El Parlamento regional aprobó este jueves la nueva norma, que contempla incentivos fiscales y otras medidas para facilitar los relevos generacionales en los negocios familiares.
La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció a mediados de septiembre pasado el impulso de una norma específica para la empresa familiar de Madrid cuyo objetivo era aliviar la elevada y creciente presión fiscal que esta soporta desde el Gobierno central y facilitar los relevos generacionales en ese tipo de negocios. Apenas nueve meses después, la nueva regulación es ya una realidad.
La Asamblea de Madrid, donde el PP cuenta con mayoría absoluta, dio este jueves luz verde a la nueva Ley de Apoyo a la Empresa Familiar. Lo hizo durante el último pleno del periodo de sesiones del Parlamento regional antes de las vacaciones estivales, dejando la norma lista para su entrada en vigor en el mes de julio, una vez se publique en los próximos días en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).
La nueva ley, que responde en gran medida a las inquietudes y reivindicaciones planteadas por el empresariado madrileño y en especial por la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar (AMEF), contempla rebajas fiscales, elevando, por ejemplo, del 95% al 99% la reducción de la base imponible en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones "cuando se hereda o se dona una empresa individual, un negocio profesional o participaciones sociales", señala el Ejecutivo madrileño, que aclara que esa bonificación se aplicará "siempre que el nuevo titular mantenga los bienes y la actividad durante los cinco años siguientes".
Además, se adoptan otras medidas para favorecer los relevos generacionales en los negocios familiares, como la posibilidad de incluir a tíos y sobrinos dentro del 20% de participación accionarial para tener la consideración de empresa familiar. Esto es, la nueva regulación amplía el alcance de los parientes que pueden aplicarse las mejoras, incorporando a ascendientes, hermanos, tíos, sobrinos y primos, e incluso a aquellos trabajadores con una "vinculación especial con la empresa".
La Comunidad de Madrid estima que estas medidas beneficiarán a alrededor de 1.500 contribuyentes madrileños, generando un ahorro aproximado de dos millones de euros al año.
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