La defensa del Gobierno sobre el rescate de Plus Ultra choca con las sospechas del juez

El Ejecutivo insiste en que la ayuda de 53 millones respondió a un procedimiento reglado, pero no despeja las dudas sobre el certificado acreditativo de que la compañía estaba «al corriente» con la Seguridad Social

Paula De las Heras y Melchor Sáiz-Pardo

Madrid

El Gobierno defiende la legalidad del rescate de Plus Ultra. Frente a la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero y al auto que ha levantado ... el secreto del caso, el Ejecutivo ha hecho circular esta semana un argumentario que insiste en que la ayuda de 53 millones de euros que la aerolínea recibió en marzo de 2021, con cargo al fondo de la SEPI, respondió a un procedimiento reglado, sin discrecionalidad ni arbitrariedad, avalado por media docena de informes técnicos y supervisado después por la Comisión Europea, el Tribunal de Cuentas y la Intervención General del Estado. Buena parte de la respuesta gubernamental, sin embargo, encaja mal con la resolución del juez José Luis Calama.

Hay un argumento que el Ejecutivo repite y que conviene matizar: que la concesión de la ayuda a Plus Ultra ya fue revisada «infructuosamente» y archivada por los tribunales en 2023. Aquel archivo, sin embargo, no llegó al fondo de la cuestión. La causa murió en el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid porque la instrucción había caducado —concluyó el 8 de abril sin que la jueza la prorrogara— y la Audiencia Provincial anuló por extemporánea la imputación de la aerolínea. Plus Ultra ni siquiera llegó a declarar. No se cerró porque no se hallara nada, sino por la forma.

Evasiones y silencios

El resto de avales esgrimidos por el Gobierno responde a cuestiones que el auto ni siquiera pone sobre la mesa. Moncloa se agarra, por ejemplo, a que la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia de la UE validaron el régimen de ayudas de Estado. Sobre lo que nunca se han pronunciado ni uno ni otro, en cambio, es sobre lo que ahora está sobre la mesa: la elegibilidad concreta de Plus Ultra para acceder a ellas. También apela al Tribunal de Cuentas, que se movió en el plano contable. Pero hay tres asuntos sobre los que el argumentario calla: la situación de crisis de la aerolínea, los indicios de que falseó la identidad del verdadero titular de una deuda y la presencia de la cúpula de la SEPI en aquella reunión con el expresidente.

La defensa del Gobierno se sostiene mientras el debate sea técnico: si una deuda aplazada cuenta como estar al corriente. El problema es que el caso ya no se juega ahí. Calama lo ha movido al terreno de la falsedad y de la influencia, al de la habitación en la que un expresidente se sentó con el ministro de la Seguridad Social y con quien debía firmar la ayuda. A ese terreno el argumentario, de momento, no entra.

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