Koldo García, entrando a declarar en el Tribunal Supremo el pasado 27 de noviembre, cuando se acordó su prisión preventiva./ Efe
Tribunales Koldo García pide que la exjefa del CNI Paz Esteban, Marlaska y Armengol declaren en su juicio como testigos de la defensaEl asistente del exministro Ábalos carga contra Víctor de Aldama y propone que declare el empresario libanés Mohamed Derbah "para acreditar el posible origen ilícito de los fondos manejados por Aldama y la ilegalidad de su pacto con Fiscalía".
María Peral Publicada 9 enero 2026 15:20hLas claves nuevo Generado con IA
Koldo García solicita que la exjefa del CNI Paz Esteban, Marlaska y Armengol testifiquen en su juicio como testigos de la defensa.
La defensa de García niega todos los cargos y busca demostrar que la elección de proveedores de mascarillas durante la pandemia obedeció a la disponibilidad de mercado y no a imposiciones.
El empresario Víctor de Aldama, quien ha admitido los hechos, será uno de los testigos clave; la defensa de García lo señala y pide que declare primero.
La defensa también propone a miembros del entorno familiar y del PSOE para acreditar el origen lícito de los fondos y refutar vínculos con el blanqueo o comisiones ilegales.
Koldo García Izaguirre, asistente del exministro y exdirigente del PSOE José Luis Ábalos, con quien actualmente se encuentra en prisión preventiva, ha pedido al Tribunal Supremo que acepte la comparecencia como testigos de la defensa de la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia Paz Esteban; del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de la presidenta del Congreso, Francina Armengol.
En un extenso escrito de defensa en el que niega todos los cargos, por los que la Fiscalía Anticorrupción pide para él una condena a 19 años y medio de prisión, la defensa, ejercida por la letrada Leticia de la Hoz, solicita la testifical de Paz Esteban "por haber solicitado mascarillas a Koldo García Izaguirre y por su conocimiento directo en relación al papel de Koldo en el proceso de adquisición de mascarillas en la época de la pandemia".
Respecto a Marlaska, Armengol y también al exsecretario de Estado de Interior Rafael Pérez, García propone su comparecencia como testigos "para que confirmen que la elección de proveedores [de mascarillas] respondió a la disponibilidad de mercado en un momento de desabastecimiento mundial y no a una imposición o recomendación vinculante" del asistente de Ábalos. A diferencia de éste, García no pide que comparezca el ministro y expresidente de Canarias Ángel Víctor Torres.
Koldo García, Ábalos y el empresario Víctor de Aldama serán juzgados, previsiblemente en marzo, por la Sala Penal del Tribunal Supremo por la presunta adjudicación irregular, y a cambio de comisiones, de contratos de mascarillas para organismos dependientes del Ministerio de Transportes.
La empresa beneficiada, Soluciones de Gestión, estaba intermediada por Áldama, que ha reconocido los hechos.
Koldo García carga contra Aldama y pide que declare en primer lugar durante el juicio.
En mayúsculas, el asistente de Ábalos niega "de forma rotunda" los hechos relatados en los escritos de acusación "y en el del ornitorrinco procesal (en palabras del catedrático Manuel Cobo del Rosal, dado que no se sabe si es acusación o defensa) Victor Gonzalo de Aldama", indica el escrito de defensa.
"Dichas acusaciones se articulan sobre una construcción meramente especulativa, una fabulación de los acontecimientos que carece del más mínimo sustento indiciario o probatorio, vulnerando con ello el principio de presunción de inocencia", añade.
La defensa de García Izaguirre pide, asimismo, la comparecencia como testigo del empresario libanés Mohamed Derbah "para acreditar el posible origen ilícito de los fondos manejados por Aldama y la ilegalidad del pacto alcanzado con Fiscalía al haber acusado de delitos a terceras personas, y no a los verdaderos responsables de los delitos que justifican la procedencia ilícita de los fondos que manejaba".
El escrito indica que el entorno familiar de los acusados - Joseba García, hermano de Koldo; la exmujer de éste, Patricia Uriz; la exmujer de Aldama, Patricia Ramos; y Víctor Ábalos, hijo del exministro, todos ellos propuestos como testigos- pueden "acreditar la estanqueidad patrimonial y la inexistencia de flujos de efectivo ilícitos".
