia del proceso electoral, la objetividad del censo y la confianza ineludible de la ciudadanía en los resultados que salgan de las urnas. Los magistrados sostuvieron que un incremento extraordinario e inusitado en el número de electores residentes en el extranjero -un flujo constante y en aumento exponencial en vísperas de las elecciones- podría distorsionar la representatividad en determinados distritos electorales y restar legitimidad al desarrollo general del escrutinio. La solicitud tramitada de urgencia por Iustitia Europa añade así una enorme presión institucional sobre el Tribunal Supremo y la Oficina del Censo Electoral a pocas semanas de la cita con las urnas. El nudo gordiano que la justicia debe resolver ahora radica en arbitrar un procedimiento operativo rápido y riguroso que permita desglosar el censo de agosto, apartando provisionalmente a los inscritos bajo la norma en litigio sin alterar el ritmo ordinario de la convocatoria. De la rapidez con la que el alto tribunal aclare la ejecución de su pronunciamiento dependerá no solo el alcance del voto exterior el próximo 29 de noviembre, sino también las garantías de seguridad jurídica que rodearán el resultado final de las elecciones.Aumento del CERA