El sigilo ha acompañado a la investigación del denominado caso Plus Ultra o, más bien, del caso Zapatero. Y no ha sido casual la reserva con la que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía ha investigado un procedimiento especialmente sensible por el papel clave del ex jefe del Ejecutivo socialista, calificado de «líder» de una estructura criminal que traficó con sus influencias en España y el extranjero. Los agentes estaban advertidos, tanto por el juez de la Audiencia NacionalJosé Luis Calama como por la Fiscalía Anticorrupción, de que no podía trascender el contenido de las diligencias, entonces secretas, que han acabado con la primera imputación un ex presidente del Gobierno en nuestro país.
Esas advertencias quedan reflejadas en el sumario incoado por el rescate estatal de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra. En un auto, fechado el pasado 12 de marzo, el juez Calama comisionó de nuevo a la Brigada Central de Capitales y Anticorrupción de la Unidad Central de Delincuencia Económica de la Policía Nacional, para continuar al frente de la investigación que por aquel entonces ya llevaba a cabo con esmero la Udef.
En aquella resolución, el juez Calama indicó que «cuando una investigación penal presenta especial sensibilidad, riesgo de interferencias externas o necesidad de preservar la integridad de las diligencias, el órgano judicial puede reforzar el régimen de dependencia funcional, limitando las comunicaciones de los agentes comisionados exclusivamente al órgano judicial y al Ministerio Fiscal, excluyendo a sus superiores orgánicos y estableciendo un régimen de reserva reforzada».
El magistrado explicó que esta facultad sobre la policía judicial «deriva directamente del principio de independencia judicial y de la necesidad de garantizar la integridad y eficacia de la investigación penal, evitando cualquier posible injerencia jerárquica ajena al procedimiento».
Calama abundó, además, a que en el caso de Plus Ultra concurrían «sobradamente las circunstancias que justifican la adopción de un régimen reforzado de dependencia funcional y de absoluta reserva». El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 de la Audiencia Nacional recalcó que, de las diligencias practicadas hasta el momento, se desprendían «indicios de la posible implicación de personas que han ejercido altas responsabilidades en instituciones públicas, así como la existencia de relaciones con individuos vinculados a gobiernos extranjeros, lo que incrementa el riesgo de interferencias externas.
Asimismo, la investigación apunta a la actuación coordinada de una organización criminal con capacidad operativa relevante, en la que podrían haberse cometido delitos de tráfico de influencias, corrupción, blanqueo de capitales y otras conductas de especial gravedad. A ello se suma la sensibilidad de la información intervenida, la existencia de canales de comunicación sofisticados y la posible utilización de estructuras societarias opacas».
La orden dada por el juez a la Udef fue clara: que los agentes «no» informasen «a sus mandos orgánicos sobre el contenido, evolución o resultados de las diligencias, y que mantengan un canal exclusivo de comunicación con este órgano judicial y con el Ministerio Fiscal, actuando bajo reserva absoluta y siguiendo únicamente las instrucciones que se les impartan en el marco de estas actuaciones».
Se da la circunstancia de que la instrucción de José Luis Calama ya la había recibido previamente de la Udef por parte de la Fiscalía Anticorrupción que dirige Alejandro Luzón, según informan fuentes de la investigación a EL MUNDO. En este sentido, cabe recordar que esta causa tiene su origen en las diligencias incoadas por este departamento, asignadas a la fiscal Elena Lorente -conocida por ser la fiscal del caso Rato-, quien tuvo sin duda la determinación de continuar investigando el procedimiento cuando a finales del año 2024 la Audiencia rechazó inicialmente investigar el blanqueo de capitales derivado del rescate de Plus Ultra.
Fuentes del caso explican que Anticorrupción confió esta investigación tan delicada a la Udef porque esta brigada ya había investigado a algunos de los empresarios venezolanos implicados en esta causa.
En esta unidad especializada de la Policía, la satisfacción es notable por cómo se ha desarrollado la investigación, con absoluta discreción, y también por lo inesperadas que fueron las entradas y registros que tuvieron lugar la semana pasada en la oficina del ex presidente Zapatero y también en la empresa de sus hijas, la mercantil Whathefav, entre otros lugares.
A nadie se le escapa que en los últimos años los jueces y fiscales han confiado de forma casi sistemática en la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para investigar las causas más sensibles, rompiendo esa tendencia el caso Zapatero. De ahí, que en la Udef celebren estos días el éxito de una compleja investigación cuyo contenido se logró encapsular frente al Gobierno.