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El recurso al Tribunal Constitucional por parte del Gobierno para que valide sus medidas antiempresa ha terminado por fracturar al órgano de garantías.
La minoría conservadora denuncia la instrumentalización partidista del mismo gracias al rodillo que aplica el bloque progresista que lidera Cándido Conde-Pumpido (cuyo mandato como presidente caducó en diciembre) cada vez que deben examinar una medida aprobada por el Ejecutivo de PSOE y Sumar. La inmensa mayoría de ellas terminan siendo avaladas retorciendo los argumentos jurídicos.
Sucedió con la Ley de Amnistía para Puigdemont y el resto de los condenados por el procés, que fue la exigencia del prófugo líder de Junts para sostener a Sánchez en la Moncloa. Pero en los asuntos económicos es en los que más nítido se observa el sesgo de la mayoría progresista del Constitucional en favor de los intereses de quienes les designaron como vocales de la institución, alejándose de la función de control del respeto a la Carta Magna que tienen encomendada.
Sólo bajo este prisma se explica que dieran luz verde a la Ley de Vivienda estatal que invade de forma clara las competencias autonómicas o que validen lo que los críticos califican de "financiación encubierta" del Estado a costa de la liquidez de las empresas. A su juicio, tanto el aval otorgado al sistema de pagos fraccionados en el Impuesto de Sociedades como la reciente sentencia que desestima un recurso contra este sistema en base a criterios de recaudación y no jurisdiccionales conforman una actuación arbitraria para dar carta de naturaleza a los abusos de Hacienda en detrimento de los contribuyentes.
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