Feijóo se ha metido en el jardín equívoco y absurdo de sembrar dudas sobre el voto exterior en su ansiedad por llegar al poder y competir con el marco político de Vox
Regala esta noticia Añádenos en Google Juanma Moreno y Manuel Gavira. (EP.)Alberto Surio
05/07/2026 a las 00:02h.Vivimos un momento de enorme confrontación marcado hace demasiado tiempo por la hiperventilación. El cerco judicial sobre Pedro Sánchez y su entorno político se estrecha ... progresivamente. Con independencia del desenlace de las investigaciones en curso y del respeto debido a la presunción de inocencia, su dimensión política resulta ya innegable y condiciona cada vez más la capacidad del presidente para controlar los tiempos de la legislatura.
La llamada Ley de Nietos ha dejado de ser un debate exclusivamente ideológico para convertirse en un hecho político de considerable magnitud. Desde su entrada en vigor, en octubre de 2022, hasta el 31 de diciembre de 2025, la red consular española recibió 1.117.805 solicitudes de nacionalidad al amparo de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática. De ellas, 510.532 expedientes habían sido aprobados y 272.862 personas ya habían sido inscritas como españolas en los registros civiles consulares. Para hacer frente a esa avalancha de solicitudes, el Estado tuvo que reforzar los consulados con 657 nuevos efectivos solo en 2025, un 43% más que el año anterior.
Estas cifras no describen una política testimonial ni una concesión simbólica: hablan de una de las mayores ampliaciones de la ciudadanía española desde la recuperación de la democracia. Detrás de cada expediente hay una historia familiar vinculada a la emigración, al exilio o a las limitaciones de una legislación que durante décadas impidió transmitir la nacionalidad en condiciones de igualdad.
Es precisamente aquí donde aparece la contradicción política. El Partido Popular votó contra la Ley de Memoria Democrática y prometió derogarla por considerarla una norma sectaria e innecesaria. Sin embargo, nunca ha explicado con claridad si esa derogación incluiría también la supresión del derecho reconocido a cientos de miles de nuevos españoles o si mantendría intacta la denominada Ley de Nietos. Esa ambigüedad no es un matiz técnico; es una cuestión de coherencia política.
La política democrática exige algo más que eslóganes. Exige distinguir entre aquello que se considera inaceptable y aquello que merece permanecer. Porque cuando una ley ha generado más de un millón de solicitudes y ha incorporado ya a más de medio millón de personas a la ciudadanía española, sembrar dudas sobre la legitimidad de su voto sin aportar pruebas concluyentes deja de ser una crítica política para convertirse en una forma de erosionar la confianza en las reglas del juego. La diáspora no debería convertirse nunca en un arma arrojadiza.
Feijóo ha intentado resolver esa contradicción asegurando que no cuestiona el acceso a la nacionalidad de los descendientes de españoles, sino las supuestas maniobras del Gobierno para alterar el censo electoral. Pero al hacerlo ha terminado introduciendo un relato político muy próximo al que Vox lleva tiempo alimentando: la sospecha sobre la legitimidad del voto de esos nuevos ciudadanos y, en último término, sobre la propia configuración del cuerpo electoral. Es una lógica conocida. Primero se cuestiona el procedimiento; después, el resultado. Y, finalmente, el propio sujeto de la soberanía. Un planteamiento que recuerda a las estrategias de deslegitimación electoral utilizadas por el trumpismo y otras derechas radicales.
Los aires del pulso internacional frente a la marea ultra soplan con fuerza. El propio Sánchez podría tener la tentación de inspirarse en el calendario europeo antes de decidir cuándo convocar las elecciones generales. Una coincidencia con la primera vuelta de los comicios presidenciales franceses, fijada para el 18 de abril de 2027, tendría un evidente valor simbólico en un momento en el que Francia volverá a convertirse en el gran laboratorio europeo para medir la fortaleza de la extrema derecha. Es solo una hipótesis, pero Francia ha anticipado en otras ocasiones tendencias políticas que después se han extendido al conjunto del continente.
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