Sus testimonios son "esenciales", afirma, "para demostrar que los ingresos de la unidad familiar y de su entorno cercano tienen un origen trazable y lícito, descartando que hayan actuado como receptores de supuestas dádivas o que hayan participado en un entramado de blanqueo".
La caja del PSOE
La defensa de Koldo García también pide la comparecencia del exgerente del PSOE Mariano Moreno y de la empleada del partido Celia Rodríguez para que declaren sobre el origen del dinero en metálico que el asistente de Ábalos manejaba.
Los descuadres descubiertos en la contabilidad del PSOE durante la instrucción de la causa -que ahora investiga la Audiencia Nacional a petición del Supremo- no forman parte de los escritos de acusación.
Pero García considera relevantes los testimonios propuestos porque "frente a la tesis del fiscal, que vincula cualquier movimiento de efectivo a comisiones ilegales, la testifical de miembros de la Secretaría de Organización (como la de Celia Rodríguez Alonso o la de Mariano Moreno Pavón) y de periodistas de investigación (Jorge Calabrés) es pertinente y útil para acreditar la fuente lícita y demostrar que el manejo de efectivo por parte de mi representado respondía a un sistema de retribución y anticipos de gastos corrientes del Partido Socialista, ajeno a los contratos de las mascarillas".
Añade, a este respecto, que "el metálico era un uso común y documentado internamente en la formación política, para servicios personales de conductor y escolta, lo que destruye el nexo causal entre el dinero y el presunto cohecho" que se le atribuye por las acusaciones. Estas sostienen que García recibió de Aldama pagos mensuales de 10.000 euros a cambio de favores.
Otros testigos destacados que propone la defensa son Enriqueta Chicano, presidenta del Tribunal de Cuentas, organismo que fiscalizó los contratos celebrados durante la pandemia de la Covid-19; Francisco Pardo, director general de la Policía, y Juan Carlos Martínez, marido de María Gámez, exdirectora de la Guardia Civil.
Según el escrito de defensa, Pardo y Martínez tienen "conocimiento directo sobre el momento real de comienzo de investigación" a Koldo García.
Este asunto es esgrimido como uno de los 10 motivos de nulidad del procedimiento que se alegan.
La defensa sostiene que hay indicios de una "investigación prospectiva" de la UCO al menos desde abril de 2021, cuando el entonces oficial del Grupo de Fuentes Humanas Juan Vicente Bonilla preguntó sobre Koldo García a un confidente.
Jesica y Claudia
Otros motivos de nulidad se refieren a la vulneración del principio 'non bis in idem', que se basa en que García está siendo investigado "por los mismos hechos" en la Audiencia Nacional, y en lo que denomina la "selección estratégica de imputaciones, que hace que queden fuera actores fundamentales de los hechos, la mayoría de ellos precisamente los presuntos beneficiados por las supuestas actividades ilícitas".
Indica, en este sentido, que la amante de Ábalos, Jesica Rodríguez, y su amiga Claudia Montes, empleadas en empresas públicas dependientes de Transportes, deberían tener la condición de investigadas, y no de testigos, ya que se habrían beneficiado de la presunta malversación de fondos que se atribuye al exministro y a su asistente.
"La exclusión de Jesica del elenco de investigados, quien se perfila como la tercera beneficiaria del caudal público malversado y del tráfico de influencias, persigue obtener una declaración incriminatoria sin aparejar consecuencia penal alguna", afirma.
Además, su exclusión "como investigada o responsable civil a título lucrativo compromete la efectiva reparación del daño y la restitución del dinero defraudado".
La defensa también asegura "no entender por qué no están investigados también los supuestos beneficiados por el delito de cohecho", en referencia a Air Europa, o por qué no se ha investigado a los exjefes de gabinete de las ministras de Hacienda e Industria, Carlos Moreno e Ignacio Díaz Bidart, que habrían cedido a la supuesta influencia de Ábalos y García en favor de las sociedades intermediadas por Aldama.
También se alega indefensión porque el instructor del proceso, Leopoldo Puente, rechazó interrogar a María Belén Villar y Belén Roel de Lara, responsable jerárquica y autora material, respectivamente, del informe de auditoría elaborado por el Ministerio de Transportes el 19 de agosto de 2024.
"Dicha auditoría fue encargada y ejecutada al margen de las garantías procedimentales esenciales: sin respaldo normativo vigente en ese momento, sin posibilidad de audiencia ni contradicción por parte de Koldo García y con una evidente orientación incriminatoria", reprocha.
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