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Jorge Bellver dimite como director general tras su imputación: el pleno del 'Consell' aprobará su cese

Jorge Bellver dimite como director general tras su imputación: el pleno del 'Consell' aprobará su cese
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El alto cargo de la Generalitat pone su cargo a disposición de Pérez Llorca después de que el presidente le enseñe la puerta y pide su suspensión temporal como militante del PP. Más información: El PP valenciano abre expediente informativo al director general Jorge Bellver tras su imputación

El director general de Transparencia, Jorge Bellver. PPCV

Valencia Jorge Bellver dimite como director general tras su imputación: el pleno del 'Consell' aprobará su cese

El alto cargo de la Generalitat pone su cargo a disposición de Pérez Llorca después de que el presidente le enseñe la puerta y pide su suspensión temporal como militante del PP.

Más información: El PP valenciano abre expediente informativo al director general Jorge Bellver tras su imputación

Leer en Castellano Valencia Publicada 10 junio 2026 20:15h Actualizada 10 junio 2026 20:27h

El director general de Transparencia de la Generalitat, Jorge Bellver, ha puesto su cargo a disposición del jefe del Ejecutivo autonómico, Juanfran Pérez Llorca.

Así lo ha comunicado este miércoles después de que el Comité de Derechos y Garantías del PPCV le abriera expediente informativo ayer martes. Lo previsible ahora es que el pleno del Consell del próximo viernes apruebe el cese de Bellver.

El paso al lado se produce después de que el presidente de la Generalitat le haya enseñado la puerta de salida a la espera de si tomaba él mismo la decisión. El martes ya apuntó a la suspensión de militancia -que finalmente se convirtió en un expediente informativo como marcan los estatutos- y este miércoles evitaba dar por hecho su continuidad en el Ejecutivo.

Todo ello se ha producido tras la confirmación de su imputación en el caso Azud por la Audiencia de Valencia.

Pérez Llorca ha agradecido los servicios prestados. Bellver también ha enviado una carta al PP en la que pide la suspensión temporal de militancia hasta que se esclarezcan los hechos.

Caso Azud

La investigación de Bellver se produjo por la denominada 'Operación colegios', una de las ramificaciones más importantes de la causa (centrada en comisiones a cambio de favores urbanísticos en el seno del Ayuntamiento de Valencia durante los gobiernos de Rita Barberá).

Esta subtrama apunta a que el consistorio aprobó una permuta para entregar varias parcelas edificables a una mercantil del empresario Jaime Febrer, uno de los principales investigados.

Fue a cambio de que ésta asumiera una deuda millonaria que el consistorio tenía con varias congregaciones religiosas.

El intercambio, de acuerdo con el juzgado de Instrucción número 13 de Valencia, la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil, se hizo adjudicando 'a dedo' los terrenos al empresario por un valor mucho menor del que realmente tenían, de manera opaca y saltándose los procedimientos legales para evitar la concurrencia.

En toda esta operación, la investigación apuntó desde sus inicios a la participación de Bellver, que en esa época era concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Valencia.

Además, la UCO consideró que habría sido premiado por el empresario de la construcción Jaime Febrer, presunto cabecilla del caso, con relojes de lujo a cambio de favorecerle en sus intereses urbanísticos.

El director general de Transparencia recurrió la imputación. Pero la Audiencia de Valencia no ve prescripción de los presuntos delitos ni nulidad. Tampoco cree que el auto en el que lo citaba como investigado fuera nulo de pleno derecho. De manera que rechazó el sobreseimiento.

Considera que los pronunciamientos tanto de la Fiscalía Anticorrupción como del juzgado de Instrucción número 13 recogen "de forma motivada" hechos y delitos "no sólo de prevaricación, sino de cohecho a funcionario público".

La Audiencia argumenta que el plazo de prescripción atiende al delito más grave, que en este caso es el de cohecho a funcionario público y que sería de 15 años. Éste contempla una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 7 a 12 años.

Además, señala que el auto de 1 de octubre de 2019 en el que se le tenía por imputado es "perfectamente válido yno merece ser declarado nulo de pleno derecho" como pedía Bellver.

Después de todo ello y a la espera de si hay apertura de juicio oral, Pérez Llorca decidió mover ficha en una situación política en la que no es fácil establecer la línea entre la contundencia política y la presunción de inocencia.

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    Fuente original: Leer en El Español
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