Bodas hasta las cinco de la mañana, música a todo volumen, fuegos artificiales, comuniones, bautizos y vecinos denunciando durante años sin que, según la Fiscalía, el Ayuntamiento moviera apenas un papel. Ese es el escenario que ha acabado sentando en la Audiencia Provincial de Madrid a la alcaldesa socialista de Velilla de San Antonio, Antonia Alcázar, hermana de María Gertrudis Alcázar, histórica secretaria de José Luis Rodríguez Zapatero y figura señalada recientemente por el juez del caso Plus Ultra por su supuesto "papel operativo esencial" dentro de la presunta red de influencias investigada en torno al expresidente del Gobierno.
El juicio contra la regidora arrancará el próximo miércoles en la Audiencia Provincial de Madrid. La alcaldesa comparecerá junto al concejal de Urbanismo, Joaquín Panadero; una exedil de Medio Ambiente, y un técnico municipal de Urbanismo por un presunto delito continuado de prevaricación urbanística y ambiental relacionado con la actividad del restaurante El Casón de la Quinta de San Antonio, un establecimiento situado en la calle de María Zambrano del municipio.
La Fiscalía sostiene en su escrito de acusación que los responsables municipales "omitieron de forma deliberada sus obligaciones en materia de disciplina urbanística y de protección del medio ambiente y de la salud de los vecinos" pese a las reiteradas denuncias presentadas desde al menos 2019 por residentes de la zona.
Según el Ministerio Público, el local disponía desde 2006 de licencia para actividad de restaurante, pero no para celebrar eventos en las zonas exteriores. Aun así, según la acusación, allí se organizaban bodas, fiestas, comuniones y bautizos con equipos de música de alta potencia, uso de pirotecnia y presencia masiva de asistentes hasta altas horas de la madrugada.
El escrito recoge episodios en los que las celebraciones se prolongaban hasta las cinco o las seis de la mañana, en presunta vulneración de los horarios de cierre previstos en la normativa autonómica.
Durante esos años, añade la Fiscalía, se acumularon numerosas denuncias vecinales y múltiples intervenciones de la Policía Local. Sin embargo, únicamente se incoaron cuatro expedientes sancionadores municipales, y todos ellos quedaron paralizados sin resolución definitiva.
El Ministerio Público considera que ni la alcaldesa ni el resto de responsables municipales ejercieron sus competencias de inspección y disciplina urbanística ni adoptaron medidas cautelares para restaurar la legalidad. La acusación sostiene además que tampoco actuaron para frenar las molestias acústicas denunciadas por los residentes de la zona, especialmente intensas durante la primavera y el verano, cuando aumentaba la actividad del establecimiento.
Tres vecinos se han personado además como perjudicados y reclaman indemnizaciones por los daños sufridos durante esos años.
La Fiscalía solicita para cada uno de los cuatro acusados tres años de prisión, una multa de 20 meses con una cuota diaria de 15 euros e inhabilitación especial durante 12 años para empleo o cargo público relacionado con funciones urbanísticas y ambientales.