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El regreso de 'La marquesa de Santa Cruz' en 1986 al Museo del Prado tras un largo recorrido por el mundo y una trama de falsificaciones, fue un hito de protección patrimonial.
"Fue una batalla difícil, dura y enrevesada, donde se entremezclaba la salida ilegal de una obra con un inexistente permiso de exportación, la avaricia de unos intermediarios sin escrúpulos y el garantista sistema legal británico". Así resume Javier Solana, hoy presidente del Real Patronato del Museo Nacional del Prado y ministro de Cultura cuando España tuvo que pleitear para que La marquesa de Santa Cruz siguiera siendo parte de su patrimonio nacional.
La recuperación de uno de los retratos más célebres de Francisco de Goya supuso un punto de inflexión en la defensa jurídica del patrimonio histórico español. La obra, que hoy está expuesta en la sala 28 del Museo del Prado, protagonizó durante los años ochenta una compleja operación judicial internacional que obligó al Estado español a desplegar una estrategia inédita para impedir su pérdida definitiva.
Detrás de esa acción jurídica sobresale Rodrigo Uría, cuyo amor al arte vino de la mano de su madre Blanca Meruéndano. Ella lo llevaba a pasear por el Museo del Prado, de cuyo patronato acabó siendo su presidente, uno de los reconocimientos que, según aseguran los que le conocieron de cerca, más ilusión le hizo para un hombre con una carrera profesional envidiable.
Pero antes de su trabajo jurídico probono esta obra vivió mil vidas desde su creación en 1805 hasta su recuperación. Así, Francisco Franco intentó regalársela a Adolf Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Este hecho histórico quedó reflejado en una carta del 16 de mayo de 1941 del marqués de Lozoya, entonces director general de Bellas Artes, al director del Museo del Prado, Fernando Álvarez de Sotomayor, sobre un cuadro que había sido prestado a la pinacoteca en 1928 para una gran exposición sobre Goya por sus entonces legítimos dueños: los tres hijos de Luis de Silva y Fernández de Córdoba, conde de Pie de Concha.
Aunque finalmente no cayó en manos del Führer, probablemente por el posterior devenir de la guerra, sí pasó por coleccionistas privados y salió de España en 1983.
¿Entonces cómo volvió a España en 1986? Según el Museo del Prado, la pintura fue exportada de forma ilegal en 1983 mediante una sofisticada trama de falsificación documental. Tras salir clandestinamente, pasó por Zúrich y Los Ángeles, donde llegó a ser ofrecida al Museo Getty por 12 millones de dólares.
El episodio puso de manifiesto las debilidades de la legislación española vigente en ese momento. La antigua Ley del Tesoro Artístico Nacional de 1933 no otorgaba automáticamente al Estado la propiedad de los bienes exportados ilegalmente, lo que limitaba enormemente la capacidad de reacción de las autoridades.
La operación alcanzó su momento decisivo cuando la obra apareció en Londres, lista para ser subastada por Christie's en abril de 1986, aunque Javier Solana y Rodrigo Uría con su equipo ya trabajaban desde varios años antes en su recuperación. Entonces Uría recibió una carta ultimátum de David Bates, socio de Freshfields que representaba a Overseas Art Investments, propietaria del cuadro y que exigía un precio de mercado para acabar con este periplo.
Lucha en los tribunales ingleses
Tras la negativa del Gobierno español, Rodrigo Uría emprendió una batalla legal en los tribunales británicos con el apoyo estratégico de otros abogados ingleses como Mark Littman o Sir Matthew Farrer. Con muchas vías procesales cerradas por no poder ser aplicadas al caso, finalmente se decidió presentar el 5 de marzo de 1986 una demanda en la que España pedía a un tribunal inglés que declarase que los documentos de exportación eran falsos.
Sin posibilidad de aplicar retroactivamente la nueva legislación española -en 1985 se aprobó la Ley de Patrimonio Histórico para reforzar la protección jurídica del patrimonio nacional-, la defensa recurrió a un precedente del siglo XIX en el que se vio envuelto el emperador Francisco José de Austria para demostrar que el empleo de permisos falsificados había perjudicado económicamente al Estado español.
El actual socio presidente de Uría Menéndez Salvador Sánchez-Terán califica la intervención de Rodrigo Uría en esta disputa como "decisiva porque entendió que el Derecho podía -y debía- ponerse al servicio de la protección de la cultura".
El 9 de abril de 1986 se cerró finalmente la recuperación de la obra por seis millones de dólares, aproximadamente la mitad de su valor estimado de mercado en aquel momento. En un proceso "complejo y que exigió una estrategia jurídica rigurosa y un gran sentido institucional", como subraya el socio presidente de Uría Menéndez, el regreso de La marquesa de Santa Cruz no sólo significó la vuelta al Prado de una pieza fundamental de Goya, sino también la validación práctica del nuevo marco de protección patrimonial.
"La recuperación de La marquesa de Santa Cruz fue un acontecimiento de enorme relevancia, porque permitió que una obra capital de Goya regresara al patrimonio cultural español, pero además constituyó un mensaje claro de que la defensa de ese patrimonio era una cuestión de Estado y de que el Derecho aportaba herramientas eficaces en ese ámbito", resume Sánchez-Terán un trabajo legal que luego ha servido de inspiración para otras muchas batallas en defensa del patrimonio nacional.
40 aniversario de un éxito judicial
Miguel Satrústegui, entonces secretario general técnico del Ministerio de Cultura, dirigido por Javier Solana, y uno de los hombres clave en el éxito de la operación, detalla en su obra 'La recuperación del cuadro de Goya La marquesa de Santa Cruz' una operación que, como explican desde el despacho, "sigue siendo motivo de satisfacción colectiva". Esta obra, editada por Uría Menéndez y el Museo del Prado, es un recuerdo homenaje en el 40 aniversario del regreso a España de tan insigne retrato.
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