- JAVIER AYUSO
Esta semana, los dos partidos políticos mayoritarios en España se enfrentan a sendos juicios sumarísimos por corrupción.
El PP por el caso Kitchen, unos acontecimientos ocurridos hace trece años, y el PSOE por el llamado caso Koldo, sucedido en 2020. Aunque existan claras diferencias entre uno y otro, ambos tienen un elemento común: el abuso de poder desde las altas instancias del Estado y del Gobierno. Como no es la primera vez que sucede con ambas formaciones, y no solo con ellas, cabe hacerse la pregunta de si la corrupción política viene de serie en los partidos o es un extra que se adquiere cuando se acomodan en el poder.
La historia de la democracia española está, lamentablemente, trufada de casos de corrupción. Asuntos gravísimos que no ha generado una respuesta ni eficaz ni contundente por parte de los sucesivos gobiernos. Ningún presidente ha actuado con la suficiente mano dura ante los excesos de sus propios compañeros de partido, ni se han asumido las responsabilidades exigidas, ni los propios electores han castigado con fuerza a los delincuentes. Se ha convertido en algo casi natural que con el paso de los años al frente de gobiernos municipales, regionales o nacionales se normalicen los delitos económicos.
Los socialistas perdieron el poder en 1996, después de trece años de gobierno de Felipe González, en los que se produjeron un sinnúmero de casos gravísimos que afectaron al gobernador del Banco de España, la directora del BOE, el director general de la Guardia Civil, el hermano del vicepresidente y los trapicheos de diversas empresas vinculadas al partido. Más tarde, se destapó el escandaloso asunto de los ERE de Andalucía por el que fueron condenados (y luego absueltos de forma incomprensible por el Tribunal Constitucional), sus dos líderes máximos junto a decenas de altos cargos y militantes.
El PP también acumuló, durante los mandatos de José María Aznar y Mariano Rajoy, una buena cantidad de sentencias condenatorias sobre ministros e incluso vicepresidentes de sus gobiernos. Al final, el caso Gürtel hizo caer a Rajoy tras una moción de censura de Pedro Sánchez en 2018. También en la Comunidad de Madrid se han multiplicado los casos de corrupción, con importantes procesamientos y condenas. La lista llenaría varias páginas de periódico.
A estas alturas, resulta indignante que el debate se centre en el tan manido "y tú más", mientras los líderes políticos se echan en cara las condenas del contrario, sin que se adopten las medidas necesarias para acabar con esa sangría económica que hace dudar de la propia limpieza del sistema. Eso sin contar con la lentitud y la politización de la Justicia. Por cierto, ¿cuándo se iniciará el juicio a la familia de Jordi Pujol?
En cuanto a los juicios abiertos esta semana en el Tribunal Supremo y en la Audiencia Nacional, que afectan al PSOE y al PP, no se debería desviar la atención sobre la gravedad de los procedimientos, aunque sí destacar algunas matizaciones. La diferencia esencial entre los casos Kitchen y Koldo (KK, como decían el lunes en su viñeta Idígoras y Pachi), es que el primero se produjo cuando Alberto Núñez Feijóo no estaba en el ajo y el segundo afecta directamente a Pedro Sánchez. Además, Rajoy ya pagó sus culpas políticas y el actual presidente actúa como si no fuera con él. Kitchen es un juicio al "marianismo" y Koldo lo es al "sanchismo".
Por supuesto que es gravísimo que un ministro del Interior y su secretario de Estado montaran, presumiblemente, una trama mafiosa para intentar destruir las pruebas en poder de Luis Bárcenas que podían inculpar a su partido y a su gobierno. Y que lo hicieran con la ayuda de media docena de altos cargos de la Policía Nacional, encabezados por el ínclito comisario Villarejo (¿cuántas condenas lleva ya y sigue en su casa?). Hay que llegar hasta el final, caiga quien caiga, porque la mafia policial y las cloacas del Estado deben desaparecer de una vez por todas.
Frente a ese caso, nos encontramos con el primero de los procedimientos abiertos contra varios altos cargos del Gobierno y del partido de Pedro Sánchez. Hoy se juzga el caso mascarillas, por el que, también presuntamente, José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exnúmero dos del PSOE, se lucró con comisiones por la compra de material médico en el momento más álgido de la pandemia. Pero muy pronto llegarán a la Audiencia otros procedimientos relacionados con comisiones por la adjudicación de obras públicas (por el que está imputado el siguiente número dos socialista, Santos Cerdán), el fraude de hidrocarburos, el rescate de la compañía venezolana Plus Ultra, el trabajo sucio de Leire Díaz y, posiblemente, la circulación de dinero en efectivo en la sede socialista que podría suponer financiación irregular.
Desde La Moncloa y desde todos sus púlpitos políticos y mediáticos se insiste machaconamente en que les repugnan esos casos de corrupción y en que ya se han asumido responsabilidades políticas. ¿Quién las ha asumido? El presidente del Gobierno no. Por mucho que lo repita una y otra vez, esa responsabilidad solo sería efectiva con la dimisión de quien ha nombrado, ha compartido su ascenso al poder y no ha sido capaz de vigilar a los presuntos delincuentes.
Todavía resuenan en los oídos de los españoles las palabras de Ábalos en la moción de censura de 2018 contra Mariano Rajoy, llamando a la movilización contra la corrupción y exigiendo al todavía presidente que presentara su dimisión. Sánchez llegó al poder enarbolando la bandera de la limpieza política y ahora está salpicado por demasiados casos de corrupción.
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