La asociación del sector de las dos ruedas respalda el Real Decreto que entra en vigor el 1 de octubre, pero advierte de que la concienciación social y el estado de las infraestructuras siguen siendo los grandes retos pendientes
Regala esta noticia Añádenos en Google José María Riaño, secretario general de ANESDOR, la Asociación Nacional de Empresas del Sector Dos Ruedas. (ANESDOR)V. D.
Barcelona
29/09/2026 Actualizado a las 14:00h.El próximo 1 de octubre entra en vigor el Real Decreto 518/2026, que modifica el Reglamento General de Circulación en materia de protección de los usuarios vulnerables de la vía.
Una norma que introduce cambios relevantes para conductores y pasajeros de motocicletas y ciclomotores y que cuenta con el respaldo de ANESDOR, la Asociación Nacional de Empresas del Sector Dos Ruedas, entidad que representa a más del 95% del mercado en España. «Es una norma que el sector respalda porque contribuye a mejorar la seguridad de los motoristas», ha señalado su secretario general, José María Riaño.
El reconocimiento legal de los motoristas como usuarios vulnerables es, para la asociación, el aspecto más significativo del texto, aunque insiste en que no basta por sí solo. «Que el Real Decreto los reconozca legalmente como usuarios vulnerables es un primer paso importante, pero su protección tiene que implicar a todos los conductores», ha subrayado Riaño, que apoya este planteamiento en un dato elocuente: «En seis de cada diez accidentes de moto, el responsable es el conductor de otro vehículo, por lo que es fundamental reforzar la concienciación social».
Una responsabilidad compartida entre administraciones
ANESDOR considera que el impulso normativo de la DGT debe trasladarse también al ámbito autonómico y local. «Ese primer paso debe extenderse a las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que también tienen competencias y deben empezar por incorporar la moto a la planificación de sus políticas de movilidad y seguridad vial», ha explicado Riaño. El secretario general ha puesto además el foco en un déficit que, a su juicio, afecta a todos los niveles de la Administración: «Hay un problema común a todas las administraciones: unas infraestructuras que, en muchos casos, siguen siendo deficientes y provocan o agravan notablemente las consecuencias de los accidentes».
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